Justicia urgente demandan defensores de Tocoa ante el fiscal general, así como castigo para todos los asesinos del ambientalista Juan López
Por Lissy Serén
Tegucigalpa, Honduras. Desmantelar de inmediato el megaproyecto Pinares/Ecotek exigió ayer el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa tras cumplirse cinco meses del asesinato de Juan López.
La protesta ante el Ministerio Público y el fiscal general Johel Zelaya tuvo el propósito de exigir que se investigue, enjuicie y sancione a todos los responsables de la muerte violenta e impune del ambientalista López.
Funcionarios impulsan el megaproyecto
Hoy se llevó a cabo una audiencia contra exempleados de la Unidad de Medio Ambiente (UMA) de la Oficina Municipal de Tocoa. El procedimiento es parte de un proceso judicial por daños ambientales y abusos de autoridad.
Además, para el 27 de febrero se ha convocado a una audiencia contra la secretaria de la municipalidad de Tocoa. La acción judicial está relacionada con documentos públicos falsificados utilizados por la empresa para lograr mediante fraude las licencias de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna)
Ambos casos, estrechamente relacionados, muestran cómo los funcionarios municipales de Tocoa han sido claves para garantizar el avance del megaproyecto, a pesar de las expresiones de rechazo de las comunidades afectadas de este municipio.
Criminales siguen sueltos
Las personas acusadas que comparecerán ante los tribunales esta semana no actúan como individuos responsables de delitos leves.
De hecho, son parte de una estructura criminal que ha cometido una serie de delitos para avanzar en la implementación ilegal del megaproyecto en todos sus componentes. Estos últimos incluyen los dos proyectos extractivos mineros, la planta de peletizado de óxido de hierro, la planta termoeléctrica y concesiones de agua.
Aparte de los delitos ambientales y de corrupción que se están ventilando, siguen impunes otros graves delitos relacionados con la violencia, las amenazas y las intimidaciones cometidas por otros brazos de la estructura criminal.
¿Y el Ministerio Público qué hace?
Por último, para el 4 de marzo está señalada la audiencia preliminar por el asesinato de Juan López.
La muerte violenta del ambientalista se produjo en el marco de la operación de esta estructura criminal para imponer la ejecución del megaproyecto que él había denunciado.
El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos exigió también que el MP avance de inmediato en su labor para enjuiciar a todos los responsables del asesinato de Juan.
Además, demandó investigar los delitos de esta estructura criminal tenazmente denunciada por el ambientalista.
Acción ciudadana no se detiene
El comité denunció, por otra parte, a la red de corrupción que esconde el Estado Honduras porque no implementa de inmediato el decreto 18-2024, ya que el megaproyecto continúa operando con impunidad en la zona.
Asimismo, las obras generan zozobra en la población, que se ha mantenido en resistencia y al cuidado de la Montaña Botaderos Carlos Escaleras.
Por último, hicieron un llamado al Estado hondureño para que asuma con responsabilidad la protección de todas las personas defensoras y del Parque Nacional Carlos Escaleras y ponga fin a la impunidad de los delitos cometidos por estas estructuras criminales.
Lo que dice el MP
Por otra parte, Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, dice que las investigaciones siguen abiertas.
Agregó que están esperando el vaciado de los aparatos telefónicos decomisados a las personas que guardan prisión por este caso.
Asimismo Mora señaló que han tomado declaraciones de personas que son de interés para la investigación del MP.
Sin embargo, el portavoz apuntó que en este momento sólo están acusados los tres actores materiales del asesinato de López.
No hablan del acuerdo Escazú
El defensor de derechos humanos Edy Tábora pidió que se esclarezca el asesinato del ambientalista Juan López. Sin embargo, no tiene una posición clara sobre la aprobación del acuerdo de Escazú.
Los medios de comunicación abordaron al defensor sobre la urgencia de que el Estado hondureño apruebe este tratado, pero el defensor evadió la pregunta. “Ahorita se está, pero con el caso del asesinato de Juan López”, dijo.
Tábora agregó que este tratado es parte de las herramientas necesarias para la justicia ambiental del país y sobre todo la participación de las comunidades en los procesos ambientales.
El acuerdo de Escazú es un tratado internacional que busca proteger el medio ambiente en América Latina y el Caribe. Asimismo, pretende salvaguardar a los defensores de derechos humanos en materia ambiental.
