Por Wendy Funes
Tegucigalpa, Honduras. Una mujer ebria. Mujer joven bebiendo sola con un hombre. Una joven con tatuajes. Una mujer que sale en la noche a divertirse.
Son frases descriptivas de una vida cotidiana, pero en la zona indígena donde a ella la estrangularon tienen un significado de vida o de muerte. Un significado capaz de exacerbar la misoginia o el desprecio por la forma en que las mujeres deciden existir.
“La misoginia es una forma de pensar que defiende la primacía del hombre y un sentimiento de superioridad masculina, al tiempo que subordina a las mujeres y limita su poder y libertad. Las conductas basadas en este pensamiento pueden incluir una variedad de comportamientos abusivos y controladores, como la violación, los delitos sexuales, el acoso, la intimidación y la violencia doméstica”, según un sitio web del gobierno escocés.
Keyla Martínez entró viva a una posta policial y salió estrangulada. Fue un 7 de febrero de 2021.
El agravante es que la detuvieron en el marco de un toque de queda ilegítimo que restringía libertades, declarado por un mandatario condenado en Nueva York por llevar 400 toneladas de droga hacia Estados Unidos e indultado por Donald Trump, Juan Orlando Hernández Alvarado.
La ofensa de sus tatuajes
“Tenía siete tatuajes”, destacó en su declaración ante el Tribunal de Sentencias el que era el jefe policial cuando la estrangularon, Melvin Alexander Alvarenga Deras.
En su declaración del 4 de agosto de 2026, reconoció que la violencia laboral contra el policía llavero Jarol Perdomo (imputado), nunca debió tener un doble rol y sólo dedicarse a cuidar a los privados de libertad. Pero estaba también de subcomandante de guardia. Para Alvarenga Deras, la joven se suicidó. Pese a una muerte bajo su dominio, a él no lo imputaron.
Pero no es el único caso de muerte bajo custodia policial donde Alvarenga Deras era máxima autoridad. El Heraldo reveló que una década atrás en 2011, el ciudadano Ramón Arístides Martínez, de 50 años de edad, fue detenido y asesinado a golpes en las instalaciones de la posta de la colonia Nueva Capital. La posta estaba bajo el dominio de Alvarenga Deras.
Con solo escuchar el tono, el lenguaje que Alvarenga Deras y otros policías que eran sus subalternos, utilizan para dirigirse a Keyla emerge la misoginia: está Keyla, ella, le dicen mientas al doctor con el que la capturaron sí le dan un nombre y apellido. A Keyla no. Como si no tuviera nombre y apellido, Keyla es ella, la joven que andaba ebria.
El doctor fue prepotente y amenazó a los policías, pero el caso de Keyla Martínez Rodríguez —en el prejuicio policial— parecía más grave.
“Casi se cae”, y fue dos veces al baño, destacó una de las policías que testificó para enfatizar que andaba ebria.
Todas las personas se divierten y eso no justifica que las maten, clamó la madre de Keyla Martínez, Norma Rodríguez.
El crimen contra Keyla ocurrió en el departamento donde asesinaron a la ambientalista Berta Cáceres y los criminales intelectuales están en la impunidad; sucedió aquí donde “todo mundo” cuenta que un jerarca militar mandó a matar a una mujer con la que tenía una relación extramatrimonial y el femicidio está en la impunidad; en donde está San Miguelito uno de los municipios que a inicio de la década pasada reportaba la mayor cantidad de muerte de mujeres, motivadas por venganzas entre hombres, en fin. Es decir, no es una muerte extraña, es común que acá maten a las mujeres y que sean víctimas de trata para diversas modalidades.
No solo eso, las matan en un círculo de impunidad y repetición, como dice Laura Rita Segato en la Escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez (2006).
Los policías dicen que las mujeres tienen a inflingirse autolesiones cuando son detenidas y debe ser muy real porque es parte de la misma violencia simbólica que atraviesa la vida de la mujer. Es muy vergonzoso para una mujer ir a una celda policial, pero en el caso de Keyla Martínez la prueba científica revela que la estrangularon.
El estrangulamiento es una forma de poder. “Una persona puede ser estrangulada con las manos, los brazos, cuerdas, bufandas, cordones u otros objetos. Otro dato poco conocido es que los agresores suelen utilizar los intentos de estrangulación para intimidar y mantener el control sobre sus víctimas”, revela la Fundación Gabby Petito, creada para recordar el femicidio de una influencer.
Para entender el crimen contra Keyla Martínez y la impunidad de cinco años, hay que retomar lo que dice Segato en la ya citada obra, página 18: “Que ningún crimen realizado por marginales comunes se prolonga por tanto tiempo en total impunidad, y que ninguna policía seria habla con tamaña liviandad de lo que, en general, es producto de una larga investigación: el móvil”.
Eso explica por qué este crimen se ha prolongado por cinco años en impunidad. El 4 de agosto inició el segundo juicio oral y público porque el primero fue anulado en un fallo de la Corte Suprema de Justicia al considerar que no había ocurrido un homicidio imprudente como declaró el primer Tribunal de Sentencias.
En el caso también hay liviandad. La liviandad de Alvarenga Deras empezó desde horas después del crimen contra Keyla Martínez, ha repetido que es un suicidio sin tener acceso a la prueba científica y una vez que hay prueba científica, él sigue repitiendo que fue un suicidio. Ha utilizado los tatuajes en el cuerpo de Keyla para justificar su muerte. El cadáver como medio de expresión.
Un marginal de la escala básica de la policía, Jarol Perdomo, que baja la cabeza mientras está en el banquillo, es el único imputado. Un alto oficial de la escala privilegiada como Alvarenga Deras, con dos antecedentes de muerte bajo su mando, no solo va como testigo, sino que remueve con impunidad sus prejuicios sobre el cuerpo de Keyla y aun así queda impune. Esto también es un lenguaje institucional de jerarquía y misoginia. Un lenguaje que utiliza el juicio oral y público para difundir estereotipos y un discurso justificante de muerte.
El criminólogo Raúl Zaffaroni (2012), cuando analiza los crímenes de Estado o la violencia estatal, advierte que ningún delito de Estado se comete sin antes ensayar un discurso justificante.
Es la semántica de este crimen bajo custodia estatal, ser mujer y no comportarse como se espera da lugar a que te maten y la justicia que busqués será sólo una parodia de justicia sin compresión de género, es una semántica del crimen desprovista del contexto de lo que significa ser mujer en Intibucá.
Es decir, es este un crimen acompañado por la sociedad que justifica la muerte y que al oír hablar a la autoridad comprende la muerte de mujeres no como un acto cruel e inhumano sino como algo que tenía que pasar porque el comportamiento justifica esta sociedad de muerte.
Ademas, en Keyla tenemos las manifestaciones políticas de la economía. Se privatiza la alegría para las mujeres y cuando un decreto como un toque de queda no basta para la privatización de alegría, entonces se expropia la vida, parafraseando a Segato, porque expropiando una vida y exhibiendo ese crimen se desata una ola ejemplarizante de misoginia y control de la vida de las mujeres.
Eso es vivido y sufrido, pero no comprendido por las mujeres. Tampoco los hombres lo comprenden, pero ellos ni lo viven ni lo sufren igual. Es eso, es expresar y difundir la muerte de algunas para colonizar la mente de otras.
