A casi un año del asesinato de Juan López, audiencia preliminar contra hechores se llevó a cabo ayer tras múltiples retrasos mientras defensores ambientales en Honduras siguen en peligro
Por Lissy Serén
Fotos: Dunia Orellana y Poder Judicial
Tegucigalpa, Honduras. La audiencia preliminar contra los tres supuestos autores materiales del asesinato de Juan López se llevó a cabo ayer en San Pedro Sula tras múltiples retrasos judiciales. Esta demora desnuda retrasos injustificados y fallas del sistema judicial y en la falta de protección estatal para quienes defienden el territorio.
Se conoció durante la audiencia que el Estado rechazó la petición de un procedimiento abreviado y se enfocó en los cargos por los delitos de asesinato y asociación para delinquir. A continuación, el Ministerio Público justificó su decisión de ampliar el proceso contra los tres señalados por el crimen contra Juan López. Al final de la audiencia, el juez indicó que dentro de tres días emitirá el auto de apertura de juicio.
Poco antes de la audiencia, organismos y personas interesadas en el caso se reunieron en un foro virtual, donde exigieron una investigación exhaustiva y transparente del asesinato de Juan López. Además de recordar el legado del ambientalista, señalaron que el proceso legal enfrenta graves retrasos, a pesar de la captura de los supuestos autores materiales. El equipo jurídico y el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos denuncian la lentitud del proceso, clave para llegar a los autores intelectuales.
Por su parte, Claudia Paz y Paz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), resaltó el valor de Juan como defensor ambiental. Además, subrayó que su lucha es una fuente de inspiración en contextos donde el Estado no protege la vida y labor de quienes defienden lo público.
Paz señaló que el asesinato fue contra contra una persona defensora de derechos humanos que contaba con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ese mismo año, la cual llevaba obligaciones específicas para el Estado de Honduras de proteger la vida y la integridad.
A investigar los ataques
La representante de Cejil mencionó que en el caso de Jeannette Kawas ya hay una sentencia contra Honduras.
Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de permitir que las personas defensoras hagan su labor y de protegerlas. Asimismo, debe abstenerse de poner obstáculos y está obligado a investigar de forma pronta y eficiente los ataques, especialmente si se trata de un asesinato, lo cual evidentemente no ocurrió en el caso del ambientalista López.
En su intervención, Paz enfatizó que que la investigación debe de ser oportuna y exhaustiva hasta llegar a los autores intelectuales que ordenaron el asesinato del defensor.
Por otro lado, subrayó la importancia de avanzar en la identificación de los autores intelectuales. De igual manera, instó a la Fiscalía a aceptar apoyo externo, nacional e internacional, para orientar sobre cómo preservar, adquirir y presentar estas pruebas tan importantes.
Paz añadió que es importante la presencia de personas expertas en la Fiscalía para que orienten en la realización de investigaciones financieras, análisis de teléfonos y otras pruebas periciales. Subrayó que los ojos están sobre la Fiscalía de Honduras y su efectividad para esclarecer el caso.
¿Ocultan intereses protegidos?
Juana Zúniga, del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, señaló que Juan fue un “gran maestro”. Lo recordó como alguien lleno de humildad, generoso, siempre presente en todas las luchas sociales y portando “su bolsita, su gorrita y ese libro” que lo acompañaba a cada reunión.
Zúniga destacó además que la exigencia principal es identificar a quienes pagaron, ordenaron y planificaron el asesinato de López. Expresó que su muerte no debe quedar impune y que fue consecuencia directa de su labor incansable, denunciando corrupción y defendiendo recursos comunes.
Zúniga evocó a su compañero, quien, pese a estar recién operado, asistió a una audiencia en Tegucigalpa y agregó que su entrega fortaleció la lucha comunitaria.
La defensora recalcó la necesidad de llegar a la verdad para evitar que más defensores sean asesinados e insistió en la lucha colectiva por el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía.
De igual modo reclamó que la justicia trascienda a los tres supuestos autores materiales presos para revelar los intereses protegidos que siguen operando. Para Zúniga, la corrupción, la complicidad y la prolongación del proceso legal no son más que estrategias de desgaste contra los defensores.
Juan López, semilla de resistencia
Juana Zúniga destacó que, a pesar del agotamiento, la incertidumbre y las campañas de difamación, la comunidad mantiene el compromiso y el amor colectivo por la defensa del territorio.
En su participación, Juana Zúniga citó una enseñanza de Juan: «Ya no podemos retroceder», aunque reinan el miedo y la incertidumbre en el contexto político actual.
De igual manera, afirmó que el legado de Juan seguirá floreciendo como semilla de resistencia y que la justicia debe traducirse en la liberación del parque, no solo para este sitio, sino también para todos los concesionados o vendidos.
Zúniga recordó las palabras de López: «Me quitan la vida por la defensa del parque nacional. Con gusto la doy y que el parque quede liberado». Asimismo, exigió la implementación del decreto 18‑2024, actualmente no aplicado y militarizado por la empresa Pinares Ecotek.
MP les faltó el respeto: Tábora
El abogado Edy Tábora, del Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos, se pronunció sobre el retraso y el avance del caso de Juan en su proceso penal.
Tábora enfatizó en que, a pesar de que la Fiscalía capturó a tres acusados de ser los autores materiales del asesinato, entre ellos Óscar Alexis Guardado, señalado como quien disparó a Juan López, no se presentó apelación por el auto de formal procesamiento.
De igual manera, señaló que, como parte acusadora en representación del Comité de Bienes Públicos y Comunes de Tocoa y de la familia de Juan López, solicitaron una reprogramación en acuerdo con la fiscalía para realizar investigaciones relacionadas con los autores materiales y avanzar con los autores intelectuales.
Tábora lamentó el retraso en la audiencia preliminar, ya que considera que ha pasado tiempo suficiente para tener resultados importantes. Añadió que es falta de respeto y empatía que el Ministerio Público no les haya informado antes sobre la suspensión de la audiencia preliminar para comunicarlo a las víctimas, las comunidades y la gente a nivel nacional e internacional que estaba siguiendo el caso.
En riesgo de impunidad caso Juan López
El abogado Edy Tábora afirmó que desde el principio se plantearon dos hipótesis sobre los autores intelectuales del crimen. En primer lugar, explicó que el asesinato fue una represalia por el trabajo de López en la defensa de los derechos humanos, ambientales y comunitarios.
En segunda instancia, Tábora apuntó que entre los posibles motivos se hallan los intereses de la empresa minera Los Pinares Ecotek y la municipalidad de Tocoa, particularmente del alcalde Adán Funes.
El representante del Bufete criticó al Ministerio Público por no haber logrado resultados suficientes, pese a la apertura inicial. Señaló demoras en diligencias clave, como la prueba tecnológica, debido a la falta de equipos especializados en Honduras.
Alertó que, si persiste esta lentitud, el caso está en riesgo de permanecer impune, especialmente a medida que se acerca el aniversario del crimen. También reclamó garantías para la integridad de las pruebas y protección efectiva para testigos y víctimas.
Por último, pidió al Estado garantizar la vida de las y los defensores del Comité Municipal de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, y cumplir lo que dice la medida cautelar 137-2023 como una obligación estatal.
