Copinh denuncia abusos judiciales y discriminación contra el pueblo lenca, que exige sanciones contra operadores de justicia en Siguatepeque
Po Redacción de RSM
La Esperanza, Intibucá. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), junto con la comunidad Lenca de El Achiotal, alzó su voz este 25 de julio para denunciar lo que califican como «abusos de autoridad, discriminación y criminalización» por parte de jueces del Tribunal de Sentencias de Siguatepeque.
Los magistrados Marell Alejandro Suazo Avilés, Carlos Rolando Alemán Rodríguez y Víctor Antonio Cálix Ponce enfrentan acusaciones formales ante la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público por los delitos de prevaricato judicial y discriminación.
La ley al servicio del despojo
Según el comunicado del Copinh, las sentencias emitidas por estos jueces dejan en indefensión a 38 indígenas lencas, acusados injustamente de usurpación y roturación de terrenos forestales.
La organización sostiene que estas acciones forman parte de un sistema de despojo que beneficia a las élites económicas del país.
«Los operadores de justicia no están para aplicar la ley, sino para servir al poder económico», denunció el Consejo en un comunicado.
¿Por qué acusan a los jueces?
El prevaricato judicial ocurre cuando una autoridad dicta resoluciones injustas a sabiendas de que viola la ley. Así, Copinh asegura que los magistrados de Siguatepeque han actuado con desprecio hacia los derechos ancestrales del pueblo lenca, ignorando tratados internacionales que protegen a las comunidades indígenas.
A esto se suma la discriminación estructural: trato desigual, criminalización de la protesta y el desconocimiento de la propiedad colectiva de las tierras.
Copinh no se calla: exigen justicia
Frente a lo que califican como impunidad judicial, Copinh anunció acciones legales y una campaña de visibilización. Entre sus exigencias se halla la sanción inmediata a los jueces involucrados, el reconocimiento constitucional de los derechos territoriales lencas y la intervención urgente de la Corte Suprema para frenar la violencia jurídica.
«No aceptaremos que nos arrebaten lo que por derecho ancestral nos pertenece», sentenciaron.
La lucha lenca sigue viva
El comunicado cierra con un homenaje a Berta Cáceres, líder asesinada en 2016 por defender el territorio lenca, y a figuras históricas como Lempira.
La comunidad promete seguir resistiendo: «Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, nuestras voces se levantan por justicia, dignidad y paz».
¿Qué sigue?
La presión social y legal se intensifica mientras el Poder Judicial debe responder a las acusaciones.
Mientras tanto, las organizaciones internacionales ya monitorean el caso.
