Organizaciones exigen a Xiomara Castro una política migratoria con perspectiva de género y transparencia. Mientras tanto, congresistas republicanos advierten a la mandataria hondureña que no desafíe el poder del presidente de EUA. ¿Choque diplomático en puerta? ¿Quién tiene la razón?
Por Lissy Serén
Fotos: Gobierno de EUA
Tegucigalpa, Honduras. Como si se tratara de un cartel de «Se busca» del viejo oeste, el gobierno de Estados Unidos publicó a las 8:15 p.m. del martes, en las redes sociales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), las fotos de dos hondureños detenidos por presuntos delitos de robo y asalto en territorio estadounidense.
Menos de una hora después, en un giro inesperado, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunciaba en cadena nacional la Estrategia Nacional de Emergencia para la Protección de Migrantes Retornados, una medida que busca amparar a los hondureños que enfrentan la deportación.
Dos discursos opuestos, dos realidades en choque: mientras en Estados Unidos se criminaliza a los migrantes, en Honduras se intenta tenderles una red de apoyo.
El plan de Castro contempla programas de acción para la población en movilidad humana que regrese al país o cruce por las fronteras del país.
La estrategia establece apoyo en áreas como salud, acompañamiento psicológico y social, asistencia legal, reunificación familiar, creación de refugios y albergues temporales.
Castro hizo un compromiso de mantener un “estrecho diálogo” con el gobierno de Estados Unidos dirigido por su homólogo, Donald Trump, con el fin de mantener políticas de reciprocidad y respeto. “No son criminales, son seres humanos y debemos tratarlos como tal. Migrar es un derecho humano”, enfatizó la presidenta.
Castro desde el primero de enero amenazó al nuevo presidente de Estados Unidos con cerrar las puertas de la base aérea de Palmerola a los más de 500 soldados estadounidenses en territorio nacional.
El pasado domingo 26 de enero, cuando se desató una crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos tras la denuncia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por las violaciones a los derechos de las personas retornadas. Honduras fue el primer país que se posicionó a favor de la postura del presidente de Colombia de exigir dignidad en el trato a los migrantes deportados.
Esa misma noche Castro anunció una cumbre urgente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) programada para el 30 de enero en Tegucigalpa, Petro confirmó su llegada, pero no así la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Una hora antes de la cadena nacional del martes 28 de enero, el evento fue cancelado por la Cancillería hondureña.
La oposición de Xiomara Castro hizo burlas en las redes sociales por la supuesta falta de liderazgo de la mandataria para la organización de este espacio político contra las medidas de Trump.
Ante la cancelación de la cumbre, la congresista republicana del estado de Florida, Maria Elvira Salazar, escribió en su cuenta de X: “El show anti-Trump que estaba armando la presidenta socialista Xiomara Castro tuvo que ser cancelado porque los otros jefes de Estado de la región saben lo que ella aún no logra entender: ¡hay un nuevo sheriff en el pueblo!”.
Asimismo, el congresista, también de la Florida, Carlos Giménez cuestionó a la presidenta hondureña: “Zelaya ha tenido que cancelar la reunión de los tiranos y dictadorzuelos de la región debido a la presión del valiente pueblo hondureño que rechaza el castrochavismo que les están imponiendo”. Y agregó: “Los hondureños decentes atesoran la alianza con USA y se oponen a esta presidenta”.
El plan del gobierno de Honduras
El gobierno de Xiomara Castro creó un Consejo de Gobernanza Migratoria que tiene como fin proteger a la población migrante retornada. El plan tiene contemplada una masiva campaña dentro del marco del programa «Hermano y hermana, vuelve a casa”, que se enfocará en coordinar vuelos humanitarios de retorno desde México y Estados Unidos, hasta ofrecimiento de bonos económicos y de alimentación, así como capital semilla para poner en marcha emprendimientos.
“Abogaremos hasta que se presten los servicios para un retorno ordenado que reúna las condiciones de dignidad y seguridad que merecen nuestros compatriotas”, expresó la mandataria hondureña en cadena nacional.
Castro aludió en su anuncio a un «diálogo» para lograr un «retorno ordenado, que reúna las condiciones de dignidad y seguridad que merecen» los hondureños, «mediante vuelos privados que el Gobierno de Honduras está dispuesto a financiar».
Las personas deportadas recibirán «capacitación y oportunidades de empleo», «financiamiento para pequeños y medianos emprendedores, educación, becas, reconocimiento de sus estudios, salud y acompañamiento psicológico».
Además, recibirán alimentos y un capital semilla de 1,000 dólares para fomentar el inicio de emprendimientos exitosos. Según Castro, en total, «existen en Estados Unidos 1.8 millones de hondureños, de los cuales 261,651 tienen orden de deportación y no se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración (…) y 1,349 tienen orden de deportación y se encuentran bajo custodia».
Exigen una política migratoria con perspectiva de género
La Red Lésbica Cattrachas, en sus redes sociales, exigió a la presidenta Castro una política migratoria con perspectiva de género. “La violencia machista y patriarcal también acompaña al migrante retornado. El Estado debe crear una política pública para proteger a las niñas, los niños y mujeres de cualquier tipo de forma de violencia. Los programas de emergencia para los migrantes deportados, deben estar acompañados de una política migratoria con perspectiva de género”, publicó la organización LGBTIQ+.
“Los procesos migratorios tienen un impacto diferenciado en mujeres y niñas. Las violaciones a los derechos humanos también”, agregó la organización en sus redes sociales.
