Una facción legislativa declara ilegal la sesión del Congreso Nacional y demanda a las FF.AA. detener al actual presidente del legislativo por «traición a la patria», mientras el país enfrenta una fractura institucional sin precedentes
Por Redacción de RSM
Tegucigalpa, Honduras. Una facción disidente del Poder Legislativo, autodenominada «Congreso Alterno», presentó este jueves una resolución de extrema gravedad que ordena a las Fuerzas Armadas de Honduras capturar al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y a otros diputados, acusándolos de «subvertir el orden constitucional» y de «traición a la patria».
La medida, sin paralelo en la historia democrática reciente del país, busca anular una sesión extraordinaria convocada por Redondo para discutir el informe de las elecciones generales de 2025 y marca el punto más álgido de una crisis política que podría derivar en una intervención militar directa en los asuntos civiles.
La diputada Fátima Mena, identificada como Presidenta del Congreso Alterno, y Maribel Espinoza, su Secretaria, fueron las encargadas de introducir el controversial proyecto de resolución. El documento se fundamenta en una interpretación de la Constitución que, según ellas, obliga a las Fuerzas Armadas a «intervenir para mantener o restablecer el orden constitucional» cuando este es quebrantado.
El núcleo del conflicto: ¿Quién tiene la autoridad?
La crisis estalló cuando el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó una sesión extraordinaria para este 8 de enero con el fin de discutir el informe sobre las elecciones generales de 2025. La facción del «Congreso Alterno» considera esta convocatoria ilegítima y un intento de desconocer la declaratoria de resultados emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 30 de diciembre.
El grupo disidente argumenta que, al prorrogar previamente el período de sesiones ordinarias, el pleno del Congreso ya no puede ser convocado de esta manera, por lo que tachan a la «comisión permanente» que convocó la sesión de «inexistente».
La resolución: Cuatro puntos que buscan una intervención drástica
La resolución presentada por Mena y Espinoza contiene puntos escalonados que buscan una confrontación total:
- Condena a Luis Redondo: Se condena la conducta del diputado Redondo por una convocatoria que consideran una «acción típica y punible».
- Advertencia a 12 diputados: Se condena y advierte a una docena de diputados que aceptaron participar en la sesión (entre ellos Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval y Karen Martínez) de que se ejercerán acciones judiciales en su contra.
- Orden de captura militar: Es el punto más explosivo. Se ordena a una comisión especial solicitar por escrito a las Fuerzas Armadas que capturen al diputado Luis Redondo y a «cualquier otro actor intelectual o material» para ser puestos a disposición judicial y enjuiciados por traición a la patria. Se cita el Artículo 272 de la Constitución como base legal.
- Advertencia al Ministerio Público: Se advierte que si el Fiscal General no colabora, la responsabilidad recaerá en el Fiscal Adjunto y luego en el Director de Fiscales, bajo amenaza de acciones legales.
Antecedentes y contexto de máxima tensión
Este ultimátum legislativo ocurre en un clima político ya enrarecido por el reciente atentado con explosivo contra la diputada nacionalista Gladys Aurora López, ocurrido en las inmediaciones del Congreso. Las acusaciones cruzadas entre partidos sobre la responsabilidad política de la violencia han envenenado el diálogo.
La resolución del «Congreso Alterno» eleva la confrontación a un nivel constitucional extremo, al invocar el rol de garante final del orden que, según su interpretación, tienen las Fuerzas Armadas. Esto coloca a la institución castrense en el centro de la disputa política, forzándola a definir si interviene o no en un conflicto entre poderes del Estado civil.
El país aguarda ahora la respuesta de las Fuerzas Armadas a este inédito requerimiento, la reacción del Congreso Nacional presidido por Redondo y la posición que tomará la Corte Suprema de Justicia ante una petición que redefine los límites de la democracia hondureña.
La abogada Maribel Espinoza en el Congreso Nacional. Foto: Leonel Estrada
