Patrón de acciones institucionales debilita a organizaciones anticorrupción y defensoras de derechos, alerta la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia
Por Redacción de RSM
Tegucigalpa, Honduras. En un contexto de tensión política y social, la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ) emitió hoy un pronunciamiento denunciando la criminalización sistemática de las organizaciones de sociedad civil en Honduras.
La ATCJ señala al Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional, a la Policía Nacional y al Ministerio Público como responsables de una ofensiva institucional contra quienes exigen justicia, democracia y transparencia.
La ACTJ sostiene que no se trata de hechos aislados, sino de una estrategia para socavar el trabajo de líderes sociales y organizaciones que desde hace años enfrentan la corrupción y promueven la participación ciudadana. “Callar no es una opción”, enfatiza la organización, que acusa al actual gobierno de replicar tácticas de regímenes autoritarios.
Pronunciamiento-Final-Persecusion-ONGs-5-mayo-2025Medidas represivas y legislación peligrosa
Entre las acciones más preocupantes citadas por la ACTJ se encuentra el comunicado SEDS No. 20-2025, emitido el pasado 30 de marzo por la Secretaría de Seguridad, que amenaza con fotografiar, grabar y detener a quienes lideren protestas en espacios públicos. Esta medida es vista como un intento de intimidar a la ciudadanía organizada y desalentar la movilización social.
A esta acción se suma una propuesta de ley presentada el 23 de abril por el presidente del Congreso Nacional. La iniciativa busca establecer una comisión especial para investigar a las organizaciones que han ejecutado proyectos financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Llama la atención que la propuesta se sustenta en declaraciones del empresario Elon Musk, quien tildó a Usaid de “organización criminal”, pese al respaldo con el que cuenta la agencia entre amplios sectores de la población estadounidense y su historial de asistencia a comunidades vulnerables en Honduras.
Además, la ACTJ recuerda que sigue vigente una reforma del artículo 34 de la Ley de Lavado de Activos, la cual clasifica como «personas expuestas políticamente» a miembros de organizaciones que manejan fondos de cooperación internacional y participan en procesos de veeduría o análisis de la gestión pública, lo que las deja vulnerables a persecución judicial sin fundamentos claros.
Honduras en la ruta del autoritarismo
El pronunciamiento de la ACTJ establece paralelismos con las estrategias de represión de Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y regímenes de extrema derecha en Sudamérica.
Además, la denuncia advierte sobre el uso de las instituciones del Estado y las fuerzas de seguridad como herramientas de control político, al margen de cualquier ideología.
La organización también alerta sobre el deterioro democrático en un año electoral especialmente delicado. Critica la falta de contrapesos al poder gubernamental, la debilidad de una oposición sin liderazgo coherente y el reparto del poder entre actores políticos que, aunque se presentan como adversarios, mantienen acuerdos de impunidad.
Un llamado a la resistencia democrática
Frente a este panorama, la ACTJ hace un llamado a la ciudadanía a no rendirse y a defender activamente los principios democráticos, la libertad de expresión y el derecho de asociación.
Subraya asimismo que fiscalizar a las autoridades y exigir rendición de cuentas son derechos fundamentales que deben ejercerse sin temor a represalias.
“Demandamos a los tres poderes del Estado que pongan fin a la persecución política”, concluye el documento, reafirmando el compromiso de la organización con el desarrollo del país y la lucha contra la corrupción.
Para concluir, la ACTJ insiste en que su trabajo es parte esencial del fortalecimiento institucional y el bienestar colectivo, y no debe ser motivo de criminalización.
