Por Redacción de RSM
Tegucigalpa, Honduras. A pocos días de la audiencia inicial del caso Pandora II, el expresidente Juan Orlando Hernández ha convertido el proceso en un campo de batalla que ya no solo enfrenta a la fiscalía contra su defensa, sino que ha desatado un choque directo y personal con el procurador general de la república, Dagoberto Aspra.
Las acusaciones cruzadas de amenazas, oportunismo político y montaje mediático han sacudido el ambiente judicial. Mientras tanto, Radio Progreso y dirigentes del partido Libertad y Refundación (Libre) elevan sus críticas al sistema de justicia y califican la confrontación como una escenificación para proteger al exmandatario.
El nuevo capítulo de esta crisis se abrió el miércoles 5 de agosto, cuando el procurador Aspra denunció públicamente que, durante la audiencia de declaración de imputado realizada el lunes 3 de agosto, Hernández intimidó a miembros de su equipo. “Haber amenazado de manera directa a unos miembros de la Procuraduría al decirles que les iba a dar una lección y que se cuidaran… Yo creo que está acostumbrado a eso, a infundir miedo”, declaró Aspra.
¿Traición política?
El jefe de la Procuraduría General de la República, encargada de la defensa del Estado, anunció que asumirá personalmente la titularidad de la acusación en la vista del próximo 12 de agosto para no exponer a los procuradores más jóvenes. “No le tenemos miedo. Lo vamos a enfrentar. Nosotros defendemos al Estado y ese fue el juramento que adquirimos”, sentenció.
La respuesta de Hernández no se hizo esperar. Visiblemente desafiante, Aspra declaró a los medios: “Voy a ver si este señor (JOH) tiene el valor de amenazarme a mí, así como amenazó a mis procuradores. Él cree todavía que tiene una posición de poder y que todas las personas tienen que doblegarse a sus posiciones. Pero yo no le tengo miedo”.
En un intento de desacreditar al jefe de la PGR, Hernández —condenado a una pena 45 años por narcotráfico en Estados Unidos e indultado de la prisión por Donald Trump en diciembre de 2025— recordó que Aspra fue apoderado legal de varios imputados en el caso Pandora I y que en aquel momento sostenía que no existía delito.
“Me ha pasado tanta información el señor Aspra. Él declaró claramente que todo lo que había ahí no tenía ningún sentido. ¿Por qué a Pepe Lobo le dan sobreseimiento y a mí me mantienen? Es un cambio de opinión; él sabrá por qué lo hace”, disparó JOH, dejando entrever una supuesta traición política.
El cruce de acusaciones expone una fractura profunda dentro del Partido Nacional, al que ambos pertenecen. Mientras Aspra insiste en que la Procuraduría “no se pinta de azul ni se le pone una estrella”, Hernández busca instalar la narrativa de que el proceso en su contra es una persecución política orquestada desde el nuevo gobierno.
A ello se suma que la Corte de Apelaciones ratificó el 22 de julio el sobreseimiento definitivo del expresidente Porfirio “Pepe” Lobo Sosa. Esto dejó a Hernández como el principal —y casi único— procesado en la causa, un hecho que su defensa utiliza para denunciar un trato desigual.
El show político y la denuncia de sumisión
El analista legal Kenneth Madrid advirtió que este tipo de espectáculos resultan contraproducentes para la defensa. “Llevar esos temas a una discusión eminentemente política en este momento es contraproducente. Los argumentos deberían ser eminentemente legales. Tratar de mezclar esto con algún tinte político lo veo totalmente equivocado”.
Pero las voces más críticas no provienen del ámbito judicial, sino del político y social. Desde la oposición, el dirigente del partido Libre, Wilson Paz, fue aún más tajante al calificar el enfrentamiento entre JOH y Aspra como un montaje. “Es parte de un circo”, afirmó en declaraciones a Radio Progreso.
Paz sugirió que la aparente confrontación no es más que una puesta en escena para simular independencia judicial mientras ambos bandos nacionalistas negocian tras bambalinas. Las palabras del abogado de Libre resuenan con fuerza en un país donde la ciudadanía observa con escepticismo cada movimiento del sistema de justicia.
Ese escepticismo encontró eco en el editorial de Radio Progreso, que fustigó sin miramientos el trato privilegiado que, a su juicio, recibe el exmandatario: “Tenemos casos como el de Juan Orlando Hernández, exconvicto y debidamente condenado como narcotraficante. Su poder criminal y político obliga al sistema de justicia a rendirse ante sus pies”.
La emisora recordó que, pese al indulto presidencial concedido por Trump, la condena por narcotráfico en Estados Unidos no anuló su culpabilidad y criticó que las medidas cautelares le permitan enfrentar el juicio en libertad.
Mientras tanto, el ambiente político sigue caldeándose. El 30 de julio, las calles de Tegucigalpa amanecieron con carteles que rechazan la narrativa de “inocencia” promovida por el exmandatario, en un desafío directo a la justicia hondureña para que los señalamientos por corrupción no queden impunes.
El pasado lunes 3, simpatizantes del Partido Nacional se congregaron frente a la Corte Suprema de Justicia, en un clima de polarización extrema entre el respaldo político y el clamor popular de justicia, que llevó hasta pelea entre periodistas e insultos de fans del ex convicto con los medios de comunicación.
La audiencia inicial del 12 de agosto se perfila, así, como una prueba de fuego para las instituciones hondureñas.
El Ministerio Público, mediante un comunicado, intentó desmarcarse del enfrentamiento al reiterar que actúa “con independencia técnica y funcional” y que las posiciones de otras instituciones del Estado no comprometen su requerimiento fiscal. Sin embargo, la sombra de la polarización política, las declaraciones incendiarias del propio imputado y las denuncias de un supuesto “circo” mantienen el caso Pandora II en el centro de la tormenta. La batalla, judicial y mediática no ha hecho más que empezar.
