El Legislativo activa una facultad constitucional excepcional para exigir el recuento de miles de actas electorales, lo que representa un desafío sin precedentes al órgano electoral y profundiza la crisis postcomicial.
Tegucigalpa, Honduras. En una sesión de alta tensión y por unanimidad, el Congreso Nacional de Honduras emitió un decreto que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar de manera inmediata el «escrutinio general» de más de 4,774 actas electorales que, según el Parlamento, nunca fueron contadas en los niveles presidencial, de diputados y alcaldías.
La medida, fundamentada en una controvertida interpretación del artículo 205 de la Constitución, constituye una intervención legislativa directa en el proceso electoral y busca revertir la declaratoria de resultados emitida el 30 de diciembre, generando una crisis institucional de proporciones históricas.
¿Qué ordena el decreto?
El decreto presentado por el diputado Ramón Barrios, tras el informe de una comisión especial, y sometido a votación por el presidente del Congreso, Luis Rolando Redondo Guifarro, contiene mandatos específicos y de gran alcance. Su objetivo central es declarar que el escrutinio electoral «no fue concluido» por el CNE y, por tanto, activar una facultad constitucional supletoria del Congreso.
A continuación, los puntos clave del decreto legislativo:
La comisión que dictaminará el decreto
Tras la aprobación unánime para tomar en consideración la moción, el presidente del Congreso, Luis Redondo, nombró de inmediato una comisión de dictamen encargada de elaborar el informe final sobre este decreto en la misma sesión. Los diputados designados son Fabricio Sandoval, Silvia Ayala, Sergio Castellanos, Mauricio Castellanos, Tomás Ramírez y Oscar Chávez.
Esta comisión tiene la tarea de analizar la iniciativa a la luz del informe ya presentado y aprobado, un proceso que se desarrolla en tiempo real en el hemiciclo.
El fundamento legal y la crisis de legitimidad
El decreto se sustenta en una lectura del artículo 205, numeral 7, de la Constitución, que atribuye al Congreso la competencia para hacer el escrutinio y declarar la elección «cuando el Consejo Nacional Electoral no lo hubiere hecho». Los proponentes argumentan que, al existir actas no escrutadas e impugnaciones pendientes, el CNE no concluyó su trabajo materialmente, por lo que el «escrutinio no realizado» habilita al Congreso a actuar.
El discurso del diputado Barrios reveló el espíritu político de la medida: «Consultamos al pueblo hondureño si tenían seguridad en el trabajo del CNE y los resultados. La respuesta fue ‘no’… Hoy estamos aquí para reconocer que el pueblo mayoritariamente decidió por una persona». Esta frase subraya que el decreto no es solo un acto jurídico, sino una respuesta a una profunda crisis de confianza en el sistema electoral, donde una parte de la ciudadanía y sus representantes consideran que su voto no fue válidamente contado.
Implicaciones y un camino peligroso
La emisión de este decreto coloca a Honduras en un territorio institucional inexplorado. Sus implicaciones son graves:
Conflicto de poderes: El decreto pone al CNE y al Congreso en una ruta de colisión directa. El órgano electoral, por mandato constitucional, es la autoridad máxima en materia electoral. Que el Legislativo le ordene acciones y pretenda arrogarse la declaratoria final supone un quiebre del balance de poderes.
Incertidumbre prolongada: Al reabrir el escrutinio de miles de actas y las impugnaciones, el decreto prolonga indefinidamente la incertidumbre sobre los resultados finales de las elecciones del 30 de noviembre, congelando la transición política.
Responsabilidades penales: La instrucción de deducir responsabilidad penal contra los consejeros electorales judicializa y radicaliza el conflicto político, haciendo casi imposible cualquier diálogo o solución negociada.
Al activar este mecanismo constitucional excepcional, el Congreso ha optado por una vía de máxima confrontación. El país espera ahora la reacción del CNE, del Tribunal de Justicia Electoral y de la comunidad internacional ante un movimiento que, para sus detractores, puede ser visto como un intento del Legislativo de anular, por la vía de los hechos, un proceso electoral ya cerrado por la autoridad competente.
