Por Redacción de RSM
Fotos tomadas del informe Nuestra determinación supera nuestro miedo
Tegucigalpa / Londres. Una delegación independiente de juristas internacionales concluyó que la violencia, los desalojos forzosos y la criminalización contra comunidades indígenas y campesinas en Honduras no son hechos aislados, sino parte de una “arquitectura criminal” que involucra a funcionarios públicos, empresas agroindustriales y extractivas, estructuras de seguridad del Estado y el crimen organizado.
El informe, titulado Nuestra determinación supera nuestro miedo, fue presentado ayer en Londres y está basado en una visita a Honduras realizada en septiembre de 2025. Durante su estadía en Honduras, los expertos se reunieron con comunidades afectadas, autoridades estatales y organizaciones de derechos humanos.
Comunicado-de-Prensa-IDIL-Honduras_FINALPatrón de asesinatos y criminalización
El documento registra asesinatos sistemáticos de defensores de la tierra, como los de Berta Cáceres (2016) y Juan López (2024), junto con decenas de líderes campesinos asesinados en regiones como el Bajo Aguán. Se reportan más de 200 muertes desde 2010 y alrededor de 2,500 procesos penales contra campesinos por el delito de usurpación.
“Los actos de violencia reflejan un patrón sistemático de ataques contra quienes defienden la tierra. Las estructuras de poder permiten megaproyectos extractivos sin importar el coste humano”, señaló Camila Zapata Besso, abogada de Doughty Street Chambers y miembro de la delegación.
IDILHondurasReport-SPA-0126-SINGLESDecreto 93-2021, arma legal contra los pueblos
Uno de los ejes del informe es el Decreto 93-2021, que reformó el Código Penal y Procesal Penal para:
- Eliminar el requisito de “violencia o intimidación” en el delito de usurpación.
- Crear los “desalojos preventivos”, permitiendo a fiscales y policías desalojar sin orden judicial en 24 a 48 horas.
- Priorizar la vía penal para resolver disputas territoriales, en lugar de la civil o agraria.
Honduras es uno de los pocos países de la región que recurre a procedimientos penales como vía prioritaria para resolver conflictos sobre la tierra, sin control judicial sobre los títulos de propiedad.
Daniel Cerqueira, director de Justicia Climática de DPLF
Violaciones a tratados internacionales
El informe también subraya que Honduras incumple sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de comunidades garífunas (Punta Piedra, Triunfo de la Cruz, San Juan) y no ha implementado la consulta previa, libre e informada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU han emitido múltiples advertencias, pero la situación se ha agravado, especialmente bajo el estado de excepción vigente hasta enero de 2026, que suspendió garantías constitucionales y facilitó la estigmatización de comunidades como “estructuras criminales”.
Recomendaciones urgentes
La delegación exhorta al Estado hondureño a:
1. Derogar inmediatamente el Decreto 93-2021 y eliminar los desalojos preventivos.
2. Realizar un levantamiento catastral nacional para resolver superposiciones de títulos.
3. Instalar la Comisión Tripartita de la Verdad en el Bajo Aguán.
4. Implementar la Jurisdicción Especial sobre Tierras y Territorio para resolver conflictos por vía civil y agraria, no penal.
5. Cumplir las sentencias de la Corte IDH y las recomendaciones de CIDH y Oacnudh.
A la comunidad internacional y a la banca multilateral, les pide:
- Priorizar estos temas en el diálogo político con Honduras.
- Establecer mecanismos de debida diligencia obligatoria en derechos humanos y ambiente para todas las empresas con operaciones o cadenas de suministro en el país.
La voz de las comunidades
El nombre del informe retoma el testimonio de un campesino de la base 17 de Junio en Yoro:
“Nuestra fuerza colectiva se construye cada día al amanecer, cuando cada uno comienza a trabajar en la tierra que nos alimenta. Nuestra determinación de crear un futuro para nuestros hijos supera nuestro miedo”.
