Por Redacción de RSM
Fotos y videos de Kevin Contreras
Tegucigalpa, Honduras El silencio del Estado hondureño es intolerable. Desde tempranas horas de hoy, más de cien personas instalaron un campamento permanente frente a la Corte Suprema de Justicia, en el lugar conocido como Campamento Viva Berta.
Convocada por la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), la movilización incluyó niñez, juventud y disidencias sexuales del pueblo garífuna, provenientes de las costas atlánticas.
Con esta actividad, los manifestantes dieron una respuesta contundente a un mes de indiferencia, arbitrariedad judicial y criminalización sistemática.
El origen de la indignación
El pasado 6 de julio, sin orden de desalojo, la policía despojó violentamente a la comunidad de San Juan, Tela. Detuvieron a cinco defensores de su territorio ancestral mientras la jueza Norma Fuentes declaró su incompetencia y trasladó el caso al Juzgado con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada. Es decir, etiquetaron a cinco defensores de tierras (cuatro hombres y una mujer) como criminales, narcotraficantes y miembros de una estructura delictiva por defender lo que les pertenece por historia y derecho.
Miriam Miranda, coordinadora general de Ofraneh, fue contundente desde el corazón del campamento. “Ese juicio es ilegal, es arbitrario, es contra convencionalidad, ¿por qué? Porque hay una sentencia de la Corte IDH”, dijo.
“Lo más grave es que trasladaron ese juicio a la jurisdicción nacional. ¿Qué significa eso? Que te declaran criminal, narcotraficante, de alta peligrosidad. Estamos exigiéndole hoy a Warner Vallecillo (presidente de la Corte Suprema de Justicia) que cierre ese juicio. No queremos que sea político ni partidista. Llevamos 30 días exigiendo y no hay respuesta. El pueblo garífuna no es invasor, lucha por la justicia. Estamos aquí indefinidamente”, afirmó.
“Los Rosenthal quieren apoderarse de esa tierra”
Miriam Miranda fue directa al señalar a los responsables detrás de la persecución judicial.
“Son los Rosenthal que están queriendo apoderarse de esa tierra a través de una empresa que se llama Promotur, Promociones y Turismo. Aquí está respondiendo la Corte Suprema de Justicia a los intereses de la familia Rosenthal», señaló.
Y lanzó una denuncia grave sobre la influencia de esta familia en el Poder Judicial.
“Nos llama muy poderosamente la atención y queremos decirlo públicamente de que a pesar de que hemos presentado todas las acciones pertinentes para que haya respuesta, no hay una respuesta. Y cuando hay gente criminal, delincuente, corrupta de gran nivel, entra y sale con una carta de libertad inmediatamente, el mismo día, en la misma hora. Eso nos muestra que efectivamente hay una intencionalidad”.
El terreno es nuestro: garífunas
El terreno en disputa es reclamado por Promociones y Turismo (Promotur), empresa vinculada a la familia Rosenthal Hidalgo. Sin embargo, Ofraneh sostiene que los antecedentes registrales y de posesión ancestral acreditan que este predio formaba parte del territorio de la comunidad y que, desde 1967, era utilizado en dominio útil por la familia garífuna de don Timoteo Lino.
La comunidad ha denunciado esta situación desde 2006. La Corte IDH recogió sus reclamos en los párrafos 62 y 64 de la sentencia del caso Comunidad Garífuna de San Juan vs. Honduras.
La familia Rosenthal es un prominente clan empresarial y político de origen judío asentado en San Pedro Sula, Honduras, desde 1929. Fundaron un vasto conglomerado de industrias en finanzas, agricultura y medios, pero sufrieron un colapso financiero y legal en 2015 tras señalamientos de EE. UU.
El colapso de 2015 comenzó cuando el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a los líderes de la familia Rosenthal en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), acusándolos de proveer servicios de lavado de activos a organizaciones del narcotráfico como Los Cachiros.
Esta designación desencadenó una crisis inmediata e histórica en Honduras. El gobierno ordenó la liquidación forzosa de Banco Continental y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) aseguró decenas de sus empresas, bienes inmuebles, ganado y medios de comunicación.
El impacto forzó a miembros clave de la familia a enfrentar la justicia estadounidense, resultando en la entrega y posterior condena de Yani Rosenthal a 29 meses de prisión en una corte de Nueva York tras declararse culpable de realizar transacciones con bienes de procedencia ilícita.
“Una corte que solo vela por los poderosos”
La defensora Mabel Robledo, de Nueva Armenia, no se guardó nada al analizar el rol del Poder Judicial. “Tenemos una corte que solo vela por los intereses de quienes tienen el poder económico. Aquí tenemos al exconvicto que anda libre como si nada, mientras a quienes defendemos la vida y la tierra nos persiguen y nos encarcelan. Es indignante tener que exigir justicia, justicia, justicia, y que la corte haga caso omiso”, señaló Robledo.
Mabel recordó la historia que muchos ignoran. “Antes de que Honduras fuese Estado, nosotros ya teníamos nuestras tierras. Estamos aquí desde 1797. Si suman, se darán cuenta de que cuando Honduras se convierte en Estado en 1837, nosotros ya llevábamos 49 años aquí. No somos usurpadores, somos herederos”.
El joven activista Cedul Lambert (Giovanni Guevara) explicó por qué esta lucha es necesaria. “Es completamente necesario. El enmudecer de la Corte en estos momentos contribuye a la estructura que quiere satanizar al pueblo indígena y garífuna. Es parte del combo: criminalizar, perseguir”, dijo Lambert.
Su llamado a la juventud fue claro.
“A los jóvenes les invito a que reconozcan sus derechos, lo que les avala el Convenio 169. Si tú reconoces esto, vas a asumir una postura más cuerda. Si ves que te van a manipular en contra de tu pueblo, ese no es tu lugar. Hay que retirarse”, aseveró.
“Hoy es por San Juan, mañana podría ser por usted”
La lideresa Melissa Martínez, de Punta Gorda en Roatán, Islas de la Bahía, puso el dedo en la llaga de los megaproyectos.
“Si seguimos así como pueblos dormidos, vamos a desaparecer. Este es un aviso. Quieren liberar toda la costa atlántica para megaproyectos turísticos como Punta Cana, Acapulco o Cancún. Hoy es por San Juan, mañana podría ser por usted. No estamos por colores políticos, somos un pueblo unido”, dijo Martínez.
Denunció también los ataques en Tornabé y la presión en su propia comunidad. “En Tornabé llegaron sicarios a intentar matar líderes. En Punta Gorda, la municipalidad quiso intervenir, pero los problemas internos se solucionan con nuestros consejos de ancianos. No vamos a mendigar lo que es nuestra herencia”, reclamó.
Entretanto, Jessica Trinidad, de la Red Nacional de Defensores, envió un mensaje directo a la Corte. “Que se prepare Warner Vallecillo (presidente de la Corte Suprema de Justicia) porque aquí está el pueblo garífuna. Si no hay respuesta, aquí nos vamos a quedar. La lucha nunca va a ser en vano. Tenemos la claridad y la confianza de que nos asiste la justicia. Este campamento no se levantará hasta que se cierre el caso o lo trasladen a Tela, donde tiene que ser. Los compañeros de San Juan no son delincuentes”, aseguró.
Además, hizo un llamado a las organizaciones sociales. “Que vengan acá a acompañar, a respaldar a Ofraneh. Los esperamos en el Campamento Viva Berta”.
El sistema de justicia como estructura de poder
La periodista Sandra Maribel Sánchez, de Radio Progreso, presente en el campamento, ofreció un análisis estructural.
“El sistema de justicia siempre ha sido inclinado a favorecer a los sectores poderosos. Pensar que ahí hay justicia es una gran equivocación. El Poder Judicial funciona como un sistema que no traiciona a quienes se deben, que es al poder. No hay esperanza en una persona, es un sistema”, afirmó.
Y contextualizó la lucha garífuna en el escenario global. “Honduras es una pequeña parte de un sistema mundial al servicio de los intereses de los más poderosos. El pueblo garífuna es golpeado porque sus territorios son claves para el poder mundial. Pero es un pueblo muy organizado y consciente. Su lucha es un referente que motiva al resto de la sociedad hondureña”.
