El “Informe situacional de derechos laborales en Honduras”, de ACI Participa, visualiza las relaciones laborales, subempleo y desempleo, así como los salarios relacionados con el costo de la canasta básica y la devaluación del lempira
Por José Manuel Serén
Tegucigalpa, Honduras. La precariedad laboral castiga a la región suroriental del país, denunció la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa) en la presentación de su Informe situacional sobre los derechos laborales en el país.
La organización realizó este trabajo en el marco de la ejecución del proyecto Espacio de dialogo para el fortalecimiento y respeto de los derechos laborales en la zona centro-oriente sur del país.
En una nota de prensa, ACI Participa manifestó que el propósito del informe es informar, visibilizar y sensibilizar a la población sobre las complejas realidades de las personas trabajadoras especialmente en la zona sur del país.
Asimismo, el documento se sustenta en estándares internacionales de derecho a la libertad de expresión garantizada en el artículo 72 de la Constitución de la república y en el número 1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos referido a la Libertad de Pensamiento y de Expresión.
El reporte de ACI Participa abarca la gestión de la primera mujer presidenta de Honduras, quien ha tomado decisiones riesgosas que cobran réditos en su limitado capital político. Algunas de esas resoluciones fueron la ruptura de relaciones con Taiwán para entablar relaciones con China Popular, la derogación de las ZEDE, la ley de justicia tributaria e incluso la extradición del anterior gobernante por su supuesta actividad en el tráfico de drogas.
El documento echa una mirada a un contexto más específico que trata de visualizar la situación de trabajadoras y trabajadores en sus relaciones laborales, el empleo, el subempleo y el desempleo, así como los salarios relacionados con el costo de la canasta básica alimentaria y la desvalorización del lempira con su poco valor adquisitivo.
Dentro del campo laboral, el informe trata sobre la inversión nacional y extranjera, el movimiento obrero, la violencia antisindical y el rol de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social.
E-Book-Informe-Precariedad-laboral-zona-sur-NOV2023No confían en las autoridades
El reporte de ACI Participa es fruto del desempeño mano a mano con trabajadoras y trabajadores de diversos sectores organizados y no organizados de la región, tanto públicos como privados.
La organización aborda tres ejes transversales:
- La reivindicación de los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores.
- La incidencia para que las y los trabajadores sean reconocidos como defensoras y defensores de derechos humanos con base en lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.
- El acompañamiento integral a las y los trabajadores (incluyendo asesoría, representación legal y apoyo sicoemocional).
Por otra parte, el informe revela que entre 2022 y 2023 la organización recibió la colaboración de 648 trabajadoras y trabajadores, entre liderazgos y base sindical, de 77 organizaciones sindicales y gremiales de los departamentos de Choluteca, El Paraíso, Valle y el sur de Francisco Morazán a través de su Unidad de Litigio Estratégico.
La organización ha brindado apoyo legal a 313 trabajadoras y trabajadores de la zona centro-oriente y sur del país que han denunciado diversas violaciones a sus derechos laborales.
ACI Participa lamenta que en todos los casos representados se encontró con intentos de conciliación ilegal del patrono y con ofertas de pago muy por debajo de los derechos irrenunciables de las y los trabajadores.
Amplió que se lograron importantes acuerdos conciliatorios con valores significativos en pago de derechos laborales, evitando que la parte patronal ejerza manipulación en dichos arreglos conciliatorios.
Las denuncias más recurrentes están relacionadas con despidos injustificados e incumplimiento de los derechos laborales, así como acciones patronales de hostigamiento laboral y violencia antisindical.
Según denuncias, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social ha generado desconfianza en el sector trabajador y las nuevas autoridades no ha podido revertir la tendencia.
“Entre algunos casos se encuentran negación de permisos por enfermedades, negación de sus derechos, muerte por estar en funciones de su trabajo porque han tenido accidentes laborales y no han sido cubiertos como lo manda la ley”, denunció Hedme Castro, directora ejecutiva de ACI-Participa.
Castro afirmó que un objetivo del reporte es exigir justicia por la precariedad de los salarios, la discriminación y el trato de algunas empresas. Agregó que estas no cumplen con los estándares de seguridad para sus empleados, no pagan el salario mínimo ni dan derechos laborales.
Castro señaló que la organización ha dado acompañamiento integral y legal a las víctimas de violaciones de derechos y también hasta cancelar las deudas de las empresas con los trabajadores.
“Hemos tenido un acercamiento bastante fuerte con el director de inspectores, quien ha estado atento a los reclamos que desde la organización hemos hecho y ha acompañado los procesos legales contra las empresas”.
Ante la situación revelada en el informe y los casos alarmantes en el sector privado, Castro exigió a la Secretaría del Trabajo que haga un monitoreo y una evaluación documentada de todas las violaciones de derechos humanos que cometen estas empresas y que se aplique la ley.
Externó que hay una empresa que ya fue sancionada por violentar los derechos laborales. Castro agregó que el gobierno debe sancionar a quienes se exceden y ponen en riesgo la vida de los trabajadores y trabajadoras.
Exigen pagos para trabajadores
La directora de ACI Participa mandó un mensaje a los empresarios para que respeten los derechos de los trabajadores y señaló que uno de sus derechos elementales es el salario, de acuerdo con la ley.
Francisco Antonio Vargas, miembro del Sindicato de Trabajadores del Sanaa, dijo que se está tratando de fortalecer y reivindicar los derechos laborales, además de articular una propuesta encaminada a la presidencia de la República para ayudar a todos los y las trabajadoras.
Agregó que desde que esta institución pasó a la municipalidad se dio una precariedad de presupuesto para pagar derechos laborales. Esta situación se llevó a Casa Presidencial para gestionar los pagos.
Vargas denunció que hay una partida de presupuesto que no se está gestionando, lo cual afecta a unos 1,500 trabajadores a nivel nacional.
En la parte positiva, agregó que el titular del Sanaa ha cumplido su función de apoyar a los trabajadores.
“Estamos en vísperas de la refundación y con ese fin estamos contribuyendo en la empresa y el sindicato para refundar y tratar de mejorar las condiciones de vida de todos los trabajadores”, manifestó.
En cuanto a logística de trabajo, indicó que Ricardo Panchamé, gerente del Sanaa, está elaborando una propuesta para la presidencia con el fin de mejorar la situación de la institución y que los empleados superen sus necesidades.
Por último, Vargas dijo que están reconstruyendo el Sanaa en la capital para no violentar derechos y mejorar las condiciones de trabajo y la conquista de los beneficios legales.
