Según denuncias, el Ministerio Público amplió sin pruebas la acusación contra las 13 personas negras de habla inglesa
Por Lissy Serén
Tegucigalpa, Honduras. En un giro inesperado, el Ministerio Público de Roatán amplió hoy la acusación y pidió prisión preventiva para 13 personas criminalizadas y defensoras del pueblo negro de habla inglesa, «a pesar de la falta total de pruebas», denunció hoy el Bufete Jurídico para los Pueblos.
En la audiencia inicial de ayer, el juez de Letras de Roatán, Hermes Benigno Pineda Castro, había admitido una prueba ilegal presentada por el Ministerio Público (MP) contra 13 personas criminalizadas del pueblo negro de habla inglesa, según denuncias.
El juez Pineda tomó esa decisión durante la continuación de la audiencia inicial en el Juzgado de Letras de Roatán contra las 13 personas inculpadas.
Las organizaciones de derechos humanos afirmaron también que se denegaron las garantías procesales de las personas defensoras criminalizadas por defender su tierra y territorio ancestral.
Jakira Lucas McLaughlin, defensora criminalizada, agradeció en un video el acompañamiento de Ofraneh y organizaciones nacionales e internacionales. Asimismo, pidió apoyo para culminar la audiencia inicial contra las 13 personas criminalizadas.
Justicia a favor del gran capital
El Bufete Justicia para los Pueblos señaló que el Poder Judicial sigue cooptado por los grandes intereses económicos en las Islas de la Bahía.
Edy Tábora, abogado del Bufete, informó en un video a la comunidad nacional e internacional que no se ha comprobado la participación de las personas inculpadas en ningún hecho delictivo.
Asimismo, afirmó que el Ministerio Público está impulsando de manera ilegal algunos casos para criminalizar la lucha de los pueblos.
¿Juez admitió pruebas ilegales?
Según Miriam Miranda, coordinadora de Ofraneh, “no estamos generando racismo, odio racial, estamos reivindicando un derecho que tenemos como pueblos”.
Señaló, por otra parte, que Honduras necesita un sistema judicial diferente, donde los pueblos tengan el derecho de ser escuchados y sobre todo reciban justicia.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos se pronunció ante la forma de actuar del Ministerio Público en la audiencia en el Juzgado de Letras de Roatán contra las 13 personas defensoras criminalizadas.
La Red señaló que el juez de Letras, Hermes Pineda, admitió seis medios de prueba ilegales obtenidos por la Fiscalía del Ministerio Público. De esa manera, se violentaron las garantías procesales de las y los defensores del pueblo negro de habla inglesa, argumentó.
En su publicación, la organización detalló que el MP inició este proceso judicial en contra de las y los defensores por defender su derecho a la tierra y libre determinación en una propiedad colectiva en la comunidad de Diamond Rock, Islas de la Bahía. Agregaron que la familia Cooper-McNab pretende usurpar esta propiedad que ha pertenecido a la comunidad desde 1965.
Así recuperaron sus propiedades
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunció la criminalización, persecución y despojo, a través del MP, contra la población negra isleña de la comunidad de Diamond Rock.
Asimismo exigió al Estado garantizar la seguridad de las y los defensores garífunas y el cumplimiento del derecho al territorio de los pueblos indígenas y negros.
La familia Mc Laughlin informó en un comunicado que el 5 de enero de 2025 decidió levantar las trancas, quitar el cerco de madera, despejar la entrada y recuperar su propiedad. Los McLaughlin son miembros del pueblo negro nativo de estas islas, bajo tutela de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
Agregaron que llevaron a cabo tales acciones después de casi 20 años de presentar denuncias por usurpación contra la poderosa familia Cooper-McNab. Además indicaron que de esa manera ejercieron su libre determinación con el respaldo de su título ancestral.
En el comunicado manifiestan que, sin fundamento jurídico, el Ministerio Público y los acusadores privados solicitaron ante los juzgados presentar requerimiento fiscal. Además, pidieron girar órdenes de captura y detención judicial contra 14 hombres y mujeres de su comunidad, acusados de daños, robo e incendio a su propiedad.
Propiedad de los McLaughlin, patrimonio de generaciones
Entretanto, la familia McLaughlin manifestó que su propiedad está fundamentada en la identidad cultural basada en la posesión y el traspaso del territorio.
Se trata, según ellos, de un referente familiar delegado de generación en generación para la administración de los bienes ancestrales.
El comunicado señala que la propiedad familiar está en la comunidad de Diamond Rock. Además, aclaran que está distribuida en tres lotes, denominados por sus abuelos con los nombres Alligator Nose, Wilks Point y Black Creek. Todo se hallan en la Jurisdicción de José Santos Guardiola, Islas de la Bahía.
Por último, denunciaron la labor nefasta, vergonzosa y racista del Ministerio Público. Acusaron asimismo al MP de criminalizar y judicializar al pueblo como estrategia de despojo del territorio. De este modo, el MP ha demostrado de nuevo que trabaja al servicio del capital y los grupos de poder que controlan estas islas, señalaron.
Instituto de la Propiedad manipula el sistema de registro
También denunciaron al Instituto de la Propiedad y a la Municipalidad de Santos Guardiola. Los señalaron por valerse de actos corruptos y abusos en sus deberes para falsear la tradición de dominio de sus bienes.
Asimismo, los denunciaron por manipular el sistema de registro de la propiedad para inventar ventas, traspasos, donaciones y hasta permutas que traslapan su territorio ancestral.
Por último, reiteraron que van a defender su territorio hasta las últimas consecuencias. Aseguraron estar dispuestos a llegar a las instancias internacionales para hacer prevalecer sus derechos. De ese modo esperan gozar plenamente de las garantías de su territorio, indispensable para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.
