El proceso de los cinco defensores del Parque Carlos Escaleras incluyó reiteradas detenciones y persecuciones
Por Daniel Fonseca
Tegucigalpa, Honduras. A más de un mes del asesinato del ambientalista Juan López, el Poder Judicial de Honduras finalmente emitió cartas de libertad definitivas para cinco defensores del Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía. Esta decisión responde a las demandas que desde hace años han realizado las comunidades en Guapinol.
Con esto se pone fin a un proceso que incluyó reiteradas detenciones y persecuciones de estos defensores ambientales.
La resolución fue emitida por la jueza de Letras de Tocoa, Colón, Zoé Doralina Guifarro, en cumplimiento de una sentencia de amparo que la Sala de lo Constitucional había dictado desde junio de 2022.
A través de este amparo, el tribunal favoreció a López, Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Adaly Cedillo y Marco Tulio Ramos, garantizando su libertad.
Sin embargo, debido a una prolongada omisión judicial, los activistas continuaron enfrentando requerimientos de la Policía Nacional y otros obstáculos legales.
Impacto del asesinato de Juan López y controversias en la reapertura del caso
La muerte de López, ocurrida el 14 de septiembre cuando salía de un evento religioso en Tocoa, evidenció la vulnerabilidad en que estos defensores se encontraban y puso la presión sobre el Poder Judicial para resolver el caso.
Sin embargo, en lugar de brindar protección a López, la justicia hondureña, a través de la Corte de Apelaciones de La Ceiba, reabrió el proceso contra los defensores el 19 de septiembre, una decisión firmada por las magistradas Vianey Cruz Recarte, Dilia Guillén y Roxana Ninoska Cálix.
Este hecho generó una ola de reacciones en contra, ya que se interpretó como una vulneración de la sentencia de amparo previa y una práctica de «doble juzgamiento» prohibida por el Código Procesal Penal de Honduras.
La resolución de esta semana del Juzgado de Tocoa, basada en el amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia, anuló definitivamente las acusaciones. Además restituye los derechos de los defensores ambientales, quienes durante años han liderado la defensa del territorio y recursos naturales de Tocoa.
Sociedad civil continúa exigiendo justicia en el caso de Guapinol
La sociedad civil y organizaciones de derechos humanos respondieron a esta liberación con exigencias de justicia por el asesinato de Juan López y de otros ambientalistas en Honduras, así como respuesta a las demandas de las comunidades. Aunque la emisión de las cartas de libertad definitivas es vista como un avance en el reconocimiento de su lucha, es una medida que llega tarde.
El Bufete de Justicia para los Pueblos destacó la persistencia de la sociedad civil y el apoyo internacional que rodeó el caso. La organización también resaltó que el fallo se elaboró de oficio y con una motivación que refleja la presión social por poner fin a las acusaciones promovidas por la empresa minera Los Pinares, del grupo Emco, de Lenir Pérez, en conjunto con el Ministerio Público. «¡Defender el agua y el territorio no es delito!», enfatizó el bufete en su comunicado.
La organización internacional Peace Brigades International (PBI) también celebró el fallo en sus redes sociales, subrayando que el fin de este proceso judicial es solo el primer paso hacia una justicia más amplia para las comunidades afectadas por el proyecto minero de Inversiones Los Pinares. «Es un paso hacia la justicia que las comunidades afectadas están buscando», afirmó PBI.
⚖️ Celebramos el fin de este proceso de criminalización contra @guapinolre. Es un paso hacia la #justicia que las comunidades afectadas por el proyecto minero de Inversiones Los Pinares están buscando. https://t.co/T8gBzvzq6F
— Peace Brigades International (PBI) Honduras (@PBIHonduras) October 30, 2024
A pesar de esta resolución, las voces en favor de los defensores asesinados exigen que el asesinato de Juan López, así como de Alí y Oquelí Domínguez en 2023, no queden impunes y se realice una investigación exhaustiva e independiente.
Para las organizaciones de derechos humanos y ambientalistas, estos crímenes son un reflejo de la vulnerabilidad de los defensores en Honduras, especialmente aquellos que enfrentan intereses empresariales y proyectos extractivistas en sus territorios.
El desenlace de este caso ha renovado el llamado de las comunidades a rechazar el megaproyecto minero y proteger sus recursos naturales, un mensaje que resonó con fuerza en los comunicados de las organizaciones: “¡Sí a la vida, no al megaproyecto!”, como consignaron los activistas en sus redes.
