A tres años de la sentencia de Vicky Hernández, el Estado no ha cumplido con la mayoría de las reparaciones a favor de las personas trans y disidencias sexuales, pero la Red Lésbica Cattrachas y Robert F. Kennedy Human Rights están decididas a que el caso de la mujer trans hondureña no quede en impunidad
Por Dunia Orellana
Tegucigalpa, Honduras. Iba camino de quedar impune como los otros 51 asesinatos de personas LGBTIQ+ en Honduras en 2023, pero las organizaciones de derechos humanos están dispuestas a obligar al Estado de Honduras a responsabilizarse por la tortura y muerte violenta de Leonela Zelaya.
La Red Lésbica Cattrachas, una de las organizaciones decididas a hacer justicia por el asesinato de Zelaya, señaló que Honduras tendrá que responder por el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Zelaya fue asesinada en septiembre de 2004 después de recibir una golpiza de la Policía Nacional en Comayagüela, zona central de Honduras.
“Estaremos en la Corte las veces que sea necesario”, expresó la coordinadora de Cattrachas, Indyra Mendoza, al conocer que la Corte IDH llevará a audiencia al Estado de Honduras para hacerlo responsable por la muerte de Zelaya.
Los hechos
La muerte violenta de Leonela Zelaya se suma a más de 155 asesinatos de personas trans en Honduras desde el año 2004 hasta 2024.
Los hechos principales que rodean el crimen contra la activista se desataron en 2004, cuando la Policía le dio una brutal golpiza en el marco de la ola de odio contra las personas LGBTI+ orquestada por fundamentalistas religiosos y políticos del Congreso Nacional dirigido por Porfirio Lobo Sosa en el gobierno de Ricardo Maduro.
A veinte años de la tortura y el asesinato de Leonela Zelaya, la Corte IDH conocerá el caso contra el Estado en un hecho histórico para la lucha de los derechos de las personas LGBTIQ.
Lo que recomendó la CIDH
Luego de visitar Honduras recientemente y conocer de boca de la sociedad civil la discriminación y la exclusión social desproporcionada, así como el efecto de la violencia basada en prejuicios en las disidencias sexuales en Honduras, la Corte hizo varias recomendaciones al Estado hondureño para luchar contra la violencia basada en prejuicios.
Entre sus recomendaciones, la Corte IDH pide reparar integralmente las violaciones de derechos humanos adoptando medidas de compensación económica y satisfacción.
Además, sugirió continuar o reabrir la investigación penal dentro de un plazo razonable para esclarecer los hechos en forma completa, identificar las responsabilidades e imponer sanciones.
La Corte asimismo recomienda al Estado reconocer la identidad de género autopercibida de las personas trans, no binarias y de género diverso; efectuar un diagnóstico del contexto de violencia contra las personas LGBTI; sensibilizar y capacitar a los cuerpos de seguridad del Estado sobre el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo el tema de la violencia por prejuicio contra personas LGBTI.
Las demás medidas abarcan situaciones tan diversas como las campañas informativas de sensibilización, la rendición de cuentas de los cuerpos de seguridad estatal, las garantías de acceso a justicia para personas LGBTI y la ratificación de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.
Cattrachas denunció retrasos que consideraron injustificados en cuanto al reconocimiento de la identidad de género, por lo que consideró que aún no hay un cumplimiento sobre el punto resolutivo 15 de la sentencia del caso de Vicky Hernández.
