En aumento la violencia física contra mujeres periodistas, entre campañas de desprestigio que buscan silenciar la libertad de expresión
Por Nazareth Gómez
Tegucigalpa, Honduras. Representantes del Comité por la Libre Expresión, defensores de derechos humanos, miembros de la prensa y académicos se reunieron en un foro sobre la situación de la libertad de expresión en Honduras el 19 de noviembre en la Universidad José Cecilio del Valle.
Este evento clave se centró en la presentación del Informe de libertad de expresión 2023-2024 (ILE), el cual expone los desafíos y amenazas que enfrenta el país en materia de derechos informativos.
Un informe alarmante
En los últimos dos años, Honduras sigue enfrentando altos niveles de pobreza, violencia y desigualdad, subrayó Amada Ponce, miembro del Comité por la Libre Expresión, quien presentó los principales hallazgos del informe.
Estos problemas se ven agravados por “estructuras gubernamentales débiles” y “redes criminales ligadas con la empresa privada y el crimen organizado”. De esta manera se crea un contexto hostil para la libertad de prensa y la información.
El informe documenta 112 alertas en 2023 y más de 90 en lo que va de 2024, reflejando una continuidad en la violencia contra comunicadores sociales.
Las cifras incluyen el asesinato de cinco periodistas y 199 agresiones contra medios y defensores de derechos humanos.
“Cerca de dos tercios de los incidentes son actos de violencia física, simbólica o estructural”, explicó Ponce. La representante de C-Libre también señaló que las restricciones en el acceso a la información pública han aumentado significativamente, especialmente en el Congreso Nacional.
El rol de los agresores y la falta de protección
Una de las conclusiones más preocupantes del informe es la identidad de los agresores. En 2023, la mayoría fueron actores desconocidos, pero los funcionarios públicos representaron un número considerable de las agresiones documentadas.
Ponce advirtió que “muchos de estos actores desconocidos pueden ser, en realidad, funcionarios públicos que evaden la identificación”. Esta tendencia es especialmente preocupante, ya que quienes deben proteger la libertad de expresión son, en algunos casos, quienes la vulneran.
Betty Vázquez, coordinadora del Movimiento Ambientalista Santa Barbarense, ofreció su perspectiva sobre el funcionamiento del mecanismo de protección en Honduras. Ella misma es beneficiaria del sistema debido a su activismo en defensa del medio ambiente y derechos humanos.
Según Vázquez, “el mecanismo no ha logrado descentralizarse y sigue siendo inaccesible para los defensores que viven fuera de la capital”. La defensora criticó que el presupuesto se use para blindar a figuras influyentes en lugar de destinarlo a proteger a quienes realmente están en peligro.
Meses críticos y tendencias violentas
El informe también señala patrones preocupantes en la violencia contra la prensa. Los meses de mayo, julio y noviembre son especialmente violentos para el ejercicio de la libertad de expresión.
“Históricamente, estos meses coinciden con eventos políticos importantes, como el Día del Periodista y el cierre del Congreso Nacional, lo que sugiere una relación directa con la agenda política del país”, detalló Ponce.
Llamado a la acción
El foro concluyó con un llamado a las autoridades hondureñas a reforzar la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, especialmente en un contexto electoral que anticipa un aumento en la violencia.
Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle, subrayó la necesidad de “compromisos reales por parte del Estado para garantizar la libertad de expresión”.
Por su parte, Betty Vázquez, instó a la descentralización del mecanismo de protección y enfatizó que “la libertad de expresión no es solo un derecho, sino la base de una sociedad democrática”.
