Por Redacción de RSM
Tegucigalpa, Honduras. La periodista Helen Montoya denunció amenazas de militantes del Partido Nacional y funcionarios del gobierno de Nasry Asfura. Esto ocurrió después de revelar documentos que evidenciaron el parentesco entre dos altos funcionarios del nuevo gobierno.
Los implicados son el secretario de Comunicaciones, José Augusto Argueta Padilla, y la secretaria de Educación, Ivette Arely Argueta Padilla, quienes son hermanos. José Argueta es, además, exesposo de Cossette López, consejera del Partido Nacional en el Consejo Nacional Electoral, CNE.
Montoya se disculpó por incluir datos personales de familiares, pero mantuvo la veracidad del vínculo familiar. «Mi objetivo era de interés público», declaró.
Helen Montoya es una periodista de investigación especializada en transparencia, corrupción, crimen organizado, derechos humanos y género. Ha colaborado con medios e instituciones como Insight Crime, CNA, ASJ, Expediente Público, la International Women’s Media Foundation (IWMF) y The New York Times, donde ha trabajado como fixer. Además, ha apoyado investigaciones académicas para universidades como el John Jay College of Criminal Justice (CUNY) y otras instituciones europeas.
El medio responde
Reportar Sin Miedo respaldó a Montoya y anunció que también recibió amenazas tras la publicación de Helen Montoya. «No se mata la verdad criminalizando, amenazando y asesinando periodistas», señaló el medio independiente. La investigación original del medio, titulada «El primer familión del gobierno de Papi», detalla el entramado familiar.
Reportar Sin Miedo también recibió amenazas por parte del integrantes del gobierno de Asfura: “Vamos contra ustedes por la publicación.
Investigación oficial por filtración
El Registro Nacional de las Personas (RNP) anunció una auditoría forense integral. La institución busca rastrear el origen de la filtración de información confidencial. Los hallazgos se remitirán al Ministerio Público para deducir responsabilidades legales.
Reacciones y controversia
Cossette López, consejera del CNE, acusó a los periodistas de ser «inhumanos» por publicar datos de menores. «¿Qué hacen buscando datos de niñas?», cuestionó. Aseguró que llevará el caso a la Fiscalía de la Niñez.
María José Sosa, diputada nacional por Francisco Morazán, afirmó que la publicación de datos de su hija fue un acto «doloso». «Ningún interés público justifica exponer a un menor», declaró. Anunció acciones legales.
Apoyo y contexto periodístico
La periodista Wendy Funes de Reporteros de Investigación defendió el derecho a investigar conflictos de interés. «Hay que ofrecer disculpas si nos equivocamos», dijo, pero sostuvo que revelar nepotismo es de interés público. Criticó a la prensa tradicional hondureña por su historial de omisiones.
Ángelica Álvarez, exsecretaria de Derechos Humanos, y José Carlos Cardona, exsecretario del gobierno de Xiomara Castro, señalaron hipocresía. Recordaron casos donde el Partido Nacional utilizó datos de menores para fines políticos.
La controversia quedó plasmada en una caricatura de Chávez que circuló en redes. El mensaje era contundente: «¡Fuera el familión!» junto a la palabra «Chamba». La ilustración critica el presunto nepotismo en los primeros días del gobierno.
Elecciones con olor a fraude
El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador a Nasry Asfura el 24 de diciembre de 2025 mediante un video privado, realizado por las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall junto al suplente Carlos Cardona.
Esta declaratoria estuvo marcada por múltiples denuncias de fraude y por la impugnación del conteo de votos por parte del Partido Liberal —liderado por el candidato Salvador Nasralla— y del Partido Libre, encabezado por Rixi Moncada.
La polémica también incluyó presión extranjera, cuando el entonces presidente estadounidense Donald Trump pidió al electorado hondureño apoyar a “Papi” Asfura, advirtiendo de graves consecuencias desde el país del norte si no lo hacían.
Por otra parte, una comisión legislativa del pasado Congreso Nacional liderado por Luis Redondo acusó al CNE de violar la ley y habilitar al Congreso para asumir una función que, según expertos, ya no le corresponde.
