Las críticas arrecian por la construcción de una controversial cárcel en la Isla del Cisne, noroeste de Honduras
Por Nazareth Gómez
Tegucigalpa, Honduras. Las críticas se han desatado por la construcción de una prisión de máxima seguridad en la Isla del Cisne. La controversial cárcel cuesta alrededor de 80 millones de dólares (unos 2,000 millones de lempiras) y albergará a reclusos de alta peligrosidad en esa zona insular del noroeste de Honduras.
La presidenta Xiomara Castro anunció el proyecto durante el traspaso de mando de las Fuerzas Armadas de Honduras. Castro afirmó que las instalaciones cumplen con las promesas de su gobierno.
Se espera que la construcción de la controversial cárcel inicie entre julio y agosto de 2024. En el proyecto colaboran instituciones gubernamentales para garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales del país.
¿Un proyecto dudoso?
La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, expresó sus dudas sobre la viabilidad de la cárcel en la Isla del Cisne. Mencionó que una prisión tan remota generaría más problemas que soluciones debido al difícil acceso a servicios básicos y el alto costo de trasladar a los reclusos.
Alice Shackelford, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, expresó su preocupación al decir que el proyecto es una medida represiva con posibles graves consecuencias sociales y ambientales.
Shackelford subrayó la necesidad de cambiar el enfoque de seguridad del país, priorizando la prevención sobre la represión para reducir la población penitenciaria. “Nos preocupa construir más prisiones y el enfoque represivo, cuando tendría que ser de más prevención”, declaró.
Una cárcel «más humana»
El canciller hondureño Enrique Reina respondió a Alice Shackelford pidiendo “prudencia diplomática”. El canciller defendió el proyecto que, según él, cumple con todos los requisitos técnicos y legales. Además sostuvo que la cárcel es parte de un esfuerzo integral para mejorar la seguridad y la infraestructura penitenciaria del país. Según Reina, el Gobierno busca condiciones más humanas y seguras para los reclusos y está comprometido con minimizar el impacto ambiental negativo.
A pesar de las críticas, la construcción sigue adelante. La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, se sumó a las preocupaciones. La funcionaria estadounidense destacó las dificultades logísticas y económicas de mantener la prisión en una ubicación tan remota. Asimismo, comparó la situación con la experiencia de prisiones en islas como Alcatraz en San Francisco, que ha demostrado ser compleja y costosa.
En respuesta, el canciller Reina insistió en que la situación de Honduras no es comparable con la de Estados Unidos y enfatizó la necesidad de medidas drásticas para enfrentar los problemas de seguridad. Sugirió que la cooperación internacional sería más beneficiosa que la crítica y subrayó que el proyecto es una decisión soberana del Gobierno hondureño para combatir la criminalidad y las maras.
Amenazas al ecosistema
Por otra parte, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) advirtió sobre el impacto ambiental irreversible que podría tener la cárcel en el área protegida de la Isla del Cisne.
En contra de la construcción se ha pronunciado también el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad). La institución ha destacado que la cárcel en la zona insular hondureña sería una amenaza directa a ecosistemas únicos y de alto valor para la investigación científica.
Además, el Cespad señaló que las Islas del Cisne son territorio hondureño desde 1982 y que su uso debe preservar su biodiversidad y función científica.
La discusión sobre la construcción de la controversial cárcel en la Isla del Cisne continúa siendo un tema de gran relevancia. El proyecto seguirá bajo la vigilancia de los organismos nacionales e internacionales.
