Tribunal de sentencia alerta sobre red de trata de personas en Roatán mientras van 9,000 desaparecidos en diez años en Honduras
Por Nazareth Gómez
Tegucigalpa, Honduras. Angie Peña desapareció en Roatán mientras realizaba deportes acuáticos el 2 de enero de 2022. Tres años después, su familia sigue sin respuestas claras de las autoridades hondureñas.
A pesar de la insistencia de sus padres, Michelle Melgares y Walter Peña, la investigación ha sido lenta e insuficiente.
Según el abogado Joaquín Mejía, la familia ha enfrentado obstáculos e incluso actos de negligencia dentro de la institucionalidad estatal. “Hubo una fiscal que bloqueó a la madre de Angie en su teléfono, lo que muestra el trato terrible que han recibido”, denunció.
9,000 desaparecidos en diez años
El caso de Angie Peña refleja una crisis mucho más grande: la desaparición forzada en Honduras sigue en aumento y es un fenómeno oculto y desinformado. “En la última década han desaparecido casi 9,000 personas. A pesar de esta tragedia, el Estado ha sido incapaz o no ha tenido la voluntad política para prevenirlas e investigarlas”, afirmó Mejía.
Uno de los responsables, un ciudadano estadounidense, fue condenado recientemente, pero Mejía enfatizó que no actuó solo, “el tribunal de sentencia lo dijo claramente: en Roatán hay una red de criminalidad organizada vinculada con la desaparición de personas con fines de trata”, denunció.
Agregó que la impunidad es posible porque existen actores dentro del Poder Judicial, el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad que facilitan estas redes criminales.
Sin voluntad política para buscarlas
A pesar de que el Ministerio Público ha avanzado en la investigación penal, el paradero de Angie Peña sigue siendo desconocido.
Mejía enfatizó que el Estado tiene una segunda obligación en los casos de desaparición forzada: la búsqueda de las víctimas.
“El Poder Ejecutivo debe crear una comisión de búsqueda, como en México, para casos de desaparición forzada”, exigió. En otros países, estas comisiones han sido clave para localizar a víctimas, pero en Honduras no se ha mostrado voluntad política para implementarlas.
“De nada sirven las leyes bonitas”
El Congreso Nacional aprobó la Ley Alerta Morada, que busca mejorar la respuesta ante desapariciones, pero su aplicación es incierta. “De nada sirve tener leyes bonitas si no se acompañan de presupuesto y fortalecimiento institucional”, criticó Mejía.
Actualmente, el Ministerio Público requiere al menos 200 fiscales adicionales para operar de manera efectiva, pero el Gobierno no ha destinado los fondos necesarios. “El mejor termómetro para medir la voluntad política de un gobierno es el presupuesto”, sentenció el abogado.
Otro de los problemas estructurales es la impunidad con la que operan redes de trata en Honduras. “Las organizaciones criminales no podrían actuar libremente sin la complicidad de actores dentro de las instituciones del Estado”, afirmó Mejía.
La incertidumbre continúa
El caso de Angie Peña es un reflejo de este problema: a pesar de la evidencia sobre la existencia de una red criminal en Roatán, las acciones estatales han sido limitadas.
Mientras la impunidad persista y las desapariciones sigan ocurriendo, la pregunta sigue sin respuesta: ¿dónde está Angie Peña?
