Por Dunia Orellana
Fotos: Dunia Orellana y redes sociales
Tegucigalpa, Honduras. Más de 300 personas llevan desde el 10 de agosto instaladas frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa. Exigen lo mismo que han pedido durante décadas: que el Estado hondureño cumpla las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que cierre, de una vez, la causa penal que criminaliza a cinco defensores garífunas de la comunidad de San Juan, Tela.
Lo que comenzó como una protesta por los derechos territoriales del pueblo garífuna se ha convertido en un símbolo de la resistencia contra la criminalización de la protesta social en Honduras. Y en el centro de la tormenta está Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), quien ha sido tajante: no hay diálogo posible sin una muestra real de voluntad política.
Un desalojo violento y un expediente que no debió abrirse
El detonante de esta crisis se remonta al 6 de julio de 2026, cuando la Policía Nacional ejecutó un violento operativo de desalojo en la comunidad ancestral de San Juan, Tela, Atlántida. Los operativos comenzaron un día antes, el 5 de julio, con la irrupción de más de 300 agentes que expulsaron a medio centenar de personas de sus tierras. En medio del desalojo, cinco defensores fueron detenidos y judicializados bajo una acusación de usurpación impulsada, según denuncian las comunidades, por la familia Rosenthal, en complicidad con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
El caso fue remitido a la Jurisdicción Nacional de Criminalidad Organizada, un juez que las comunidades consideran inapropiado para un conflicto de raíz territorial. Para Miriam Miranda, todo el proceso es ilegal: “No debió abrirse causa penal, ellos lo saben, no tenían que abrir causa penal contra compañeros y una compañera de San Juan en una comunidad garífuna donde hay una sentencia”.
Honduras acumula cuatro sentencias de la Corte Interamericana relacionadas con violaciones a los derechos territoriales de comunidades garífunas: los casos de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra (2015), San Juan (2023) y Cayos Cochinos (2026). Todas exigen la restitución de tierras, consulta previa y protección de derechos comunitarios. Ninguna ha sido cumplida a cabalidad.
“No nos vamos a reunir si no cierran el caso”
Este martes, el presidente del Poder Judicial, magistrado Wagner Vallecillo Paredes, convocó a un diálogo interinstitucional para el miércoles 19 de agosto a las 2 de la tarde en la Escuela Judicial. La convocatoria incluía a Ofraneh, el Comité de Sentencias, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, las secretarías de Derechos Humanos y Seguridad, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Pero la respuesta de Miriam Miranda fue inmediata y contundente. “No nos vamos a reunir si no hay voluntad política de este gobierno de cerrar esa causa penal», advirtió la lideresa de Ofraneh. «La condición para que nosotros vayamos a una reunión es que cierren el caso, como una muestra de voluntad de este Estado y este Gobierno que sí quiere dialogar. Porque no se trata de dialogar para que nos den paja, como decimos los hondureños”.
La defensora fue más allá: no se trata de una negativa al diálogo, sino de una redefinición de las condiciones. “Si hay voluntad política para resolver este conflicto, entonces que cierren la causa penal y de ahí nos sentamos a ver todos los otros temas que tiene que ver con la sentencia”.
Además, Miranda denunció que la convocatoria del Poder Judicial buscaba reducir la representación garífuna a solo tres personas, algo que considera inaceptable.
“La Ofraneh no es Miriam Miranda, la Ofraneh es todo un pueblo, es el pueblo garífuna, es de todas las comunidades garífunas de este país. No se trata de recibirme a mí personalmente y a dos personas más como lo quieren hacer”.
La noche de las tanquetas: represión y resistencia
El fin de semana fue especialmente tenso para el campamento. Rony Castillo, también de Ofraneh, relató a Reportar Sin Miedo lo que vivieron la noche del domingo 16 de agosto.
“Llegaron acá con tanquetas, eran como más o menos dos camiones de fuerzas especiales, dos tanquetas con gas pimienta, llegaron como unas 20 patrullas llenas de policías. Pero no nos intimidan porque lo que estamos exigiendo es justicia”, relató.
Castillo recordó que la exigencia está clara, escrita en la manta amarilla que preside el campamento: que cierren la causa penal ilegal creada contra los compañeros de San Juan.
“Ahí lo que hay son defensores y defensoras de su territorio. La Ofraneh lo acuerpamos y lo respaldamos porque ha habido más de 30 años de lucha para que vivan tranquilamente en paz en sus territorios ancestrales”.
Miriam Miranda denunció que la presencia militar y policial no es casual: es un intento de desanimar al movimiento. “Desde la noche llegaron acá con tanquetas… pero no nos intimidan”.
Un llamado a la ciudadanía: “Este campamento ya es por todo el pueblo hondureño”
En declaraciones a este medio, Miranda hizo un llamado urgente a la solidaridad. Sabe que la protesta no puede sostenerse solo con la fuerza de las comunidades garífunas; necesita el respaldo de todo el pueblo hondureño.
“Es importante porque sin la presión del pueblo, sin la presión de las comunidades, difícilmente se logra que estos gobiernos respondan a las demandas que tenemos como pueblo. Recordemos que este juicio se abrió apoyándose en la ley», dijo Miranda. «Entonces les pedimos a todas las organizaciones, a todos los sectores organizados, que este es el momento de hacer presencia en este campamento, porque este campamento ya no solamente es por el pueblo garífuna, es por todo el pueblo hondureño que está afectado por esta ley 107-20-26 que criminaliza, judicializa y amenaza con desplazar todo el pueblo hondureño».
La ley a la que se refiere Miranda es la que, según las comunidades, ha sido utilizada para judicializar la protesta social y allanar el camino para desalojos violentos en todo el país.
También el padre Ismael Moreno se expresó en sus redes. “Nuestra solidaridad con el pueblo garífuna liderado por Miriam Miranda en la lucha por el sobreseimiento de los compañeros criminalizados de San Juan y porqué Estado cumpla con sentencia de la Corte IDH de devolver territorios que legal e históricamente les pertenece”.
Más de una semana de lucha: “No hay vuelta atrás”
Los manifestantes han bloqueado el acceso que conecta el bulevar Kuwait con el bulevar Fuerzas Armadas, colocando barricadas y carpas sobre la vía. La resistencia es firme, pese al asedio nocturno de la Policía Nacional y el Ejército.
Miriam Miranda ha sido enfática: “No nos vamos a ir si no hay una solución definitiva a la petición, a la exigencia del cierre definitivo de la causa penal contra nuestros compañeros y la compañera, defensores de la comunidad de San Juan. ¡No hay vuelta atrás!”.
Un mensaje de esperanza para las nuevas generaciones
Pese a la dureza del momento, Miriam Miranda quiso dejar un mensaje a las juventudes hondureñas, que enfrentan un panorama de desesperanza y vacío.
“Los jóvenes tienen un reto de descubrir o redescubrir cómo sus abuelos, sus madres, toda la gente que son suyas como familia, siempre han enfrentado una situación difícil, porque los jóvenes se sienten que ya no pueden hacer nada y tienen una gran desesperanza, como un vacío, y tenemos que llenarlo con la vida que nos han dado nuestros abuelos y abuelas porque siempre ha habido problemas, pero han sabido enfrentarlo. Redescubramos esa forma y vamos a poder salir de toda problemática, esta situación que estamos viviendo», afirmó la lideresa garífuna.
La pelota está en el tejado del Estado
La respuesta de Miriam Miranda al Poder Judicial marca un punto de inflexión. No se trata de una negativa al diálogo, sino de una redefinición de las condiciones bajo las cuales el pueblo garífuna está dispuesto a sentarse a la mesa.
Mientras el Poder Judicial insiste en mantener “abiertos los canales de diálogo” y el Gobierno habla de disposición a hablar, las comunidades exigen hechos, no palabras. El mensaje de Miriam Miranda es claro: el diálogo no puede ser un mecanismo para dilatar la justicia, sino una vía para cumplirla.
Como ella misma lo ha expresado, “en el momento en el que hay una sentencia en cualquier país, lo que debe hacer el Estado es sentarse con las personas afectadas, iniciar el diálogo”.
Pero ese diálogo, advierte, no puede darse en medio de la criminalización y la persecución. La pelota está ahora en el tejado del Estado hondureño.
