Dorca hablaba tres idiomas, warao, portugués y español, pero ninguno fue suficiente para traducir su derecho a vivir
Por Paula Guimarães (@paulapgui)
Arte: Gabriela Tornai (@gabrielatornai_)
Publicado originalmente en Catarinas
Brasil. A los cinco años, Dorca era un símbolo de esperanza: una de las niñas indígenas venezolanas incluidas en las escuelas públicas de Manaus, dentro de un programa de integración para refugiados. Vestida con uniforme escolar y con ojos brillantes, apareció en un comunicado de ACNUR en 2018, junto a su tía.
Siete años después, Dorca, de doce años, ya no frecuentaba la escuela. Vivía con sus padres y cuatro hermanas en una carpa de lona en la ocupación Tierra Madre, en Betim, en la región metropolitana de Belo Horizonte. Fue allí donde enfermó y entró en agonía, mientras la comunidad intentaba ayudarla con oraciones y cuidados caseros. El 13 de julio, murió en el Centro Materno Infantil de Betim, tras una cesárea de emergencia debido a graves complicaciones de eclampsia.
Dorca Mata Rattia sufrió una crisis de eclampsia que evolucionó hacia una hemorragia cerebral y un shock circulatorio. El certificado de defunción registró como causas de la muerte «shock, hemorragia subdural aguda y eclampsia». Habría cumplido 13 años el pasado 6 de septiembre.
El diagnóstico de preeclampsia llegó demasiado tarde. Se trata de una complicación grave en el embarazo, ligada a la mala formación de la placenta, que aumenta la presión arterial y puede llevar a convulsiones, hemorragias cerebrales y fallo orgánico. En niñas embarazadas, el riesgo de incidencia y complicaciones fatales es hasta cinco veces mayor que en mujeres adultas. El único tratamiento eficaz para salvaguardar la vida es la interrupción del embarazo, según lo preconizado por la legislación brasileña, ya que el procedimiento adoptado en estas situaciones es la retirada de la placenta para que el cuadro clínico no se agrave y no evolucione.
El reportaje visitó la comunidad después del sepelio de la niña, escuchando a familiares, líderes Warao y representantes de organismos públicos para reconstruir los hechos que precedieron su muerte.
Todo sucedió en poco más de tres días. El jueves 10 de julio, Dorca fue atendida en la Unidad Básica de Salud Campos Elíseos. Llegó a la consulta con náuseas y dolor de cabeza, pero solo recibió una receta de ácido fólico, medicamento para las náuseas y derivaciones para exámenes.
Al llegar al puesto, creían que Dorca estaba al inicio del embarazo — y salieron de allí sin recibir ninguna información que indicara lo contrario, a pesar de que ya tenía 32 semanas, tampoco fueron informados de la gravedad de la situación. Junto a la requisición del examen, constaba el recordatorio de que la consulta había sido marcada para el 29 de julio, cuando ella ya completaría 35 semanas de gestación.
En una nota, el órgano afirmó que, «en razón del embarazo ya avanzado y de la edad de la paciente», los exámenes de Dorca habrían sido priorizados. Sin embargo, documentos obtenidos por Catarinas muestran que la unidad emitió solo pedidos de exámenes de «primer trimestre», protocolo inicial del prenatal — sin ninguna mención a la etapa avanzada del embarazo o derivación inmediata a urgencias.
Sin embargo, el padre, Wilme Mata, de 39 años, relató que la atención fue rápida y sin la triaje adecuada, ya que no hubo medición de la presión arterial — condición esencial para diagnosticar la preeclampsia. «La atendieron, pero no le vieron la presión. Cuando ella salió de casa para el puesto de salud estaba vomitando mucho», cuenta Wilme.
El órgano afirmó además que Dorca llegó caminando, «sin ninguna señal clínica de anormalidad», se negó a responder preguntas del equipo médico y que la única queja relatada por la tía eran náuseas.
La municipalidad afirmó que el Consejo Tutelar habría sido contactado por teléfono durante la atención. Sin embargo, un consejero escuchado por el reportaje dijo que el órgano solo fue notificado el sábado, por el equipo del hospital, y formalmente recién el lunes — después de la muerte de Dorca — cuando ya no era posible adoptar medidas protectoras.
En la atención en el puesto de salud, nadie mencionó el derecho al aborto legal, ni los riesgos de un embarazo infantil. Por la ley brasileña, todo embarazo en menores de 14 años es considerado violación de vulnerable, lo que asegura este derecho. El diagnóstico de preeclampsia también autoriza la interrupción, ante el riesgo para la vida de la niña.
Los padres sabían del embarazo hacía alrededor de un mes, pero aún no habían buscado atención médica. «Como ella estaba bien, toda la familia decidió quedarse en casa», cuenta su tío, Andy Tovar, de 24 años, a Catarinas.
«No esperábamos una muerte así. Ella todavía era una niña, solo tenía 12 años. Tenía mucha vida por delante», lamenta el tío paterno.
Entre oraciones, socorro y diagnóstico tardío
Durante aquella noche y madrugada después de volver del puesto de salud, Dorca ya no parecía la misma. Intentó tomar medicamento para las náuseas, pero su cuerpo ya no reaccionaba bien.
La líder comunitaria Flávia Gomes Fabiano, de 42 años, intentó consolarla con alimentos livianos y un par de medias para espantar el frío. Incentivó a Dorca a comer frutas y dijo a la familia que, si el cuadro empeoraba, la llevaría al médico. «Hacía frío, le puse las medias en los pies y les dije que le dieran un cuchillo para pelar las naranjas».
El padre relata que, durante la madrugada, Dorca se quejó de dolor de cabeza y mucho sueño, hasta perder la conciencia. Alternaba entre períodos de somnolencia profunda y crisis convulsivas.
La familia pasó la madrugada en vela y oraciones. En la cosmovisión de la familia perteneciente a la etnia indígena Warao, se creía que Dorca podría estar bajo el efecto de un hechizo, lo que retrasó la búsqueda de atención hospitalaria.
Al día siguiente, el viernes bien temprano, Dorca ya no respondía a estímulos, cuando Flávia llegó a la carpa de lona para prestar socorro. El tío había llamado pidiendo ayuda. «Le pregunté si todavía estaba vomitando. Él respondió: ‘Flávia, baja y ve con tus propios ojos'», recuerda la líder.
Al llegar, encontró a Dorca acostada, con una biblia en la mano, rodeada por la familia. Estaba inconsciente. La líder, que vive cerca de la ocupación y tiene una tienda a unos 200 metros de allí, fue quien la llevó al hospital con la ayuda de su marido. La ambulancia (Samu) demoraría y no había tiempo que esperar.
Mientras socorría a Dorca, Flávia llamó al puesto de salud para que el equipo contactara con la maternidad donde llevaban a la niña, para avisar de la gravedad del caso. La asistente social atendió el pedido e hizo esa llamada, informando que Flávia estaba en camino con la niña. «Vi que era cuestión de horas».
En la maternidad, Dorca recibió prioridad de atención. Aparentemente inconsciente, fue enviada inmediatamente a exámenes de urgencia.
«La llamaba por su nombre, le decía ‘tranquila, Dorca, yo estoy aquí’, le tomaba la mano. Ella abría los ojos por instantes, pero no dijo una palabra desde que salió de casa hasta el hospital», recuerda la líder comunitaria.
La niña fue sometida a una ultrasonografía de urgencia, que reveló una etapa avanzada del embarazo — alrededor de 32 semanas, más tiempo de gestación del que los familiares imaginaban. La noticia causó espanto, sobre todo en el padre, que no creía que su hija estuviera tan cerca del final de la gestación y resistía la idea de una cesárea.
Durante el examen, los médicos también notaron señales de somnolencia excesiva y decidieron realizar una tomografía para investigar posibles complicaciones neurológicas. Ante los riesgos, el equipo optó por anticipar el parto. «Enseguida salió la noticia de que había nacido un bebé. El padre entró en shock, yo entré en shock», recuerda Flávia.
Alrededor del mediodía, fue sometida a una cesárea de emergencia. El bebé fue llevado a la incubadora, mientras Dorca presentó un accidente cerebrovascular, consecuencia de la preeclampsia, y necesitó ser enviada urgentemente a una cirugía neurológica. «El médico dejó bien clara la situación y dijo que solo quedaba en manos de Dios, ¿no? Que ella era una niña fuerte, que estaba resistiendo mucho», relata Flávia.
El sábado, el cuadro se agravó, y Dorca sufrió paradas cardíacas. Ante la gravedad, el equipo médico flexibilizó protocolos y permitió que el padre, la madre y las tías permanecieran con ella en la UCI. También autorizaron oraciones en el lecho, en respeto a las prácticas religiosas de la familia.
El domingo por la mañana, Dorca no resistió. Falleció a los 12 años, después de días de sufrimiento que podrían haberse evitado con diagnóstico precoz y acceso a cuidados adecuados. «Me puse muy triste. Sabes, ver la manera en que murió, la manera en que quedó», cuenta la vecina.
El bebé sobrevivió y permaneció unos 20 días en la UCI antes de recibir el alta. Fue registrado a nombre de Dorca y del joven que la embarazó.
Andy, el tío, resaltó que ellos reconocen que esta situación no debería haber pasado con Dorca, que aún era muy joven.
«Si ese hombre no hubiera embarazado a Dorca, esto no habría pasado. Ella era todavía una niña de 12 años, una criança, ni siquiera era adolescente», destaca. «Lo que nosotros queremos es que alguien responda por su muerte», complementa.
Al ser cuestionados, el padre y el tío afirmaron que habrían autorizado la interrupción del embarazo si hubieran sabido que esa era la única forma de salvar la vida de Dorca.
El ataúd en lugar de la hamaca
El velorio de Dorca se realizó en la ocupación, durante una noche entera, de lunes a martes, un día después del fallecimiento, prolongando el plazo habitual de las ceremonias fúnebres. Hubo resistencia por parte de la familia a realizar la ceremonia fuera del territorio donde viven, tampoco aceptaron que ocurriera durante el día.
La madre y la abuela insistieron en que el cuerpo de Dorca debía permanecer en la carpa, exactamente en la posición donde antes estaba su hamaca, en la que dormía, a pesar de las limitaciones de espacio. «Entonces, tenía que ser en la posición que quedaba la hamaca, así lo hicimos, ¿no? Pusimos su ataúd cerca de donde ella dormía», contó Flávia.
Algunos familiares se turnaban al lado del ataúd, lamentándose en voz baja. En determinado momento, Flávia escuchó palabras en warao, y pensó que una de las tías de Dorca estaba cantando una canción tradicional. Curiosa, preguntó al tío de la niña qué decía. Él explicó: era un lamento. La tía cuestionaba a Dorca, triste, por no haber escuchado los consejos tantas veces repetidos: «La niña no se involucra con niños. La niña no se queda en medio de niños.»
Dos días después de su muerte, Dorca fue sepultada en el cementerio Parque das Cachoeiras, en Betim, con oraciones conducidas por un pastor Warao. Durante el velorio, una tía de Dorca intentó agredir al padre del joven responsable del embarazo de la niña. «Le pregunté a él ‘¿por qué viniste?’ No podías haber venido. Ahí él me habló: ‘Flávia, yo no tengo la culpa'», recuerda la líder.
Warao, portugués, español no tradujeron el derecho a la vida para Dorca
Dorca probablemente quedó embarazada alrededor de mediados de diciembre de 2024. Un mes después, partió junto con la familia de viaje a Vitória da Conquista (Bahía), de donde solo volvieron en mayo. Durante ese período, náuseas y aversión a ciertos alimentos encendieron la señal de alerta. Una prueba de farmacia confirmó la sospecha.
El padre describió a Dorca con cariño: «Mi hija era buena, cariñosa, gordita…». Contó que, por causa de su cuerpo, nadie sospechaba del embarazo. «Ustedes ni imaginaban», dijo, reforzando que la barriga no parecía de una niña embarazada. «Ella estaba muy fuerte, no sabía de nada». La sorpresa fue grande, y recordó con tristeza cómo todo sucedió de forma silenciosa, sin que la familia tuviera ninguna señal clara de lo que estaba por venir.
Así que supieron de la situación, el padre de Dorca llamó al joven responsable del embarazo para resolver el asunto solo entre las familias. Convocó al muchacho, a su padre y a su madre para una conversación. El acuerdo era que el joven pasaría a vivir con ella en la carpa de la familia, pero eso no sucedió. «Intentamos resolver entre las familias, pero él no cumplió lo combinado de cuidar de ella y del bebé», cuenta el padre.
La edad del muchacho fue objeto de divergencias: mientras algunas personas afirmaban que tendría unos 19 años, la familia presentó documentos a la policía que indican que tenía 16. Ante la muerte de Dorca, seguida del incumplimiento de lo acordado entre las familias, los parientes ahora quieren que el joven sea responsabilizado, conforme a la ley brasileña. Aunque la gestación fue inicialmente aceptada por acuerdo entre las familias, la tragedia reveló la gravedad de la violación.
Según el tío y el padre, Dorca soñaba con volver a estudiar. En Minas Gerais, habría frecuentado la escuela mientras la familia vivió en Belo Horizonte, en 2022 y 2023, pero dejó de estudiar después de mudarse a Betim. La transferencia no se concluyó por dificultades financieras y trabas burocráticas para obtener la documentación escolar, según los dos parientes. «Yo siempre le decía que estudiara, que aprendiera, que consiguiera trabajo. No esperaba que fuera a tener un hijo tan temprano», relata el padre.
Contactamos a las secretarías municipales de Educación. La de Belo Horizonte informó que la Ley General de Protección de Datos impide la divulgación de la trayectoria escolar de los alumnos y añadió que los pedidos de transferencia deben ser hechos por el representante legal del menor y son concedidos inmediatamente. La de Betim fue cuestionada sobre la matrícula y el acompañamiento de Dorca, además de las políticas de protección de niños indígenas, pero no respondió hasta la publicación de este reportaje.
Fuera de la escuela, Dorca ayudaba en casa: le gustaba jugar, especialmente al fútbol y voleibol, y también cuidaba de sus hermanas. Ya embarazada, llegó a cuidar de la hermana recién nacida durante el primer mes de vida. «Cuando supo del embarazo, ella lo entendió, le dimos mucha orientación sobre cómo es estar embarazada y cómo es cuidar a un bebé», dijo el padre. «Mi hija jugaba con la familia, jugaba a la pelota, ahora quedó este vacío», revela.
El tío cree que Dorca se puso triste al descubrir el embarazo, mientras el padre afirma que la tristeza vino solo después, cuando el joven que la embarazó la abandonó y no cumplió el compromiso de cuidarla.
Dorca hablaba warao, portugués y un poco de español, pero ningún idioma fue capaz de alcanzar el mundo que le garantizaría la chance de elegir vivir.
Estamos hablando de matar niños — o de dejarlos morir
La ginecóloga Helena Paro, coordinadora del Núcleo de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (Nuavidas) en Uberlândia, afirma que todas las muertes maternas por causas obstétricas directas son evitables con acompañamiento adecuado.
En el caso de Dorca, un diagnóstico precoz podría haber permitido la interrupción del embarazo por medio de parto anticipado o aborto, conforme a la decisión de la familia. «Ella no fue al puesto para comenzar el acompañamiento del embarazo. La queja era clara: ‘mi hija está embarazada, está vomitando demasiado, está muy mal’. La triaje no podía limitarse a abrir un prontuario y prescribir vitaminas», afirma la médica.
Según la ginecóloga, síntomas como los de Dorca — vómito persistente y dolor de cabeza en una niña embarazada — ya exigirían una evaluación clínica minuciosa, con medición de la presión arterial para identificar señales de preeclampsia y medición de la altura uterina para determinar la edad gestacional. «Poner la mano en su barriga ya era algo que debería haberse hecho. Pero el primer paso, el más básico, era medir la presión.»
En la evaluación de la obstetra, hubo una falla grave en la triaje, posiblemente caracterizando impericia. «Esta no es una enfermedad que mata de un día para otro. Los síntomas comienzan a aparecer alrededor de la semana 20 de gestación. La preeclampsia ya estaba instalada.»
Dorca podría haber interrumpido legalmente el embarazo, no solo por tratarse de violencia sexual, sino también por el riesgo de muerte inherente al embarazo infantil. «Las unidades de salud raramente ofrecen esa orientación, lo que impide decisiones informadas. El problema es que esa información simplemente no les llega a ellos en las unidades de salud», señala la médica Helena Paro.
Para la ginecóloga, la cultura indígena no puede usarse como justificación para negar ese derecho. «Las personas pueden correr riesgos, pero necesitan tener autonomía para decidir», afirma.
«Estamos hablando de matar niños — o de dejarlos morir, lo que, para mí, es la misma cosa», añade.
El acceso a ese derecho tropieza con otra barrera concreta: en Minas Gerais, solo el Nuavidas, en Uberlândia, donde Helena actúa, realiza el procedimiento después de 22 semanas. Un plazo crítico, ya que muchas niñas, como Dorca, solo descubren el embarazo tardíamente.
Las omisiones que dejaron morir a Dorca
La serie histórica del Datasus muestra que, entre 1996 y 2023, Brasil registró casi 700 mil nacidos vivos de niñas con hasta 14 años — un promedio de 25 mil por año, incluyendo 18 partos de niñas con menos de 10 años. En 2024, el número cayó a 11,359, pero sigue revelando la permanencia de la maternidad precoz.
En el mismo período, 414 niños de 10 a 14 años murieron por causas maternas, equivalente a un promedio de 15 óbitos anuales. El pico ocurrió en 2010, con 25 muertes, y otros años también presentaron números elevados, como 2012, con 23 registros. Aunque los últimos años indican una reducción — 7 óbitos en 2020 y nuevamente 7 en 2023 —, el problema no fue superado en casi tres décadas.
La tasa de mortalidad materna entre niñas de 10 a 14 años fue de 59 muertes por 100 mil nacidos vivos, prácticamente igual a la tasa global nacional del mismo período (57.2). En 2024, el escenario siguió preocupante: la tasa general cayó a 52.52, pero entre niñas de esa franja de edad fue de 52.82 — prácticamente la misma. Este dato más reciente refuerza que, incluso con la caída en el número de nacimientos infantiles, el riesgo de muerte materna asociado a la maternidad precoz permanece alto y no disminuye en la misma proporción.
De acuerdo con un estudio realizado en el contexto latinoamericano, niñas de hasta 14 años corren un riesgo hasta cinco veces mayor de morir durante la gestación, el parto o el puerperio en comparación con mujeres adultas.
«Es espeluznante constatar que, en treinta años, nada cambió en relación a las muertes maternas de niñas de hasta 14 años. Primero, porque son muertes totalmente evitables. Segundo, porque la forma más segura de prevenirlas es garantizar el acceso al aborto, ya que son gestaciones derivadas de violación de vulnerable», afirma la médica Helena Paro.
Tampoco es aislada la incidencia de embarazo en niñas indígenas, como muestra la serie Niñas Madres, del Instituto AzMina, ellas son las más afectadas por la maternidad infantil. En los últimos diez años, entre los cien municipios con mayores tasas de fecundidad entre niñas de 10 a 14 años, al menos noventa están en regiones de fuerte presencia indígena.
Para la socióloga Nelita Frank, del Núcleo de Mujeres de Roraima (NUMUR), la trayectoria de Dorca refleja un patrón de negligencia institucional.
«Son miles de niñas indígenas y no indígenas que sufren violaciones, sufren violencia sexual, que son abusadas, eso resulta en embarazo. Y en su mayoría, esas niñas, cuando van a un puesto de salud, son derivadas al prenatal, cuando deberían ser derivadas al servicio de aborto legal», señala.
En la evaluación de la investigadora, el caso también puede revelar racismo institucional: «¿Pasó por la triaje? Porque, si pasó y no se hizo la medición de la presión, no informó si tenía alguna queja derivada del embarazo, entonces sí se caracteriza racismo institucional y negligencia. Porque, en verdad, la niña ya se estaba muriendo.»
La antropóloga Gilmara Fernandes, del Consejo Indigenista Misionero (Cimi), recuerda que, en algunos pueblos indígenas, los matrimonios y maternidades precoces son comunes, pero suelen estar rodeados por una red de apoyo. «Está la madre, la abuela, la hermana, toda una comunidad que acoge a esa niña.» La realidad de Dorca, sin embargo, era distinta: alejada de su comunidad de origen y viviendo en situación de gran vulnerabilidad, no tuvo ese amparo colectivo. Y, diferentemente de otros contextos, su embarazo no derivó de un matrimonio inicialmente arreglado entre familias.
Dorca vivía en la Ocupación Tierra Madre, formada en septiembre de 2023 por alrededor de 150 personas de los pueblos Warao y Tikuna, estos de Brasil. La carpa de lona y madera donde vivía no protegía del frío ni del calor. En los tanques improvisados, el agua sirve al mismo tiempo para el baño, para lavar los platos y la ropa. Sin saneamiento básico o infraestructura, la supervivencia de la comunidad depende de remiendos e improvisos diarios.
El terreno ocupado es particular y no reconocido como territorio indígena, lo que excluye a las familias de la cobertura de la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai). La precariedad se suma a la ausencia de mediación cultural en el sistema de salud. «Ellos solo buscan el SUS cuando ya están en la última hora, porque la enfermedad es vista como un ‘soplo’, un hechizo que necesita ser retirado antes del uso de medicamentos», explica Gilmara. «Y nuestro sistema de salud no está preparado para entender eso.»
Después de dejar Venezuela, las familias Warao pasaron a desplazarse entre ciudades, dependientes de políticas públicas de acogida. En Belo Horizonte, el cierre de un albergue a fines de 2024 llevó al encaminamiento hacia otros municipios, pero la medida acabó creando un vacío de protección, al inviabilizar el acompañamiento en servicios esenciales de salud, educación y asistencia social, según explica Laura Queslloya, del Colectivo de Mujeres Migrantes – Cio da Terra.
La Municipalidad de Betim afirma que su competencia legal es garantizar a la comunidad indígena Warao acceso a salud, educación y cultura, respetando sus costumbres. Desde octubre de 2023, dice haber promovido acciones preventivas, como vacunación, orientación nutricional, prácticas integrativas, atendimientos de Salud de la Familia, inclusión en programas sociales y encaminamientos a la red escolar.
En una nota, la gestión alega enfrentar resistencias de los líderes Warao para acceder a la ocupación y ofrecer la asistencia debida. Informa además que, desde 2023, mantiene tratativas con órganos federales y estatales — entre ellos la Defensoría Pública de la Unión, la Funai, el Ministerio de los Pueblos Indígenas, la Defensoría Pública de Minas Gerais, el Ministerio Público y el Tribunal de Justicia del estado — con el objetivo de regularizar la situación y garantizar atención conjunta.
Representantes de la sociedad civil, sin embargo, critican el carácter puntual de las acciones.
«En la ocupación no hay acompañamiento continuo. Es un espacio descuidado en todo. El SUS llega, aplica la vacuna y se va. Así no funciona», afirma la representante de Cio da Tierra.
La desigualdad de género refuerza la vulnerabilidad. «Las mujeres están en un papel detrás del protagonismo de los hombres, son ellos los que hablan, los que se colocan, los que se expresan más. La cuestión de los derechos sexuales y de justicia reproductiva es totalmente distante», añade Laura. Ella afirma tener conocimiento de nuevos casos de embarazo entre adolescentes, incluso cuando hay posicionamiento contrario de algunos líderes Warao.
En la evaluación de Catalina León Amaya, de la colectiva Mujeres en Migración por la Paz – MeMiPaz, la omisión estatal es agravada por el modo en que prácticas que violan derechos son relativizadas como parte de la cultura. «El hecho es que una niña no tenía por qué quedar embarazada. El embarazo la colocaba automáticamente en riesgo de muerte. Ese es el hecho», afirmó la representante. Y cuestionó:
«¿Dónde está el acceso a la salud reproductiva para las familias Warao? ¿Dónde está el conocimiento, el acceso a la información? ¿Esa familia sabía que, en una situación de embarazo, el riesgo de muerte aumentaba?», cuestiona la integrante del colectivo voltado a los derechos de las migrantes.
La vulnerabilidad es aún mayor porque los Warao llegan a Brasil ya fragilizados por enfermedades como neumonía, tuberculosis y hepatitis. «Es un pueblo que viene con agravios de salud ya de mucho tiempo», afirma Gilmara. «Las mujeres, cuando quedan embarazadas, no tienen acceso al prenatal ni a todo lo que sería necesario. Hubo falta de atención calificada en la salud de Dorca también.»
La movilidad, rasgo del pueblo Warao, dejó de ser elección y pasó a ser consecuencia de la falta de acceso a derechos básicos. Esa inestabilidad afecta directamente a los niños, que incluso matriculados en escuelas de Betim enfrentan racismo y barreras culturales que llevan al abandono. En uno de los episodios más emblemáticos, después de un reportaje que asociaba indígenas a enfermedades, residentes pidieron su retirada y niños fueron rechazados por compañeros, lo que llevó a muchos de ellos a abandonar los estudios.
El indigenista Pablo Matos Camargo, de la Funai, dijo haber sido informado por la Secretaría de Educación de que la mayoría de los niños de la ocupación Tierra Madre está matriculada en escuelas públicas de Betim, pero reconoce que la permanencia enfrenta barreras culturales y estructurales. «Hay resistencia de las propias escuelas y dificultad en el aprendizaje por la diferencia cultural, del idioma, de las costumbres», explica el indigenista.
El Ministerio de los Pueblos Indígenas lamentó la muerte de Dorca, pero afirmó no haber sido oficialmente comunicado sobre el caso. La cartera destacó que actúa para dar visibilidad a las vulnerabilidades de los pueblos indígenas en movilidad, especialmente mujeres y niños, y citó acciones como la cartilla para los Warao, la investigación sobre desplazamiento indígena y la construcción de la Política Nacional de Mujeres Indígenas. Resaltó además que la responsabilidad por las políticas de salud es del Ministerio de Salud, por medio de la Sesai.
El derecho de elegir vivir
La Secretaría de Estado de Salud de Minas Gerais informó que, en casos de violencia sexual, la red estatal cuenta con hospitales de referencia, 34 de ellos habilitados para realizar el aborto legal. Sobre el caso de Dorca, afirmó no haber recibido notificación de fallas en Betim y dijo que la investigación del óbito es responsabilidad del municipio de residencia.
La secretaría destacó que, por ley, todo embarazo en niñas menores de 14 años debe ser notificado inmediatamente a las autoridades y acompañado de la oferta de tres posibilidades: mantener el embarazo, optar por la entrega protegida del bebé o realizar la interrupción legal.
«Esta oferta debe hacerse con información clara y completa, garantizando la autonomía del niño/adolescente en conjunto con sus responsables legales. Se prohíbe cualquier forma de inducción, juicio de valor o imposición de creencias por parte de los profesionales de la salud», resalta el órgano.
La Policía Civil concluyó que el caso configura un acto infracional análogo al delito de violación de vulnerable (art. 217-A del Código Penal) y recomendó una medida socioeducativa para el adolescente de 16 años. Según la comisaria Patrícia Soares Godoy, «el adolescente admitió haber mantenido relaciones sexuales con la víctima en al menos tres ocasiones desde fines de 2024, alegando desconocer la ilicitud del acto».
La Defensoría Pública de Minas Gerais ya ha recibido relatos de niñas Warao víctimas de violencia sexual y de infecciones como sífilis. Muchos casos no son denunciados por miedo, desinformación o barreras lingüísticas, explica la defensora Daniele Bellettato, de la Coordinadoría Estratégica de Promoción y Defensa de los Derechos de los Niños y Adolescentes. Ella cita el caso de una niña entregada en matrimonio, a los diez años, a un cacique mucho mayor.
Desde 2019, el órgano acompaña a estas familias en Belo Horizonte y señala como principal obstáculo el choque entre la legislación brasileña y las prácticas culturales que naturalizan los matrimonios y la maternidad precoces. La barrera se agrava por el hecho de que muchas mujeres solo hablan warao, lo que dificulta el acceso a los servicios públicos. Aunque el pueblo sea descrito como matriarcal, prevalece, según una investigación de la defensora pública federal Sabrina Nunes, una dinámica de dominación masculina que silencia a las mujeres y favorece la violencia de género.
Para enfrentar este escenario, la Defensoría promovió círculos de conversación separados por género, con el fin de crear un espacio seguro para las mujeres. «Así, pudieron expresarse libremente, algo que no ocurre cuando los hombres están presentes», relata Daniele. En estas reuniones, el equipo explica los límites de la ley brasileña: «Les expliqué que, en Brasil, la relación sexual con menores de 14 años es un delito, incluso con el consentimiento de la familia. Se sorprendieron».
En Venezuela, las relaciones con menores de 13 años también están prohibidas, pero la ley admite vacíos legales en casos entre 13 y 16 años, sobre todo cuando hay consentimiento presunto o vínculos culturales. Esta diferencia refuerza la dificultad de mediación legal y cultural en Brasil.
La defensora aboga además por el reconocimiento de la autonomía progresiva de las niñas en situaciones de violencia.
«Ellas son sujetos de derechos y deben tener su autonomía respetada. No pueden ser tratadas como incapaces. Tienen discernimiento para entender y decidir».
Este principio, previsto en el Estatuto del Niño y del Adolescente, garantiza que los niños y adolescentes participen en las decisiones que afectan sus vidas, especialmente en temas relacionados con la salud y la protección. Para Dorca, esa decisión era una cuestión de vida o muerte, pero su derecho a elegir no fue garantizado.
El Ministerio de los Pueblos Indígenas y el Ministerio Público de Minas Gerais fueron contactados por el reportaje, pero no se manifestaron hasta el cierre de la nota.
