Por Redacción de RSM
Fotos de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos
Choluteca, Honduras. La comunidad de El Tulito, en el departamento de Choluteca, se encuentra en estado de alerta. Desde las primeras horas de hoy, más de 80 familias campesinas enfrentan un desalojo que ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
Detrás de cada parcela, advierte la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, no hay solo un terreno, sino «hogares, cosechas, historias, personas adultas mayores, niñas, niños y familias enteras cuyo futuro pende de una decisión que cambiará sus vidas».
La situación ha movilizado a la Red de Abogadas, que ya ha interpuesto un recurso de amparo con medida cautelar urgente ante las autoridades competentes.
Por medio de la acción legal buscan la suspensión inmediata del operativo y el respeto irrestricto a las garantías constitucionales de los afectados, entre ellas, el derecho a la vivienda, el debido proceso, la presunción de inocencia y el interés superior de la niñez.
Exigen más solidaridad y vigilancia
Mientras tanto, en las redes sociales y en medios alternativos han comenzado a circular videos que muestran la presencia de maquinaria pesada y personal judicial en la zona, lo que ha incrementado la tensión.
Según publicaciones de la plataforma Massvida, un juez ya habría ordenado la ejecución del desalojo, y se observa el despliegue de equipo para cumplir con la medida.
La Red de Abogadas, que ha estado a la expectativa sobre esta amenaza de desalojo, ha hecho un llamado a la ciudadanía a no normalizar estos conflictos. «Los conflictos por la tierra no solo hablan de propiedad; hablan de dignidad, de seguridad alimentaria, de justicia y del derecho de las comunidades a ser escuchadas», señala la organización en sus redes sociales.
La comunidad campesina y las organizaciones que las acompañan han convocado a los medios de comunicación y a la población en general a dar seguimiento al caso. La defensa de los derechos humanos en contextos de desalojo, enfatizan, exige «vigilancia, solidaridad y acceso a la justicia para todas las personas».
Hasta el momento, las autoridades gubernamentales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el operativo en curso.
