El activista Christopher Castillo no concilia con empresa avícola El Cortijo y denuncia complicidad del Estado en daño ambiental
Por Lissy Serén
Tegucigalpa, Honduras. Christopher Castillo, coordinador general de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (Arcah), ha rechazado públicamente cualquier intento de conciliación con la empresa avícola El Cortijo.
La negativa del activista se da luego de que el propietario legal de la compañía, Joseph Walter Brener, lo acusara de amenazas, agresión y conspiración en su contra.
Castillo enfrenta una denuncia formal tras liderar una campaña de boicot ciudadano contra la empresa. De hecho, a El Cortijo se le responsabiliza de contaminar el agua, el aire y el suelo, provocando enfermedades en la población y deterioro ambiental.
«Aunque no tenga la visibilidad de una mina o una hidroeléctrica, una granja avícola industrial representa una amenaza real y creciente en muchos territorios de América Latina», afirmó el defensor ambiental.
Estado, cómplice de daño ambiental
“El Estado nos escucha, nos recibe en oficinas, pero no actúa. La Secretaría de Ambiente, ha sido cómplice directa. Eso no es una falta, es un delito”, denunció Castillo, quien también cuestionó el papel del sistema judicial al verse obligado a presentarse ante un Juzgado de Paz.
La lucha, que lleva varios años en curso, ha incluido manifestaciones en las calles, tomas en la empresa, denuncias públicas, visitas internacionales y pronunciamientos en medios de comunicación.
Sobre la posibilidad de conciliación en la audiencia programada para el 14 de mayo, expresó con firmeza que no se va a conciliar, no por capricho, sino por dignidad.
¿Un año de prisión por defender el ambiente?
Castillo manifestó que, aun conociendo las consecuencias penales, seguirá en su posición colectiva de dignidad, de no doblegarse ante ningún capital y ante el Estado.
El activista reconoció que podría enfrentar una pena de prisión de tres meses a un año por el delito de amenazas, pero aseguró estar dispuesto a asumir las consecuencias con integridad.
“Si creen que con meterme preso van a callar a la gente, están equivocados. La lucha no depende de mí. Es una lucha colectiva por la justicia, por el río Choluteca, por la salud de la gente”.
¿De qué lado está la justicia?
Finalmente, Castillo llamó la atención sobre la ética del sistema judicial y la desconexión del Estado con las necesidades del pueblo.
“En nuestro plano como sujetos históricos nos obligan y nos enseñan a creer que el Estado es una opción. Los Estados no creen en nosotros. Si creyeran en nosotros, no nos atacarían, no nos criminalizarían. Atenderían nuestras denuncias”.
