Por Redacción de RSM
Fotos: Red de Abogadas Defensoras
Tegucigalpa, Honduras. Lo que ayer era una amenaza es hoy una realidad consumada. Tal como se temía, el desalojo en la comunidad campesina de El Tulito, en Choluteca, se ejecutó ayer. El operativo escudado en la repudiada Ley Agroindustrial ha dejado a 86 familias sin hogar y ha encendido todas las alarmas sobre la aplicación de una justicia que, según crecientes voces, actúa con un claro sesgo.
Así desalojaron El Tulito
La expulsión se ejecutó bajo el amparo del Decreto 107-2026, la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial. Esta normativa ya había sido utilizada hace un mes para el violento desalojo de la comunidad garífuna de San Juan, Tela, a pesar de contar con un fallo protector de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En Choluteca, las empresas Cañera del Sur y Agrícola Los Destellos, vinculadas a la Azucarera La Grecia, impulsaron el desalojo de tierras. Según la defensa, ni siquiera tienen delimitados estos terrenos correctamente en sus escrituras, reclamando 588 hectáreas cuando solo acreditarían poco más de 300.
El caso se agrava más por las denuncias de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos. Su representante, Denia Castillo, señaló que no notificaron formalmente a la comunidad. Además dijo que, a pesar de haber presentado un recurso de amparo la noche anterior, el operativo se llevó a cabo.
La intención era que las partes no tuvieran conocimiento ni posibilidad de presentar el recurso de amparo, señaló Castillo al juez ejecutor presente en el lugar, de acuerdo con Criterio.hn.
Este desalojo se suma a la creciente lista de acciones que organizaciones campesinas y defensoras califican como una criminalización de la pobreza y una protección a los grandes intereses económicos.
¿Dónde está la justicia para los demás?
El desalojo de El Tulito no es un caso aislado, sino una pieza más de un patrón que ha sido duramente cuestionado.
Por ello, las palabras de monseñor Jenry Ruiz resuenan con más fuerza que nunca. «¿Cuándo se ordenará el desalojo de Próspera en Roatán, señor juez? ¿Cuándo desalojarán a Pinares Ecotek del Parque Nacional de Tocoa? ¿Cuándo llegará la justicia para «las pandoras»? ¿Hasta cuándo continuará esta selectividad, o es que la ley solo actúa en contra de los indefensos?», preguntó Ruiz.
Estas preguntas, publicadas en las redes sociales de monseñor Ruiz, apuntan directamente al corazón del problema. Se percibe una justicia que actúa con rapidez y contundencia contra campesinos y comunidades indígenas. Sin embargo, parece paralizarse o mostrar una sorprendente lentitud cuando se trata de poderosos intereses económicos o figuras políticas.
El caso Pinares Ecotek. Mientras desalojan a las 86 familias de El Tulito, el megaproyecto minero-energético Pinares-Ecotek continúa operando en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Esto es así pese a las denuncias por daños ambientales, la oposición de las comunidades y los procesos judiciales que señalan la falsificación de documentos y la explotación ilegal. Un recurso de amparo se presentó en junio de 2025 para frenar sus operaciones, pero la situación sigue sin resolverse.
Justicia para «las pandoras» y otros. La magistrada de la Sala de lo Constitucional, Sonia Dubón, reconoció abiertamente esta semana que en Honduras se está aplicando «justicia selectiva». Sus declaraciones se producen en un contexto donde se cuestiona el trato a figuras de alto perfil político, como el expresidente Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II, en contraste con el rigor aplicado a personas sin poder.
La ley, ¿herramienta para el desalojo?
Según denuncias de organizaciones defensoras y medios independientes, la Ley Agroindustrial (Decreto 107-2026) se ha convertido en el instrumento perfecto para este tipo de acciones. Aprobada y modificada en junio, la han criticado organizaciones como la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (Conafeph), que presentó un recurso de inconstitucionalidad. También ha tenido señalamientos de la Alianza Campesina, Indígena y Popular, que impulsa un juicio político contra 16 diputados, incluido el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, por su promoción y aprobación. La normativa, según sus detractores, privilegia a los sectores agroindustrial, energético y turístico, dejando en total desprotección a los pueblos ancestrales y campesinos.
Mientras el Estado hondureño despliega su fuerza para desalojar a 86 familias en Choluteca, la pregunta de monseñor Ruiz y la de miles de hondureños sigue en el aire, sin respuesta satisfactoria. La comunidad de El Tulito se suma a la ya larga lista de damnificados por una política que parece haber decidido quiénes merecen justicia y quiénes no.
