Pobladores temen que El Tablón les arrebate tierras y medios de vida. Denuncian posibles intereses políticos y económicos, falta de transparencia y de consulta previa
Por Lissy Serén
Tegucigalpa, Honduras. Para protestar y denunciar la construcción de la represa El Tablón, un grupo de pobladores del municipio de Quimistán, Santa Bárbara, se movilizaron el 28 de mayo a la Corte Suprema de Justicia.
Adalid Martínez Perdomo, secretario del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Naturales del Valle de Quimistán y presidente del Patronato Comunal de ese municipio, denunció el rechazo de su comunidad a la represa El Tablón.
El dirigente explicó al medio de comunicación Reportar Sin Miedo que, aunque el proyecto fue mencionado por primera vez en 1978, fue hasta el año 2017 cuando comenzaron las acciones concretas de su posible ejecución, lo que provocó una fuerte reacción de la población.
Quimistán, libre de represas y minería
En el año 2018 se celebró un cabildo abierto donde se declaró al municipio de Quimistán libre de represas y minería. Esta decisión fue ratificada en un segundo cabildo abierto en 2024 en el que participaron alrededor de 600 personas.
Posteriormente, el 4 de mayo de 2025 se convocó un tercer cabildo abierto, con la participación de más de 1,100 personas, para socializar y reforzar el compromiso comunitario en defensa del territorio frente al proyecto.
¿Hay intereses empresariales en El Tablón?
Martínez explicó que el proyecto original contemplaba la construcción en la comunidad de El Tablón, pero sin una explicación técnica válida. La ubicación se modificó a 13.5 kilómetros río arriba, acercándose a solo 6 kilómetros de Quimistán, en el sector llamado Los Limones.
Este nuevo desplazamiento se encuentra en un valle productivo, sin condiciones geográficas idóneas como las del sitio original, lo que ha generado sospechas sobre posibles intereses económicos de empresarios.
En 2024, representantes de la empresa italiana Lombardi, contratada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), visitaron la zona para actualizar un estudio de factibilidad realizado en el año 2005.
Sin embargo, Martínez cuestionó la validez de este estudio, ya que no se corresponde con la nueva ubicación del proyecto, lo que requeriría una nueva evaluación técnica y ambiental.
Falta de consulta previa, libre e informada
Adalid Martínez señaló que uno de los principales motivos de oposición es la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas, así como la ausencia de un estudio de impacto ambiental y socioeconómico.
En riesgo de inundaciones
Asimismo, denunció que la construcción de El Tablón afecta directamente con inundaciones a cinco comunidades. Esta situación obligaría a los habitantes a desplazarse y perder sus medios de vida tradicionales.
Además, se inundarían carreteras recién construidas, sistemas de aguas negras y terrenos agrícolas que generan un impacto económico significativo en la región.
¿Y los fondos para mitigar inundaciones?
Martínez también señaló que el Congreso Nacional aprobó en octubre de 2024 un préstamo de 20 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los fondos estaban destinados a mitigar las inundaciones en el Valle de Sula mediante limpieza de canales, dragado de ríos y construcción de obras de contención.
Sin embargo, el Gobierno no ha iniciado este proyecto, lo que ha incrementado la preocupación de la población sobre las verdaderas intenciones detrás de la represa.
Los pobladores se cuestionan por qué a estas alturas no inicia el proyecto aprobado por el BID. Además denuncian posibles intereses de empresarios y se preguntan por qué la ENEE maneja estos fondos en lugar de una institución destinada a realizar proyectos en las comunidades.
El Comité de Defensa presentó un recurso de amparo el 28 de mayo de 2025 ante la Corte Suprema de Justicia. Por este medio exigieron suspender el proceso de licitación del proyecto, pues consideran que no cumple con los requisitos legales mínimos, como consulta comunitaria, estudios técnicos y obtención de licencias.
Finalmente, Martínez instó al Gobierno a ser transparente sobre las razones del cambio de ubicación del proyecto y a esclarecer los posibles intereses políticos y económicos que estarían influyendo en su ejecución. Reclamó que, como ciudadanos, tienen derecho de recibir respuestas claras y respetuosas de las autoridades.
Residentes, entre el dolor y la incertidumbre
María Isabel Ordóñez, residente y originaria del municipio de Quimistán, Santa Bárbara, expresó su profunda preocupación por la construcción de la represa El Tablón en su comunidad.
En sus palabras, esta obra amenaza con truncar las aspiraciones de desarrollo de los habitantes locales, quienes han trabajado arduamente en actividades agrícolas y ganaderas.
Ordóñez destacó que la represa dejaría a las familias sin la posibilidad de continuar con el patrimonio heredado de sus padres, lo cual representa una pérdida significativa para la identidad y sustento económico de la comunidad.
Con recurso de amparo buscan frenar El Tablón
El Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Naturales del Valle de Quimistán (Codebiconvq) dio a conocer mediante un comunicado que ha presentado un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras para detener la construcción de la represa El Tablón.
El recurso describe que este proyecto amenaza con inundar tres comunidades y más de 3,425 manzanas de tierras fértiles en el Valle de Quimistán, departamento de Santa Bárbara.
También señala la inacción del Estado frente a medidas ya aprobadas para mitigar las inundaciones. En octubre de 2024, el Congreso Nacional aprobó el Decreto 96-2024, que autoriza un préstamo de 20 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para implementar cinco medidas concretas en el Valle de Sula.
Frenen la represa: comunidades al Estado
Las comunidades han expresado su rechazo a la represa en tres cabildos abiertos. Además, han solicitado reuniones con la presidenta Xiomara Castro y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), financiador del proyecto.
A pesar de estos esfuerzos, nadie ha escuchado sus voces. Esta indiferencia genera el temor de que detrás del discurso de prevención de desastres se ocultan intereses económicos que ponen en riesgo la vida, el agua y las tierras fértiles de la zona.
El Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Naturales del Valle de Quimistán exigió que la Corte Suprema admita el recurso de amparo, suspenda de inmediato la construcción de la represa El Tablón. Por último, demandó que el Estado implemente efectivamente las medidas ya aprobadas para mitigar los riesgos de inundaciones en el Valle de Sula.
