Por José Manuel Serén
Tegucigalpa, Honduras. Lo que debía ser una jornada de conmemoración de las conquistas históricas de la clase obrera se convirtió este Día del Trabajo en un escenario de denuncia urgente.
Dirigentes políticos, analistas y defensores de derechos humanos coincidieron en el diagnóstico alarmante de una «masacre laboral». Aseguran que Honduras atraviesa una «mala racha» marcada por despidos masivos, injerencia externa y una deuda de justicia que cumple una década de silencio.
«Masacre laboral», diez mil familias en la calle
La cifra más contundente de la jornada fue proporcionada por el analista político Lenín Portillo, quien calificó la gestión actual del gobierno de Nasry Asfura como una «ejecución de masacre laboral».
Según Portillo, en menos de 100 días se han contabilizado 10,000 despidos, con una proyección de 2,000 más en la semana entrante.
«Están despidiendo de instituciones que no tienen presupuesto, como Hondutel, sin dinero siquiera para pagar las prestaciones», denunció Portillo.
El analista subrayó que esta crisis se agrava con el alto costo de la canasta básica, los combustibles y una ola de violencia que suma 700 homicidios y 100 feminicidios en lo que va del año. «Este gobierno está poniendo su propia lápida», sentenció.
Por su parte, la feminista Alba Ochoa se sumó a la condena, tachando a la administración de «gobierno usurpador» que llegó mediante el fraude.
Ochoa denunció un recorte sistemático al presupuesto para las mujeres y al campo, favoreciendo la privatización para beneficio de la empresa privada.
Diez años sin justicia para Tomás Castillo
En el enfoque de derechos humanos, el testimonio de Jessica Castillo recordó que la violencia contra la clase trabajadora tiene rostros y nombres.
Hace exactamente diez años, en una movilización similar, su hermano, el joven abogado Tomás Enrique Castillo, fue secuestrado, torturado y asesinado.
«La morgue ocultó su cuerpo cinco días. Son 10 años de impunidad donde decimos ni olvido ni perdón», expresó Castillo.
Ante la inexistencia de justicia en los tribunales nacionales, anunció que la familia acudirá a instancias internacionales.
«Sangre de mártires, semilla de libertad», exclamó mientras caminaba junto a su madre, la profesora Silvia Castillo.
Soberanía y conciencia de clase
El expresidente Manuel Zelaya Rosales lanzó una fuerte crítica a la legitimidad del sistema democrático hondureño, calificándolo como un modelo «impuesto desde Estados Unidos».
Según Zelaya, la injerencia extranjera ha despojado al Estado de su sentido humano y de su soberanía, convirtiendo a la población en «esclavos sometidos a un sistema que destruye la humanidad».
En sintonía, el ex vicecanciller Gerardo Torres advirtió que existe una amenaza real de desaparecer la institucionalidad del partido Libertad y Refundación (Libre).
Torres hizo un llamado a recuperar la «conciencia del trabajador», definiendo como tal a todo aquel que no es millonario ni dueño de grandes empresas.
«Si nos amenazan con quitar el partido, vamos a mantener la lucha en las calles», afirmó Torres, denunciando que la falta de conciencia de clase lleva a la gente humilde a defender a «banqueros, corruptos y narcotraficantes».
Un futuro de movilización
La jornada concluyó con una advertencia compartida por los diversos sectores: la organización popular es la única salida a la crisis actual.
Desde la reivindicación de las mujeres en la huelga del 54 hasta la resistencia actual contra la «masacre laboral».
El mensaje de este primero de mayo fue claro: mientras el Estado no garantice el respeto a la democracia y a los derechos fundamentales, el pueblo mantendrá su capacidad de lucha en las calles.
