Por Redacción RSM con material de Democracy Now!
Washington, EUA. La reciente operación militar ordenada por el gobierno del presidente Donald Trump contra Venezuela, que culminó con la captura y traslado a suelo estadounidense del líder venezolano Nicolás Maduro, ha desatado una tormenta jurídica y política. Reconocidos expertos en derecho constitucional e internacional califican la acción como una clara violación de la ley y un peligroso precedente de «intervencionismo imperialista», desmontando la justificación de «operación policial» esgrimida por la administración Trump.
El ataque, iniciado con incursiones navales y bombardeos selectivos dentro de territorio venezolano, se ejecutó sin la autorización del Congreso de los Estados Unidos, un requisito constitucional para emprender acciones bélicas. El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la omisión argumentando que no se trató de una invasión, sino de una «operación de aplicación de la ley» para arrestar a Maduro, presuntamente vinculado al narcotráfico.
La «operación policial», un disfraz
Para el profesor David Cole, experto en derecho constitucional de la Universidad de Georgetown y ex director legal nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), este argumento es insostenible. En una entrevista con el programa Democracy Now! y en un extenso análisis para The New York Review of Books titulado «La guerra de Trump», Cole desmenuza la operación.
«Esto comenzó con la ejecución sumaria de cientos de personas en embarcaciones, escaló a bombardeos dentro de Venezuela, incluyó un embargo y culminó con una invasión donde se bombardearon múltiples objetivos», afirmó Cole. «Sacar a Maduro fue la excusa, no la justificación. El presidente Trump lo dejó claro: se trata de controlar el país y su petróleo. Esto no es una operación de aplicación de la ley; fue una excusa para una intervención imperialista».
Cole subraya que la acción viola «probablemente el primer principio del derecho internacional: que los países deben respetar a sus vecinos y no pueden invadir una nación soberana simplemente porque no les gusta cómo manejan sus asuntos».
El académico pone ejemplos contundentes: «Si México bombardeara fábricas de armas en Texas por la violencia que estas generan en su territorio, o si Rusia invadiera Washington para llevarse a un presidente que considera ilegítimo, nadie lo aceptaría. Este acto le da luz verde a las potencias para hacer lo mismo».
El Congreso no dice nada
El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ya ha salido al paso, calificando la operación de «violación de la ley» por realizarse sin la autorización congresional requerida. Sin embargo, la respuesta legislativa formal aún está por definirse.
Cole y otros analistas recuerdan acciones análogas en la historia reciente de EUA, como las invasiones a la República Dominicana (1965) y Granada (1983), donde también se esgrimieron justificaciones de protección a ciudadanos o restauración del orden. En el caso granadino, similar al actual, más de 20 ciudadanos cubanos que trabajaban en proyectos de construcción murieron resistiendo la invasión. En el ataque a Venezuela, Cuba ya ha reportado la muerte de 32 de sus nacionales.
«Que lo hayamos hecho en el pasado no justifica violar la ley hoy», sentenció Cole durante la entrevista. «Cada violación erosiona el orden internacional y nos coloca en un curso muy peligroso».
La inmunidad y el «petróleo por delante»
Uno de los primeros escollos jurídicos que enfrentará el proceso judicial contra Maduro en Estados Unidos será la inmunidad de jefe de Estado, un principio que protege a los líderes en ejercicio de ser juzgados por tribunales de otros países. «Si alguien debería apreciar la idea de la inmunidad, es el presidente Trump, quien logró que la Corte Suprema se la otorgara tras dejar el cargo», ironizó Cole. «Maduro no ha dejado el cargo; está o estaba en funciones. Esa será la primera y principal cuestión que el tribunal deberá resolver».
Pero para Cole, el meollo del asunto quedó al descubierto con las propias declaraciones del presidente Trump, quien prometió que las compañías petroleras estadounidenses «recuperarán» el crudo venezolano. «Lo que hace Trump es decir en voz alta lo que normalmente se calla», analizó Cole. «Admite abiertamente que el propósito de esta operación es apoderarse del petróleo. Eso no es una operación policial. No es legítimo bajo ninguna interpretación del derecho internacional o estadounidense invadir otro país porque tiene algo que queremos».
Vías de recurso y un llamado a la contención
Frente a lo que califica como una flagrante ilegalidad, el profesor Cole plantea dos vías esenciales de contención. A nivel internacional, reclama una «condena generalizada» por parte del Consejo de Seguridad de la ONU y de todas las naciones que respetan la soberanía, criticando la tibia respuesta inicial de algunas potencias europeas. A nivel interno, insta al Congreso a ejercer su poder y «rechazar una guerra continua en Venezuela», votando para poner fin a la intervención.
«Estados Unidos no debería estar en Venezuela, punto», concluyó el jurista. La advertencia queda sobre la mesa: más allá de la coyuntura política, este episodio marca un punto de inflexión en la doctrina de intervención estadounidense, con implicaciones profundas para la estabilidad global y el ya frágil marco del derecho internacional.
