Las ONG y la sociedad civil alertan sobre represión bajo la Ley de Agentes Extranjeros en el Salvador
Por Redacción de RSM
San Salvador. Con 57 votos a favor de los 60 posibles, la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó este martes la Ley de Agentes Extranjeros. La nueva normativa de Nayib Bukele grava con un impuesto del 30% los ingresos o donaciones que reciban las organizaciones no gubernamentales (ONG) desde el extranjero.
La ley ha sido calificada por críticos como una herramienta para «controlar y silenciar a la sociedad civil». Entretanto, el Gobierno insiste en que busca «transparencia y soberanía nacional».
¿Qué establece la Ley de Agentes Extranjeros?
La normativa, compuesta por 25 artículos, obliga a todas las personas naturales o jurídicas que reciban financiamiento del exterior a registrarse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), dependiente del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, defendió la ley asegurando que las ONG podrán «seguir gritando lo mismo, pero pagando el 30%».
Reacciones: ¿ley necesaria o «mordaza» autoritaria?
Las voces críticas no han tardado en señalar que la nueva ley «es un ataque a la democracia».
Así, Claudia Ortiz, diputada opositora de Vamos, afirmó que la normativa de Bukele es «incompatible con la democracia» y servirá para censurar críticas al gobierno.
Mientras tanto, Abraham Abrego, de Cristosal, señaló que «busca criminalizar a quienes denuncian violaciones de derechos humanos».
Además, Human Rights Watch advirtió que la normativa «viola pactos internacionales» y sigue el modelo de leyes represivas en Rusia y Nicaragua.
Defensa gubernamental: «Evitar injerencia extranjera»
Bukele y sus aliados sostienen que la ley «protege la soberanía» y evita que ONG operen «con agendas ocultas».
De hecho, el mandatario ha acusado reiteradamente a organizaciones de «defender pandilleros» y de recibir financiamiento para «desestabilizar» su gobierno.
Impacto en la sociedad civil y medios independientes
La ley afectará a unas 8,000 organizaciones, incluyendo grupos de derechos humanos (Cristosal, Socorro Jurídico), medios independientes (El Faro, Asociación de Periodistas) y colectivos religiosos y comunitarios.
Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, alertó que «es una escalada represiva para eliminar voces críticas». Mientras, la abogada Roxana Cardona denunció que «se busca invisibilizar a quienes el Estado ignora».
Precedentes internacionales: ¿Un modelo peligroso?
Expertos señalan similitudes con leyes de «agentes extranjeros» en Rusia —usada para perseguir opositores y medios— y Nicaragua —instrumento para cerrar las ONG y encarcelar críticos—.
En 2024, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró ilegal la ley rusa por violar libertades fundamentales.
¿Qué sigue?
La ley entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Las ONG tendrán que registrarse o enfrentar sanciones, mientras colectivos anuncian recursos legales y llaman a la comunidad internacional a pronunciarse.
Mientras Bukele consolida su poder tras su reelección en 2024, la polémica normativa profundiza el debate sobre libertades en un país que ya vive bajo un régimen de excepción desde 2022.
