Comunidades exigen cierre definitivo de Agrecasa por daño ambiental, social y de salud tras casi dos décadas de conflicto en el cerro Zapadril
Por Lissy Serén
Puerto Cortés, Honduras Desde hace más de 90 días, habitantes de varias comunidades del municipio de Puerto Cortés mantienen un campamento en resistencia contra la empresa Agrecasa del Caribe, que opera en el cerro Zapadril.
Olvin Narváez, dirigente y habitante de la comunidad de Campana, Puerto Cortés, señala que la problemática se remonta al año 2004, cuando se aprobó la concesión sin consulta previa a las comunidades, en violación de los derechos de los pueblos.
Al menos mil hectáreas afectadas
El conflicto tomó mayor fuerza desde hace varios meses, cuando los pobladores establecieron un campamento en Brisas de Tramades en protesta contra la continuidad de operaciones de Agrecasa.
Olvin Narváez explicó que las comunidades afectadas comprenden más de mil hectáreas que abarcan Baracoa, Campana, Las Delicias y el sector Medina.
De igual manera señaló que la empresa no ha cumplido con las remediaciones, compensaciones sociales ni ambientales que le fueron exigidas por las autoridades.
“El ICF demandó a esta empresa Agrecasa por tres millones de lempiras por haber dañado la microcuenca y el río Medina. A esto se suma un reciente dictamen técnico de la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), fechado el 5 de mayo de 2024, que indica que no es favorable otorgar una nueva licencia ambiental a la empresa”, afirmó Narváez.
La comunidad denuncia que más de 700 casas han sido afectadas por las explosiones de dinamita utilizadas en la extracción. Sin embargo COPECO oficialmente sólo ha reconocido 169 viviendas dañadas.
Asesinos silencian a líder de oposición a Agrecasa
Don Celedonio Cantarero, líder del campamento, relató cómo esta lucha ha sido una constante desde los inicios del proyecto en 2004. En 2013, recibieron un golpe con el asesinato del profesor René Alemán, quien lideraba la oposición comunitaria.
“Yo tomé la lucha como algo mío, 10 años que anduve buscando el despertar del pueblo”, afirmó Cantarero.
Llamaron al campamento “Dimas René Alemán” en honor al profesor asesinado. Recientemente le agregaron el nombre de otra defensora que falleció en circunstancias que los pobladores atribuyen indirectamente a la empresa.
Cantarero destacó que, aunque algunos patronatos han estado controlados por la municipalidad y la empresa, muchos ciudadanos de las comunidades han tomado conciencia y se han sumado a la lucha.
“Los patronatos estaban secuestrados por la minera, pero los ciudadanos están luchando con nosotros de una forma incondicional, admirable”, aseguró.
El movimiento cuenta con el respaldo de organizaciones como Cristosal, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), así como redes de apoyo nacional e internacional.
Además, están en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), que trabaja para que el caso sea llevado por un juez de jurisdicción nacional, ante la desconfianza hacia las autoridades locales en Puerto Cortés y San Pedro Sula.
Las mujeres, protagonistas de la resistencia
Maribel Dubón, una de las mujeres activas en este campamento, indicó: “Estamos aquí en la lucha porque la verdad esta mina nos ha venido a hacer muchos daños en salud, en el agua, en las casas. Nuestras casas están todas rajadas. Muchas personas tienen ronchas, el cabello se les está cayendo”.
Las comunidades se organizan para cocinar, vender alimentos y de esa manera obtener ingresos para poder mantenerse en el campamento. De igual manera reciben donaciones en víveres o efectivo de vecinos solidarios.
Las comunidades exigen al Estado el cierre definitivo de la cantera Agrecasa. Argumentan para ello daños irreparables al medio ambiente, la salud pública, la infraestructura comunitaria y el tejido social.
“El paisajismo se perdió. Las aguas están contaminadas. Ya no soportamos más”, concluyó Olvin Narváez.
