De enero a diciembre de 2024 se registraron 52 muertes violentas LGBTIQ+, 227 casos de violencia generalizada y tres personas desaparecidas en Honduras, según la Unidad de Vigilancia KAI
Por José Manuel Serén
Tegucigalpa, Honduras. El 2023 ha sido el año con más violencia contra las personas de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, trans e intersexual (LGBTI+) en Honduras.
El 2023 llegó a la cúspide de la violencia en comparación con los registros de 2004 a 2022. Además no se han presentado cambios para frenar la situación, a pesar de los incansables esfuerzos de organizaciones de derechos humanos a favor de esta comunidad.
Ya van 52 asesinatos
La Unidad de Vigilancia KAI, observatorio de violencia contra las personas LGBTIQ+ en Honduras, evidenció en la socialización de su segundo informe de enero a diciembre de 2023 muchas estadísticas que revelan la dimensión de la problemática que se agrava año con año y afecta no sólo a la víctima, sino también a familiares, parejas sentimentales, amistades y comunidades.
En el transcurso del año se socializaron ante Gobierno, cooperación internacional, sistema de Naciones Unidas y sociedad civil tres boletines sobre la violencia hacia este sector en el país que captaron el interés e impactaron en las instituciones nacionales e internacionales.
Los datos de la sistematización muestran que de enero a diciembre de 2024, en relación con la violencia y discriminación contra personas LGBTI+ se registraron 52 muertes violentas, 227 casos de violencia generalizada, tres personas desaparecidas y 50 casos de asistencia a refugiados en el extranjero.
A través del procesamiento de datos, la unidad identificó la débil acción investigativa y la escasa información de instituciones del gobierno. La situación contribuye a que la mayoría de los casos queden en la impunidad. Esta falta de interés de los órganos investigativos es lesiva a las garantías establecidas en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Se remarcó que durante el 2023, funcionarios públicos emitieron discursos y posturas homolesbotransfóbicas de forma pública. De igual manera demostraron el poco compromiso de cumplir lo plasmado en el plan de gobierno y los acuerdos internacionales a favor de las personas LGBTI+.
Otra característica que dio a conocer la unidad fue la falta de respuesta a las exigencias de las organizaciones LGBTI+ en derechos humanos. Entre las demandas sin respuesta se cuenta la ley de identidad de género, el cambio de nombre de las personas trans en el documento nacional de identificación (DNI), el matrimonio igualitario, la inclusión de personas trans en las mesas técnicas de discusión de alto nivel y el cumplimiento del Estado sobre las obligaciones impuesta en la sentencia Vicky Hernández.
También salieron a relucir situaciones como la mala interpretación de la Ley de Educación Sexual Integral y de la Ley de Prevención de Embarazos en Adolescentes. La situación empeoró con las declaraciones de ministros sobre la participación de personas LGBTI+ en espacios públicos y la paralización del Ministerio Público.
Sin fe en la justicia
Las organizaciones que luchan por los derechos LGBTIQ+ hicieron un trabajo efectivo en 2023. Así fue como el año pasado se dio el acercamiento con la mayoría de líderes, grupos y organizaciones con la creación de la plataforma nacional en el marco de la declaración de Amapala sobre los derechos de las personas disidentes sexuales.
Esta acción deja un panorama de trabajo coordinado de todas estas instancias, como el análisis y creación de acciones de las autoridades nacionales como rectores de la seguridad de los hondureños y hondureñas y las instancias internacionales que dan seguimiento a la alarmante situación de las personas LGBTI+ en Honduras.
Isis García, abogada promotora de derechos humanos en asociación Kukulcán, explicó que desde el punto de vista legal trabajan con usuarios claves y poblaciones. Asimismo reciben casos de mujeres trabajadoras sexuales, personas con VIH y otros grupos vulnerables.
La profesional del derecho manifestó que acompañan a los entes competentes del país como el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Añadió que dan seguimiento a los procesos de denuncias y atienden solicitudes de personas en el extranjero que quieren legalizar su situación de migrante en otro país con cartas de apoyo, ya que muchas veces acuden a la organización personas beneficiadas y voluntarias.
García manifestó que en el observatorio de violencia se reciben solicitudes a través de la plataforma Shielo del Instituto de Acceso a la Información Pública que ayudan a corroborar cifras de muerte violentas y violencia generalizada que muchas veces se segrega por orientación sexual. Eso ayuda mucho a las estadísticas del observatorio.
La abogada agregó que escuchan los casos de violencias para saber a qué ente competente lo llevan porque en muchas ocasiones en el lugar de trabajo se vulneran derechos, lo cual compete al Juzgado de Trabajo. Asimismo velan por la realización de una inspectoría.
Añadió que en otros casos escuchan amenazas u otras violaciones de derechos que competen al Ministerio Público. Entonces se asigna un fiscal y se da el procedimiento para que dar una respuesta porque en ocasiones no hay fe en el sistema de justicia por la mora judicial en el país.
“Considero que falta empatía por ver quizá a una mujer trans que tiene una expresión de género muy marcada, pero en lo personal nos han entendido muy bien. No tengo quejas al respecto, pero quisiera mencionar que quizá cuando se interpone una denuncia no se asigna un fiscal y queda engavetado”, lamentó García.
Por otra parte, señaló que la mayoría de casos que reciben son de discriminación, tratos crueles, inhumanos, degradantes y calumnias. Además, conocen delitos tipificados en el Código Penal.
Garcia pidió fomentar el respeto en el ciudadano, las autoridades y los entes que imparten justicia porque sin duda la población LGTBI sufre vulneraciones reflejadas en la socialización del informe. “El respeto al derecho ajeno es la paz. Me encanta esa frase y espero que se lleve a cabo en algún momento en todo el país”, dijo.
¿Quién reduce la violencia?
Javier Medina, director de la Asociación Kukulcán, dijo a Reportar Sin Miedo que este informe muestra un incremento de muertes violentas con elementos de discriminación contra la población LGBTIQ+.
“No hay políticas públicas de reducción de la violencia. La población vulnerable está siendo afectada. Muchas personas migran por la violencia y hay mucho desplazamiento interno forzado”, manifestó.
Según Medina, en la sentencia del caso de Vicky Hernández, el Gobierno, a través de la Procuraduría, debería estar trabajando en las recomendaciones de la Corte IDH. Medina considera que eso no es negociable, pero que el Gobierno sólo ha cumplido pidiendo perdón en un acto público por el asesinato de Vicky cometido el 28 de junio del 2009.
El director de Kukulcán recordó que la sentencia incluye varias recomendaciones. Además de la petición de perdón está la beca educativa Vicky Hernández para personas trans y el cambio de nombre para quienes tienen una expresión de género diferente.
Medina agregó que las altas cifras de violencia contra la comunidad LGBTIQ se deben al sufrimiento que padecen, incluyendo perdonas expulsadas por su propia familia simplemente por pertenecer a la diversidad sexual.
El activista LGBTIQ+ pidió al gobierno ejecutar los planes de acción que incluyen a la comunidad LGBTQ e invitarla a participar para cumplirle, así como se manifestaron en las calles junto a ellos.
Siguen escapando de la violencia
Dani Montesinos, coordinador técnico de la Asociación Kukulcán, manifestó que el informe recopila toda la información necesaria para que los tomadores de decisiones actúen pronto contra las violencias que afectan a las disidencias sexuales en Honduras.
“Tenemos registradas a 50 personas que han solicitado apoyo legal para el proceso de asilo político. Imagínense cuántas personas están en este traslado en Guatemala, en México y se están movilizando y no tienen acceso a este derecho”, agregó.
El destacado miembro de Kukulcán señaló que algunas personas deciden irse de Honduras debido a la violencia.
Entre los casos relevantes Montesinos recordó la situación de un compañero en Comayagua que estuvo a punto de fallecer y tuvieron que trasladarlo de emergencia para operarlo. También mencionó casos de personas desaparecidas que ha sido raptadas por individuos vestidos con uniformes de unidades de seguridad, lo cual muestra un nivel de organización mucho más elevado. Asimismo se presentó el caso de una persona que fue quemada viva.
El coordinador técnico de la organización Kukulcán dijo que el tipo de violencia más común contra la comunidad LGBTIQ+ es el estigma y la discriminación por orientación sexual e identidades de género. Otros datos sombríos incluyen las amenazas de muerte que deberían preocupar a las autoridades.
¿Y el protocolo para personas trans?
Lucía Barrientos, directora de la Asociación Lésbico Bisexual Transfeminista, dijo que las violencias no sólo se han incrementado en el 2023 por las 52 muertes registradas, sino también por las 237 denuncias de violencia generalizada contra las disidencias sexuales. A estos números se suman las 50 personas que salieron del país por violencia por orientación o identidad de género.
Barrientos manifestó que las mayoría de personas que sufren violencias no se presentan a los órganos judiciales debido a la inoperancia y la carencia de trato preferencial. Explicó que prefieren hacerlo con apoyo de organizaciones aliadas y LGTBI porque estas sí poseen credibilidad y dan seguimiento.
En el sistema judicial no hay un protocolo de atención para saber tratar a personas trans, entre otras poblaciones que sufren violencias en la calle.
La Asociación Lésbico Bisexual Transfeminista apoya a las víctimas dando seguimiento a su caso de forma confidencial. También da asesoramiento y acompañamiento, las vincula con espacios de ayuda psicológica, Por otra parte, si la persona tiene que salir del país porque su vida corre peligro, se le vincula con entes que protegen sus derechos.
Barrientos agregó que el departamento de Colón reflejó un alto índice de muertes, seguido de Francisco Morazán y Cortés. En cuanto a procesos de judicialización de los crímenes, afirmó que muy pocos tienen un proceso totalmente terminado. Agregó que sí hay detenciones y denuncias, pero las familias no continúan los procesos por temor.
La activista incitó a la población a no ser parte del problema, sino la solución. Por ello la invitó a unirse a las luchas de las poblaciones en vulnerabilidad porque también son seres humanos, son parte de una sociedad y amar no es un delito.