Por Dunia Orellana
Tegucigalpa, Honduras. “¡No mientan, el mundo los observa!”. Con ese grito como advertencia, Ofraneh saltó este jueves a denunciar un “plan de despojo y genocidio cultural” contra el pueblo garífuna.
En la mira no solo está el gobierno de Nasry Asfura y su “falso diálogo” con el Poder Judicial. También señalan a la cadena Televicentro, y a su periodista estrella, Ulises Aguirre, por alimentar el racismo que, denuncian, mantiene a cinco defensores presos desde el violento desalojo del 6 de julio en San Juan, Tela.
La conferencia de prensa tuvo lugar hoy en el campamento de resistencia por la vida del pueblo garífuna contiguo a la Corte Suprema de Justicia. Ese fue el escenario donde la Organización Fraternal Negra Hondureña y el Comité de Cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH lanzaron su denuncia más dura hasta la fecha. Afirman que el Estado no solo incumple fallos internacionales, sino que además ha orquestado una campaña mediática y judicial para consumar el despojo.
Pero detrás de esta ofensiva no hay solo un gobierno y un periodista. Hay una constelación de apellidos poderosos que, desde hace décadas, controlan los medios de comunicación en Honduras. En algunos casos, la justicia internacional también los ha señalado por narcotráfico.
La familia Rosenthal, dueña del Diario Tiempo y del Canal 11, ha visto a varios de sus miembros—como el exvicepresidente Jaime Rosenthal y el empresario Yani Rosenthal—ser condenados en Estados Unidos por lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Tras cumplir sus condenas, han recuperado su libertad.
La Corporación Televicentro, por su parte, pertenece a la familia Ferrari Villeda, mientras que el Grupo Opsa—editor de los diarios La Prensa y El Heraldo—es propiedad de la familia Canahuati Larach. Estas no son solo empresas: son los altavoces que, según Ofraneh, han sido utilizados para sembrar odio y justificar el despojo territorial de uno de los pueblos más vulnerables de Honduras.
Ofraneh presenta denuncia penal contra periodista de Televicentro por incitación al odio y racismo
Este viernes 21 de agosto, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) presentará una denuncia penal contra el periodista Ulises Aguirre, de Televicentro, por incitación al odio, discriminación y racismo contra el pueblo garífuna.
La denuncia es el siguiente paso en una escalada que comenzó el jueves, cuando Ofraneh denunció un «plan de despojo y genocidio cultural» contra su pueblo en el norte de Honduras. En la mira: el gobierno de Nasry Asfura, el Poder Judicial, Televicentro y Grupo Opsa.
El abogado e investigador Joaquín Mejía Rivera recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado cuatro sentencias condenando a Honduras por violar los derechos territoriales de los garífunas: Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y Cayos Cochinos. En cada una reconoció su condición de pueblo originario
45 días de injusticia: el caso de los cinco defensores de San Juan
Han pasado 45 días desde que la policía arrestó a cinco miembros de la comunidad garífuna de San Juan durante un desalojo ejecutado por más de 200 agentes. Para Ofraneh, el proceso judicial que enfrentan no es más que una persecución política disfrazada.
La organización fue tajante al exigir el cierre definitivo de ese proceso.
“Nuestra exigencia del cierre de persecución penal contra los cinco miembros de la comunidad garífuna no responde a un capricho ni pretende ejercer coacción alguna para que un funcionario incurra en prevaricato administrativo”, aseguran. “Se trata de exigir la resolución de las múltiples acciones y recursos legales que nuestros abogados han presentado desde el inicio del proceso, mismo que hasta la fecha, tanto el juez de la Jurisdicción Nacional como el Juzgado de Tela se han negado a resolver, vulnerando las garantías judiciales y el derecho de nuestros compañeros y compañeras a una justicia pronta y efectiva”.
El respaldo a esta exigencia llegó desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), que instó al Estado a “garantizar una justicia pronta y efectiva”. Asimismo demandó respetar plenamente la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y las demás garantías del debido proceso.
“Falso diálogo”: el portazo de Ofraneh al Poder Judicial
La convocatoria del Poder Judicial a una mesa de diálogo no fue bien recibida. Ofraneh la calificó como “improcedente, discriminatoria y racista” y decidió no asistir.
Su argumento fue contundente.
“No aceptamos un supuesto diálogo que pretende volver a discutir derechos territoriales ya reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó. La organización denunció que el gobierno sentó en esa mesa a quienes han usurpado territorios ancestrales y han sido señalados por las comunidades por “generar violencia, persecución, amenazas, muerte, desapariciones y despojo”. Para Ofraneh, esto es absurdo.
“Pretender sentarnos nuevamente con quienes han violentado nuestros derechos para negociar aquello que la justicia internacional ya resolvió”, dijo Miriam Miranda en la lectura del comunicado.
Y fueron más allá. Consideran que este “falso diálogo” forma parte de una estrategia mayor, de “una campaña de incitación al odio contra el pueblo garífuna, promovida desde este gobierno que pretende justificar el despojo territorial, la criminalización y la persecución de nuestras comunidades y sus liderazgos”.
Desde el Poder Judicial, en cambio, defendieron la iniciativa. En un comunicado, agradecieron la participación de la Oacnudh y reafirmaron su “compromiso de abordar esta situación con respeto irrestricto a los derechos humanos, la Constitución y las leyes de la república”. También publicaron un video con las declaraciones del represente de la Oacnudh, Juan Carlos Monge: “Resalto y felicito el espíritu conciliador, el espíritu de diálogo, que impulsó al presidente de la Corte para llamar a esta reunión”, aseveró.
Ulises Aguirre, la maquinaria mediática del odio y el Hermes
El nombre del periodista Ulises Aguirre recorrió la conferencia como un latigazo. Ofraneh lo señaló como uno de los principales voceros del discurso de odio contra el pueblo garífuna, y recordó que fue reconocido por el gobierno nacionalista en el Congreso Nacional, presidido por Tomás Zambrano, como “periodista del año”.
¿El detonante? Un video donde Aguirre, cronista del Congreso Nacional para Televicentro, afirmó en sus redes sociales: “Pueblos originarios son los lencas, los pech, los tawakas. Ustedes no. Ustedes llegaron de otras latitudes. Muchos de ellos no les gusta ni estudiar ni trabajar. Ustedes son advenedizos”.
Pero el historial de Aguirre va más allá de sus declaraciones racistas. El periodista de TN5 es íntimo amigo del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico y recientemente indultado de 45 años de prisión por Donald Trump. En el escándalo de corrupción conocido como Hermes —el desvío de 122 millones de lempiras de Casa Presidencial durante el gobierno de JOH—, Aguirre recibió 32 cheques por 1.2 millones de lempiras (más de 48 mil dólares), según consta en las investigaciones del caso.
Este vínculo no es menor para Ofraneh, que ve en la alianza entre el gobierno de Nasry Asfura, el Poder Judicial y medios como Televicentro una continuidad de las estructuras de poder que históricamente han perseguido al pueblo garífuna. En noviembre del 2025 la organización había denunciado a la cadena de medios por campañas de odio.
La desinformación de Ulises Aguirre
La indignación no tardó en llegar. El periodista Kenny Castillo, director de Wa Dani, en una entrevista para Reportar Sin Miedo, calificó los comentarios de Aguirre como “totalmente fuera de lugar” y parte de una campaña de desinformación. Con datos en mano, Castillo recordó que Honduras es suscriptor del Convenio 169 de la OIT desde 1994, que reconoce a los garífunas como pueblos originarios.
“Lo que propone Aguirre… eso ya fue abordado, imagínese, hace más de 30 años”, sentenció.
Y cerró con una frase que se volvió un eco en las redes sociales: “Mire, si usted habla sobre un tema que no ha estudiado, es un charlatán”.
Ofraneh fue más allá y vinculó el racismo mediático con los intereses económicos. Señaló que esta narrativa busca justificar el despojo en favor de grupos poderosos, como la familia Rosenthal, dueña de Diario Tiempo y Lazarus. Además recordó que el gobierno utiliza a medios como la Corporación Televicentro (HRN, TN5) y Opsa (Diario La Prensa y El Heraldo) para sembrar odio que luego se traduce en violencia real contra las comunidades.
El INA y los intereses que mueven el tablero
Otra pieza clave en la denuncia fue el Instituto Nacional Agrario (INA). Ofraneh acusó a su ministro, Javier Talavera, de utilizar declaraciones públicas, publicadas por El Heraldo y HRN, para profundizar la confrontación racial y justificar el incumplimiento de las sentencias de la Corte IDH.
El INA “pretende utilizar esta narrativa para justificar la incapacidad de este gobierno para cumplir la sentencia de la Corte IDH a favor del pueblo garífuna y al mismo tiempo proteger los intereses de la familia Rosenthal y Lazarus”, sostuvo la organización.
Y advirtió que estas actuaciones “profundizan la violencia en los territorios ancestrales y ponen directamente en riesgo la vida e integridad de las defensoras y defensores que los protegen”.
Oacnudh pide frenar la judicialización
La Oacnudh, que acompañó la reunión convocada por el Poder Judicial, saludó la voluntad de diálogo, pero fue clara en su mensaje al Estado hondureño.
“El cumplimiento integral y efectivo de estas sentencias es indispensable para avanzar en el reconocimiento y la garantía de los derechos territoriales del pueblo garífuna”, señaló la organización.
Y lanzó una advertencia directa sobre el uso del sistema penal como arma de persecución.
“El derecho penal no debe utilizarse como mecanismo para resolver conflictos territoriales de larga data. Estos conflictos requieren respuestas integrales que atiendan sus causas históricas y garanticen los derechos humanos de las personas y comunidades involucradas”, agregó.
El organismo también llamó a las autoridades a adoptar medidas de protección antes, durante y después de cualquier desalojo, conforme a las normas internacionales.
“No es falta de voluntad, es genocidio cultural”
La denuncia de Ofraneh no se quedó en los hechos. Fue al fondo de lo que considera una estrategia de Estado.
“Lo que estamos enfrentando no es una mera falta de voluntad del Estado, sino la evidencia de un plan de despojo y genocidio cultural contra el pueblo garífuna”, aseguró.
Ante la gravedad de los hechos, la organización anunció que en los próximos días escalará su lucha con acciones de protesta. Asimismo dijo que acudirá nuevamente a instancias internacionales para exigir que Honduras responda por el incumplimiento de sus obligaciones.
La declaración cerró con un mensaje que quedó flotando como una sentencia. “No les pedimos violentar ninguna ley, sino hacer justicia y cumplir con sus obligaciones internacionales. No mientan. El mundo los observa”.
La conferencia terminó entre consignas: “¡Pueblo garífuna, presente!”, “¡El pueblo unido jamás será vencido!” y “¡Adelante, adelante, que la lucha es constante!”.
La advertencia ya está hecha. Ahora queda ver si el gobierno de Nasry Asfura escucha o si la comunidad internacional tendrá que intervenir nuevamente.
Al final Radio Progreso lo define con su editorial del 19 de agosto del 2026 así: «El pueblo garífuna llegó a las costas hondureñas mucho antes de que Honduras existiera como República y como Estado nación. Su presencia en este territorio no es una concesión de la historia reciente, sino una raíz profunda sembrada en la memoria del Caribe y en la dignidad de los pueblos que han resistido al despojo»
https://x.com/RadioProgresoHN/status/2090114159320936570?s=20
