“Esto no es refundación, esto es traición”, clamaron manifestantes hoy frente al Congreso. El presidente del Legislativo, Luis Redondo, promueve la ley a pesar de las advertencias de la ONU y las alertas económicas del Fosdeh que marcan el tenso debate de una normativa que promete inversiones, pero amenaza derechos de las poblaciones campesinas, originarias y afrodescendientes del país
Tegucigalpa, Honduras. Entre fuertes protestas y advertencias de organismos internacionales, el Congreso Nacional de Honduras está a punto de aprobar en tercer debate la controvertida Ley Especial para el Fomento de Inversiones mediante la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental. O «ley de licencias exprés», como la llaman popularmente.
Decenas de manifestantes de organizaciones como Arcah, la Red por Escazú y Red de Defensoras se congregaron frente al Legislativo. En la protesta alzaron pancartas con consignas como «Licencias exprés = muerte lenta» y «No a la venta de nuestros recursos». El ambiente estuvo cargado de tensión mientras los diputados debatían la normativa en su tercer y definitivo debate.
La iniciativa contempla que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) pueda emitir licencias ambientales inmediatas mediante un “mecanismo especial, excepcional y simplificado”. Además, prioriza proyectos en sectores como infraestructura, energía renovable, agroindustria, turismo sostenible, manufactura, vivienda social y zonas francas.
Críticas por opacidad y conflicto de intereses
Fuentes legislativas consultadas por Reportar Sin Miedo revelaron que el texto final de la ley se mantuvo en reserva hasta el último momento. Esta situación generó sospechas de posibles influencias de grupos económicos. «Ni siquiera los diputados tenían acceso completo al documento», denunció una fuente bajo condición de anonimato.
Expertos ambientales advierten que la nueva normativa reduciría drásticamente los plazos para aprobar estudios de impacto ambiental, eliminando en muchos casos la obligatoriedad de consulta previa a comunidades.
El Gobierno defiende la medida
Frente a las críticas, el diputado Ariel Montoya, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, aseguró que la ley incluye «salvaguardas importantes». Entre ellas destacó que los proyectos mineros quedarán excluidos del procedimiento exprés. Agregó que se respetarán los territorios de pueblos originarios protegidos por el Convenio 169 de la OIT.
«Esta ley busca agilizar trámites burocráticos, no poner en riesgo nuestros recursos naturales», declaró Montoya en conferencia de prensa. Sin embargo, sus palabras no convencieron a los manifestantes, quienes recordaron que Honduras es considerado el país más peligroso del mundo para defensores ambientales, según Global Witness.
Voces críticas: «Es una traición a los pueblos y al ambiente»
El defensor de derechos humanos Joaquín Mejía no dudó en calificar la aprobación como un golpe a la democracia ambiental. «La coherencia democrática exige que, en nombre de quienes han dado su vida por los bienes comunes, este Congreso rechace dicha ley. De no hacerlo, la presidenta Xiomara Castro debe vetarla. Así veremos a qué intereses responden realmente: ¿a los del pueblo o a los de quienes saquean nuestros recursos?», declaró.
Por su parte, Betty Vásquez, defensora lenca de Santa Bárbara, apuntó directamente a los beneficiarios de la norma. «Como mujer lenca, denuncio que estas políticas responden a la injerencia de países nórdicos y corporaciones que buscan explotar nuestra biodiversidad. Sus empresas se alían con élites criollas —cuyos orígenes no son milenarios como los nuestros— para decidir el destino de Honduras», aseguró la ambientalista.
Vásquez fue más allá en su crítica. «Esta ley es una jugada para servir al Consejo Hondureño de la empresa privada: maquileros, agroindustriales de caña y palma, cafetaleros. Quieren reducir la protección ambiental a un trámite burocrático, como renovar una licencia de conducir».
Advertencias desde dentro del Congreso
La diputada Ligia Ramos, una de las pocas voces disidentes dentro del Legislativo, alertó sobre las consecuencias. «Si se aprueba esta ley, retrocederíamos décadas en derechos humanos y protección ambiental. Ya enfrentamos criminalización y asesinatos de defensores; con esta ‘ley exprés’, la violencia y la impunidad se agravarían exponencialmente», sostuvo.
Sus palabras contrastan con el discurso oficial del diputado Ariel Montoya, quien insistió en que la ley incluye «salvaguardas» como la exclusión de territorios indígenas y proyectos mineros del procedimiento express.
Conadeh señala riesgos
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) elevó su voz de alerta sobre esta legislación. «La flexibilización de los procesos de evaluación y otorgamiento de licencias ambientales carece de claridad operativa y podría traducirse en potenciales violaciones de derechos humanos«, advirtió.
El organismo enfatizó que las poblaciones más vulnerables, como los pueblos indígenas y afrohondureños, serían las principales afectadas.
📌EL #CONADEH ADVIERTE QUE EL PROYECTO DE LEY ESPECIAL DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL PRESENTADO ANTE EL CONGRESO NACIONAL CONTIENE INCOMPATIBILIDADES CON LOS DERECHOS HUMANOS
Ver comunicado completo aqui👇https://t.co/MPHBEzJalU pic.twitter.com/tg0XjXccOb
— CONADEH-La Defensoría Del Pueblo (@CONADEH) May 12, 2025
Esta advertencia se suma a las críticas de expertos ambientales. Lucía Vijil, del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), cuestionó severamente la transparencia del actual sistema de licenciamiento: «Hay una denuncia permanente sobre los vicios de corrupción, opacidad e influencia de las empresas en la entrega de licencias ambientales», declaró a Reportar Sin Miedo.
Vijil profundizó en los problemas estructurales. «La ausencia de presupuesto efectivo en Serna y sistemas tecnológicos adecuados ha dejado mucho que desear en la gestión ambiental. Es difícil saber si se cumplen los requisitos porque esta información no es accesible. La gran pregunta es si realmente se hacen controles ambientales o si solo queda como un trámite pagado por las empresas».
🏛️Congreso impulsa ley de licencias exprés, debilitando participación y protección ambiental@LuciaVijilS, investigadora del @CESPAD_HONDURAS , nos resuelve algunas dudas con el tema🎤‼️📹#congreso #medioamiente #honduras #noticias pic.twitter.com/jPPw9w10Dg
— Criterio.hn (@criteriohn) May 12, 2025
Oacnudh: «Violenta estándares internacionales»
La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (Oacnudh) alertó que la “ley exprés” contraviene principios de consulta previa, participación pública y debida diligencia ambiental. «El vencimiento de plazos no puede sustituir la evaluación técnica», subrayó. Al mismo tiempo, advirtió que la norma agravaría la criminalización de defensores en un país ya considerado entre los más peligrosos para activistas.
Ejemplos como Agua Zarca, Jilamito y Azacualpa —donde hubo desplazamientos, represión y daños ecológicos— demuestran, según la ONU, los riesgos de licenciamientos opacos.
Lo que viene
Mientras el Gobierno insiste en que la normativa reactivará la economía, los datos del Fosdeh muestran que el 70% de los megaproyectos aprobados bajo figuras similares en los últimos años no generaron los empleos prometidos. Sin embargo, sí dejaron graves daños ambientales.
El debate sobre esta ley parece lejos de terminar en un país donde la defensa del territorio sigue costando vidas. Hoy, las calles hondureñas vuelven a ser testigo de la histórica pugna entre desarrollo económico y protección ambiental.
¿Por qué se acelera su aprobación sin consulta pública?
La Red Hondureña por Escazú denunció que la ley viola el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT al eliminar consultas previas. «Es un modelo vertical y tecnocrático que convierte a la Serna en una ventanilla rápida para el despojo», afirmaron.
Mientras tanto, el Fosdeh advirtió a diputados y empresarios que la norma alejará financiamiento climático y generará «pan para hoy, hambre para mañana», citando ejemplos de cómo bancos multilaterales exigen estándares ambientales.
Sin embargo, para el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), estos cambios son «cosméticos» y no resuelven el fondo: la flexibilización de controles ambientales y la exclusión de las comunidades en las decisiones.
«Se mantiene un lenguaje vago que permite licencias aceleradas sin participación ciudadana ni acceso a información técnica», denunció el Cespad. Entre los proyectos que podrían beneficiarse están permisos forestales, minería no metálica y autorizaciones municipales, lo que —según la organización— favorece la discrecionalidad y el control privado de los territorios.
«Un cheque en blanco para el saqueo«
La Mesa Tierra y Territorio (MTT-CCI), que agrupa a más de 60 organizaciones, tilda la ley de «regresión normativa» impulsada por empresarios. Al respecto, señala que la promesa de emitir 400 licencias rápidas —anunciada por la Cámara de Comercio de Cortés— amenaza ecosistemas y comunidades campesinas e indígenas.
«En un país con 150 defensores ambientales asesinados en una década y 90% de impunidad, esta ley es un cheque en blanco para el saqueo», afirma la organización. Además, acusó al Congreso de ceder a presiones de grupos empresariales que prometen inversiones de 4,000 millones de dólares, perpetuando un modelo extractivo vinculado con los conflictos y la violencia.
Copinh: «No repetiremos la historia de Berta Cáceres»
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh) rechazó cualquier intento de omitir consultas a pueblos originarios.
«A Berta la mataron por defender el río Gualcarque de un proyecto irregular», recordaron. Además, exigieron suspender licencias sin cumplimiento legal, efectuar consultas previas vinculantes y respetar la autonomía territorial indígena.
«La tierra no se vende, se defiende», cerró el Consejo, citando a su lideresa asesinada.
Red de Defensoras: «Gobierno entrega los bienes comunes»
Colectivos feministas y ambientales acusaron al Congreso de Luis Redondo de avalar el «extractivismo patriarcal».
«Es la misma lógica colonial: cárcel, destierro y muerte para quienes resisten», denunciaron. Además, llamaron a la movilización social para frenar la ley.
«Privilegian intereses privados»: Arcah
Entretanto, la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (Arcah) condenó enérgicamente la propuesta de Ley de Fomento a las Inversiones.
Arcah afirmó que la normativa reduce los procesos de evaluación ambiental, participación ciudadana y consulta previa, privilegiando intereses privados sobre los derechos colectivos.
“¿Por qué el Congreso solo escuchó al sector empresarial, ignorando a las comunidades que sufren los impactos de estos proyectos?”, se preguntó la Alternativa. “No creemos en un Estado que promete desarrollo mientras aprueba leyes hostiles contra los pueblos”.
CDH alerta sobre riesgos ambientales y sociales
El Centro de Derechos Humanos (CDH) encendió las alarmas ante la discusión en el Congreso, prevista para el 13 de mayo, de la polémica “ley exprés”.
El CDH advirtió además que la norma busca agilizar inversiones, pero debilitando los estándares de protección ambiental y comunitaria. En especial, esta situación se presentaría al reducir los requisitos para estudios de impacto ambiental, los cuales son claves para preservar los ecosistemas y derechos de las poblaciones vulnerables.
