Organizaciones populares tachan de “criminal” el ataque y exigen la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante una escalada que viola el derecho internacional
Por Dunia Orellana
Tegucigalpa, Honduras. Una amplia coalición de organizaciones sociales, medios, feministas, campesinas y de derechos humanos de Honduras ha alzado su voz para condenar de manera unánime y enérgica lo que califican como una “agresión militar criminal” de Estados Unidos contra Venezuela. Los hechos, reportados para el 3 de enero, incluyen bombardeos en Caracas y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores. La acción estadounidense desató una ola de indignación y solidaridad en el país centroamericano que se siente identificado con la resistencia a la injerencia extranjera.
Este jueves, diversas organizaciones sociales se congregaron en protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa para exigir el cese de la intervención estadounidense en Venezuela por parte del gobierno de Donald Trump. Entre las consignas coreadas por los manifestantes se escuchaban: «No a la invasión imperialista en Venezuela», «La soberanía y la autodeterminación de los pueblos se respetan. No a la injerencia extranjera» y un contundente «No a la invasión», «Fuera a las bases gringas». En las imágenes de la protesta se observa a la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, portando un rótulo con el mensaje: «Venezuela es de su pueblo, gringos go home».
El ataque, confirmado por fuentes oficiales estadounidenses, se produjo contra blancos militares en la capital venezolana. Para los movimientos hondureños, esto representa la materialización de meses de amenazas y una “campaña unilateral de intimidación imperialista” que busca imponer un cambio de gobierno en Caracas y controlar los recursos estratégicos de la nación sudamericana.
La condena se fundamenta no en simpatías políticas, sino en el principio de soberanía y autodeterminación, y en la memoria histórica de un país que ha sufrido golpes de Estado e intervenciones.
La reacción ha sido inmediata y contundente desde diversos sectores de la sociedad civil hondureña.
La Vía Campesina (capítulo HN)
Condena la “enérgicamente” las múltiples agresiones. Reafirma que América Latina es “zona de paz”. Llama a la solidaridad internacional.
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh) y Plataforma Agraria
Condenan los bombardeos y el “terrorismo de Estado”. Exige el cese de acciones militares y la liberación de Maduro y Flores. Denuncia doble moral por el indulto a Juan Orlando Hernández (JOH).
El Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
La organización feminista rechaza la invasión y denuncia que EUA usa la “guerra contra las drogas” para apropiarse de recursos. Llama a movilizarse contra el intervencionismo.
Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh)
Condena la intervención y el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Radio Progreso
Señala la ilegalidad e hipocresía de la acción, violatoria del derecho internacional y la propia constitución de EUA. “Si el Presidente fundamenta sus acciones en cargos de narcotráfico, es totalmente hipócrita a la luz de su reciente indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. La Administración dice que Maduro será juzgado por tráfico de drogas en un tribunal estadounidense, pero Hernández fue condenado por el mismo delito por un jurado estadounidense y Trump lo indultó”.
Movimiento Amplio
Condena la “invasión y la barbarie” por ambición. Critica la hipocresía de la guerra antidrogas y advierte que el objetivo es el control geopolítico.
Red Nacional de Defensoras de DDHH
Expresa “profunda indignación”. Declara que “una agresión a Venezuela es una agresión contra todos los pueblos de Abya Yala”.
ACI-Participa / Red Lamps y Red Unidas
Manifiestan solidaridad y preocupación por las pérdidas humanas. Exigen priorizar la vida, protección civil y respeto a la soberanía. Piden participación de mujeres constructoras de paz.
Comité por los Derechos de las Mujeres (Cladem)
Rechaza la “gravísima agresión militar”. Denuncia que atenta contra el derecho a la vida y la paz, perpetuando una lógica colonial y patriarcal.
Contexto de una escalada anunciada
La intervención militar no es un hecho aislado. Desde septiembre de 2025, la administración Trump incrementó la estrategia de “extrema presión” sobre Venezuela que incluyó sanciones económicas, despliegue de buques de guerra y bombardeos en el Caribe, y operaciones militares bajo el pretexto de la lucha antidrogas.
Análisis regionales y medios internacionales han señalado que el verdadero objetivo detrás de esta narrativa es la intención de forzar un cambio de régimen y controlar los vastos recursos naturales venezolanos, en una actualización de la “doctrina Monroe”.
Frente a esta presión, Venezuela respondió con ejercicios de defensa militar masivos y denuncias en foros internacionales. El gobierno venezolano, a través de su presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha hecho un llamado público a la paz y al diálogo, invitando incluso a Estados Unidos a establecer una agenda de cooperación basada en el respeto mutuo y la no injerencia.
Una solidaridad fundamentada en la experiencia propia
El vehemente rechazo desde Honduras tiene raíces profundas en la historia reciente del país.
Varias de las organizaciones firmantes hacen referencia directa a la “descarada intervención” de Estados Unidos en los procesos políticos internos de Honduras, incluyendo elecciones, y al reciente indulto del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico.
Esta experiencia hace que la solidaridad con Venezuela se plantee no como un gesto aislado, sino como una defensa de la soberanía de toda la región ante lo que perciben como un patrón recurrente de injerencia y doble moral.
El grito de “¡Venezuela no está sola!”, que cierra muchos de los comunicados, resume un sentimiento de unidad latinoamericana frente a lo que definen como una nueva agresión imperial.
La exigencia es clara y unánime: cese inmediato de la violencia, liberación de los detenidos, respeto al derecho internacional y fin de la intervención extranjera en los destinos de América Latina.
