Por Redacción de RSM
Fotos: Radio Progreso, Red de Defensoras, OFRANEH, WA DANI
Tegucigalpa, Honduras. El campamento garífuna en Playa Uva cumple casi dos semanas. La Fundación Cayos Cochinos denunció un supuesto incendio. La policía llegó, inspeccionó y no encontró quemas ni destrucción. Detrás del conflicto, señalamientos que apuntan a uno de los hombres más ricos de México.
La denuncia que no se sostuvo
El miércoles 23 de septiembre, un contingente de más de 50 agentes de la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigación (DPI), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y empleados de la Fundación Cayos Cochinos llegaron a Playa Uva.
Iban a constatar una denuncia de la Fundación: supuestamente, los garífunas que mantienen un campamento en la zona habían quemado parte del área protegida.
No encontraron nada. Ni quemas. Ni daño ambiental. Ni destrucción.
«Lo que ocurrió hoy es una muestra de cómo la Fundación Cayos Cochinos anda buscando un pretexto para criminalizarnos y hacernos ver como los malos de la película«, denunció Mabel Robledo desde el campamento.
Dos semanas de resistencia
El campamento en Playa Uva lleva casi dos semanas. Lo instalaron integrantes de comunidades garífunas de Nueva Armenia, Sambo Creek, Corozal, Río Esteban, Chachahuate y East End.
¿La razón? Detener la grabación del reality show Supervivientes. Según denuncias presentadas ante la Corte IDH, el programa conocido en México como Survivor lleva 20 años causando daños en la zona.
«Estamos peleando con personas que tienen el poder económico y político de este país, personas que tienen la facilidad de quitarnos la vida o privarnos de libertad», dice Mabel Robledo, lideresa del patronato de Nueva Armenia, en entrevista con Radio Progreso.
La comunidad exige el cumplimiento de cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconocen su derecho ancestral al territorio. La más reciente, de marzo de 2026.
El nombre que está detrás: Ricardo Salinas Pliego
El predio donde se graba el reality es reclamado por Sociedad de Inversiones Ecológicas (SIEC), cuyo accionista mayoritario sería Fundación Azteca Honduras, vinculada al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.
La dirigente de Ofraneh, Miriam Miranda, responsabilizó directamente a Salinas Pliego.
«El mayor accionista es Ricardo Salinas Pliego. Por eso lo estamos señalando directamente como violador de los derechos humanos del pueblo garífuna, en nombre de un supuesto desarrollo, cuando lo único que quieren es hacer más dinero”, afirmó Miranda.
La organización también ha denunciado que, desde que SIEC y la Fundación Cayos Cochinos asumieron el control del archipiélago, 13 pescadores de la comunidad habrían desaparecido. Mientras tanto, otros integrantes habrían sido agredidos, perseguidos y criminalizados por defender su territorio.
«Primero enfrentamos intereses vinculados a la familia Rosenthal. Ahora, esta nueva ofensiva responde a intereses vinculados a la familia Salinas Pliego, a través de la Sociedad de Inversiones Ecológicas S.A. y de la Fundación Cayos Cochinos”.
Sheinbaum: «No está bien»
El lunes 21 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada durante su conferencia matutina sobre el conflicto en Cayos Cochinos.
«Si es así (el desalojo) no está bien, pero hay que tener toda la información para poder decir», señaló la mandataria.
Y agregó: «Cualquier actividad que se realice en un espacio protegido para conservación de la naturaleza o donde los pueblos originarios son dueños de la tierra, pues es indispensable que se cumplan todas las regulaciones para cualquier actividad económica. Vamos a estar pendientes de este tema, de ser así no está bien”.
La presidenta mexicana puso el énfasis en el respeto a los derechos de los pueblos originarios y las regulaciones ambientales. Sin embargo, mantuvo cautela sobre las acusaciones directas contra Salinas Pliego, señalando que conoció el caso por redes sociales.
La campaña de desprestigio
La Fundación Cayos Cochinos no solo denunció un incendio que nunca existió. También lanzó una campaña para desacreditar a los garífunas.
A través de sus empleados, organizó una protesta frente a la gobernación de Atlántida, en La Ceiba, el 23 de septiembre. Allí, personas que se identificaron como pobladores de Cayos Cochinos pidieron que «se vaya Mabel con su Ofraneh».
Pero la comunidad garífuna tiene claro quiénes son esas personas: «Las personas que andan ahí son empleados de la Fundación Cayos Cochinos, algunos desde 1993 han estado defendiendo los intereses de la Fundación y no los intereses de la comunidad».
«La lucha no es con nuestro mismo pueblo, sino contra aquellos que tienen el monopolio y el poder político de este país”.
“Las playas son públicas”: Mabel Robledo
La lideresa garífuna Mabel Ávila Robledo denunció que el juez Warner llegó a Playa Agua, en Cayos Cochinos, con una orden de desalojo que declara Cayo Menor como propiedad de la Sociedad Ecológica S.A.
Robledo recordó que esa empresa nunca presentó documentos ante la Corte Interamericana que acrediten la titularidad de la isla. Además, citó el artículo 617 del Código Civil: las playas son públicas, inalienables e imprescriptibles, y nadie puede atribuirse su propiedad.
La Corte ya reconoció el derecho del pueblo garífuna a su territorio comunitario y al hábitat que históricamente han usado para sobrevivir.
El método de siempre: dividir para vencer
No es la primera vez ni será la última. El caso más conocido es Crawfish Rock, en Roatán. Allí, la comunidad garífuna resiste desde hace años el despojo territorial impulsado por el proyecto Próspera, una zona de empleo y desarrollo económico que avanza sobre tierras comunitarias.
El patrón se repite:
- Llega un proyecto económico (un reality, una zona especial, un complejo turístico).
- La comunidad se organiza para defender su territorio.
- Aparecen «líderes» financiados o empleados por la empresa que dicen representar a la comunidad.
- Se lanzan denuncias falsas: que queman, que destruyen, que son violentos.
- La policía llega, no encuentra nada, pero la semilla de la división ya está sembrada.
Es el viejo manual: divide y vencerás
Erika Guevara-Rosas, directora de Investigación de Amnistía Internacional, advierte que las campañas de desprestigio y estigmatización buscan deslegitimar las luchas por la defensa de los derechos humanos, el territorio y los recursos naturales.
Estas campañas suelen ser lideradas por actores con intereses económicos, pero también por los propios Estados que, en complicidad con medios de comunicación empresariales, utilizan sus plataformas para estigmatizar esas luchas.
En el caso del pueblo garífuna, señala, además de la estigmatización existe un componente de racismo que niega su derecho identitario a ser parte del pueblo hondureño.
Y todo esto se hace con la intencionalidad de influir en las audiencias y en el público general para generar un rechazo colectivo contra la defensa de los derechos humanos.
La intimidación
La llegada de más de 50 policías, el uso de drones y la toma de fotografías no son hechos aislados. La comunidad los describe como actos de intimidación.
El lunes 17 de septiembre, más de 100 elementos policiales, junto con la coordinadora de fiscales Suyapa Rivera, intentaron desalojar la zona. Se ordenó incluso el arresto de nueve integrantes del comité de resistencia en caso de que permanecieran en el sitio.
«Vinieron a querer despojarnos, negando en sí lo que es la sentencia», denuncia Mabel Robledo.
La comunidad permanece en el campamento. Dice que será tiempo indefinido, hasta que el reality se vaya y el Estado cumpla las sentencias.
Ofraneh versus la PGR
El miércoles 23 de septiembre, la Procuraduría General de la República (PGR) instaló una mesa de trabajo para coordinar el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH sobre Cayos Cochinos.
En la reunión participaron el procurador general Dagoberto Aspra Iglesias, el director de Litigios Internacionales Javier Canales, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos Leda García Pagán y un representante del Conadeh.
Sin embargo, Ofraneh no se presentó.
La PGR emitió un comunicado en el que reiteró su «disposición al diálogo respetuoso y constructivo» y su «compromiso institucional de contribuir al cumplimiento efectivo de las sentencias y obligaciones internacionales del Estado de Honduras».
Pero Ofraneh ya había advertido que no asistiría. En un comunicado del 22 de septiembre, la organización dejó claro que no se presentará a ninguna reunión convocada por la PGR mientras no se cumplan tres condiciones fundamentales a las que no están dispuestos a renunciar.
Primero, que se levante la criminalización y la causa penal contra sus compañeros y la compañera de San Juan, exigencia que llevan casi tres meses planteando.
Segundo, que se detengan todos los intentos de desalojo contra las comunidades del pueblo garífuna y también del campesinado.
Y tercero, que en la mesa de negociación estén presentes las cuatro sentencias —Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y Cayos Cochinos—, y no solo una, como pretende el Gobierno.
«No entendemos por qué este gobierno solo está convocando para una sentencia. Son cuatro sentencias y son claras. El Estado, cualquier gobierno que sea, debe abordarlas en su integralidad», señala Ofraneh.
Lo que está en juego
No es solo un reality show. No es solo un campamento. No es solo Cayos Cochinos.
Es el modelo de desarrollo que sigue avanzando sobre territorios ancestrales en Honduras. Es la criminalización de quienes defienden la tierra. Es el uso del Estado para proteger intereses privados.
La comunidad garífuna lo tiene claro: «Cumplimiento de la sentencia ya».
Y mientras el campamento sigue en pie, la pregunta flota en el aire: ¿hasta cuándo el Estado hondureño seguirá mirando hacia otro lado mientras las comunidades originarias son despojadas, criminalizadas y divididas?
