Proyectos de Sedesol financiados con fondos públicos fueron ficticios o beneficiaron a familiares y operadores políticos
Tegucigalpa, Honduras. Lo que comenzó con una conversación filtrada sobre entrega de cheques a estructuras políticas del partido Libre se ha convertido en un caso aún más grave. Una nueva investigación periodística confirma que fondos públicos gestionados por la diputada Isis Cuéllar a través de Sedesol se habrían destinado a beneficiarios falsos, familiares y operadores políticos en un patrón sistemático de corrupción.
Casos como el de Cristian Chávez Flores, quien dijo vivir en una choza en Copán y pidió 100 mil lempiras para repararla, pero es ingeniero y aspirante a la alcaldía por Libre. O el de Wilmer Casasola, supuesto guardia de seguridad que en realidad trabaja en Aduanas. También el de Iris Paola Pérez, cuñada de Cuéllar, y de Alba Luz Mejía, madre de una asistente de la diputada.
En todos estos casos se presentaron viviendas deterioradas que no correspondían con la realidad.
37 millones gestionados, cero transparencia
Cuéllar gestionó más de 37 millones de lempiras del Fondo de Administración Solidaria, asignado a Sedesol por el Congreso Nacional.
Aunque estos fondos deberían ejecutarse bajo criterios técnicos y por instituciones estatales, los expedientes muestran duplicidad de cotizaciones, falta de liquidaciones y beneficiarios sin condición de vulnerabilidad.
Algunos, como Ilsy Baquedano, asistente de Cuéllar, solicitaron más de 90 mil lempiras para montar un estudio fotográfico, pese a haber recibido previamente contratos estatales millonarios.
La investigación confirma que los fondos se usaron para beneficiar a personas afines al oficialismo sin cumplir con los requisitos legales ni técnicos. A esto se suma el hecho de que muchos de los proyectos ni siquiera se ejecutaron.
Redondo y el Congreso: el origen de la red
Aunque legalmente solo el Ejecutivo puede solicitar desembolsos a Finanzas, el presidente del Congreso, Luis Redondo, emitió cartas de aval a petición de al menos 70 diputados para gestionar fondos sin contar con atribuciones para ello.
Esta intervención política fue clave para facilitar el acceso a los recursos. Solo Cuéllar gestionó más de 37 millones bajo este esquema.
El exministro José Carlos Cardona reconoció que Redondo no tenía facultades legales, pero que los fondos se ejecutaron así por “acuerdo político”.
La Secretaría de Transparencia, tras la instrucción de la presidenta Xiomara Castro, concluyó que hubo deficiencias graves en la emisión de cheques, control interno y gestión financiera.
Renuncia de Cardona y silencio sobre Cuéllar
Tras el informe de Transparencia, Cardona presentó su renuncia irrevocable durante una reunión del Gabinete Ampliado, la cual fue aceptada por unanimidad.
Sin embargo, en la conferencia de prensa posterior y en el pronunciamiento del Gobierno no se mencionó directamente a la diputada Cuéllar ni los vínculos familiares y políticos implicados.
El ministro de Finanzas solo reconoció que están siendo investigados 4.7 millones de lempiras correspondientes a 40 cheques emitidos por Sedesol. Esta cifra es muy inferior al total de fondos gestionados por la diputada.
Mientras tanto, el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público han sido llamados a profundizar las investigaciones.
Fondos solidarios convertidos en red clientelar
El caso revela cómo un fondo destinado a personas en situación de pobreza se convirtió en una red de favores políticos, donde los recursos se distribuyeron según vínculos familiares, lealtades partidarias o promesas electorales.
Lo que en papel eran ayudas para hogares destruidos terminó siendo una fachada para fortalecer estructuras afines al partido de gobierno.
El uso de expedientes con fotos falsas, ocupaciones inventadas y viviendas inexistentes apunta a un patrón organizado y sistemático. A pesar de la renuncia del ministro Cardona, aún no hay consecuencias políticas claras para la diputada Cuéllar ni para otros funcionarios involucrados.
Mientras tanto, la ciudadanía continúa a la espera de una respuesta contundente de las instituciones encargadas de combatir la corrupción.
La credibilidad del Gobierno, que prometió no repetir los errores del pasado, está en juego.
