La Unidad de Vigilancia KAI revela que el año 2023 ha sido el de más violencia contra las personas de la población lesbiana, gay, bisexual, trans e intersexual en Honduras
Por José Manuel Serén
Tegucigalpa, Honduras. Las organizaciones defensoras de derechos humanos pertenecientes a la Mesa Nacional de Acceso a la Justicia para la Población LGTBI en Honduras, frente a la elección de las autoridades del Ministerio Público, se pronunciaron a favor del acceso a la justicia y la defensa de sus derechos no protegidos por el Estado a pesar de la sentencia del caso Vicky Hernández.
Aunque la sentencia del caso de la activista trans asesinada en 2009 obliga al Estado a otorgar reparaciones a las disidencias sexuales, varias de ellas siguen sin cumplirse, como la ley de identidad de género.
E
n el pronunciamiento, las poblaciones LGBTI+ se dirigieron al Congreso Nacional y al Ministerio Público y les hicieron saber que, en el marco de la elección del fiscal general y fiscal general adjunto de la república, se preocupen por la inoperancia y la falta de respuesta a la violencia recrudecida en el 2023 en Honduras.
La exigencia fue clara a ambos fiscales electos del Ministerio Público y Dirección de Fiscales: la creación de una fiscalía especial para la investigación de violaciones de los derechos humanos de las personas LGTBIQ+.
En un segundo punto del documento exigen la creación e implementación de los protocolos necesarios para la investigación de muertes violentas de personas LGTBIQ+ (Medicina Forense e investigación).
Asimismo exhortan a esta entidad judicial a impulsar la reforma al Código Penal para la tipificación de los delitos por discriminación a razón de orientación sexual, identidad y/o expresión de género, crimen de odio y transfeminicidios.
Además, el comunicado de la Mesa Nacional de Acceso a la Justicia para la Población LGTBI en Honduras demanda el cumplimiento del punto resolutivo decimosexto de la sentencia Vicky Hernández y otros vs el Estado de Honduras, el cual manda “adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTIQ+ víctimas de violencia”.
Estas exigencias resultan de datos escalofriantes de violencias hacia esta comunidad, falta de empatía del Estado a sus problemas de seguridad, discriminación y carencia de seguimiento a sus denuncias, que en su mayoría no tienen un fiscal asignado y quedan engavetadas.
Sin plan de gobierno incluyente
Para Donny Reyes, coordinador de Somos CDC, la falta de un plan de gobierno que incluya a los sectores más desfavorecidos ha hecho que las condiciones de vulnerabilidad empeoren día con día en el país, afectando a una enorme escala sus derechos humanos.
Según el coordinador de esta organización de defensa de los derechos de las disidencias sexuales, estas situaciones los dejan indefensos y los orillan a plantear peticiones de acceso a la justicia por discriminación, tratos crueles, inhumanos y degradantes y calumnias.
Reyes opina que para las personas LGBTIQ+ es urgente contar con mecanismos de acceso a la justicia y protocolos diferenciados para tener claridad sobre los métodos de investigación que reduzcan la impunidad.
La diferencia al identificar la investigación de las muertes violentas es que no se da seguimiento ni se investiga de manera adecuada porque no se cuenta con protocolos de investigación enfocados en la población LGBTIQ+.
Urgen fiscalías especializadas
Lucía Barrientos, directora de la Asociación Lésbico Bisexual Transfeminista, dice que la comunidad LGBTIQ+ exige tener una fiscalía más justa para investigar los casos y judicializarlos.
Agregó que demandan además protocolos de atención e investigación coherentes con la expresión, identidad u orientación sexual.
“Es importante lograr estas exigencias porque así hay mejor investigación y se pueden judicializar los casos en proceso de investigación. Que se haga una investigación correcta y preliminar para tener una sentencia justa de las personas que están cometiendo estos crímenes”, manifestó.
Asimismo señaló que al exigir una fiscalía especializada se pretende hacer una verdadera investigación de los casos e identificar por qué aumentan los crímenes contra las disidencias sexuales.
La defensora comentó que es muy importante crear la fiscalía especial. Señaló que, así como hay Fiscalías de la Niñez y la Mujer, es importante crear la de la población LGTBIQ+.
Barrientos dijo a Reportar Sin Miedo que esperan que el gobierno cumpla todo lo prometido y los puntos de agenda presentados, así como la judicialización y el seguimiento de los casos y la creación de ambas fiscalías.
Informes de organizaciones LGBTIQ+ identifican la débil acción investigativa y la escasa información de instituciones del gobierno. Esta situación contribuye a que la mayoría de los casos queden impunes.
El Estado muestra escaso interés en los órganos investigativos. Ello genera una lesiva incertidumbre sobre las garantías establecidas en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
¿Por qué ignoran sus peticiones?
Las entidades del Estado de Honduras marginan las exigencias de las disidencias sexuales y crean una fachada para justificar que atienden a este sector vulnerable.
Reportar Sin Miedo intentó obtener la versión de la Unidad de Género de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), manejada por un ministro que se ha autodenominado perteneciente a la comunidad LGBTIQ+.
Los representantes del ministerio ignoraron las interrogantes durante varios días. Al llamarles la atención, lo único que respondieron es que se debían pasar las preguntas al ministro y no a la dependencia creada desde esta secretaría para solucionar los problemas de este sector.
Por lo anterior, parece que las “estrategias de transversalización del enfoque de género y prevención de violencia en el ámbito institucional”, fomentadas desde esta institución gubernamental, son sólo un elefante blanco.
Asimismo, la secretaría queda sólo en un discurso vago y con poca credibilidad cuando afirma que fomenta una institucionalidad respetuosa y garantiza el derecho de que todas las personas sean tratadas por igual para evitar y prevenir la discriminación o el acoso en el ámbito laboral estatal.
Sumado a esto, el informe reveló que en 2023 algunos funcionarios públicos emitieron en público discursos y posturas homolesbotransfóbicas, evidenciando el poco compromiso de cumplir lo plasmado en el plan de gobierno y los acuerdos internacionales a favor de las personas LGBTI+.
