Por Lissy Serén
Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó una moción para crear una comisión especial que analice y elabore un plan nacional de lectura de la Biblia en los centros educativos públicos y privados del país, desde el nivel prebásico hasta la educación media.
La iniciativa, según el titular del Legislativo, surge como una respuesta a la crisis de violencia, desintegración social y pérdida de valores que enfrenta Honduras. “No es un nuevo tema de religión, es un tema de valores en los niños para inculcar principios que hemos perdido en la ciudadanía y en la juventud”, expresó Zambrano ante el pleno.
El diputado sostuvo que los problemas sociales actuales, como el consumo de drogas, el alcoholismo y la vinculación de jóvenes con maras y pandillas, evidencian la necesidad de fortalecer la formación ética desde las aulas.
Creación de una comisión especial
La moción aprobada por unanimidad de las cinco bancadas contempla la integración de una comisión conformada por diputados de todas las bancadas, junto con representantes de la Secretaría de Educación, las Iglesias evangélica y católica.
El objetivo será analizar, diseñar y consensuar un plan estructurado para implementar la lectura de la Biblia como guía de formación en valores, cultura de paz, respeto a la vida y convivencia armónica.
Inicialmente, la comisión debía presentar una propuesta en un plazo de 30 días. Sin embargo, ese período fue ampliado a 90 días tras solicitudes de sectores religiosos que pidieron mayor tiempo para socializar la iniciativa.
El diputado Arnoldo Burgos fue designado presidente de la comisión. “Nunca he dicho que se redactará una nueva Biblia ni que se modificarán las actuales”, aclaró de forma directa al referirse a versiones que circularon en redes sociales.
Burgos también confirmó que uno de los cambios más importantes es que la lectura no será obligatoria. “Si un padre no quiere que su hijo lea la palabra de Dios, no habrá ningún problema ni sanción”, afirmó.
Asimismo, aseguró que no se realizarán reformas a los artículos 77 y 151 de la Constitución, que establecen el carácter laico del Estado y de la educación pública.
Según explicó, serán las Iglesias y las asociaciones de padres de familia quienes definirán la modalidad de aplicación: si se trata de una asignatura formal, clases de religión o lecturas periódicas durante la semana.
Posturas desde la Iglesia
La propuesta generó reacciones dentro de sectores religiosos. El sacerdote Germán Rosa, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), se expresó al respecto en declaraciones a Radio Progreso. “La lectura voluntaria de la Biblia enriquece con principios de amor, justicia y solidaridad”, manifestó. No obstante, subrayó que esta práctica debe desarrollarse dentro del marco de un Estado laico.
De igual manera, recordó que la Constitución de la república garantiza la igualdad entre todas las creencias y la libertad religiosa sin que exista preeminencia de ninguna.
Por su parte, el Consejo Nacional Apostólico de la Compañía de Jesús en Honduras emitió un pronunciamiento en el que reconoció que la Biblia ha fortalecido valores éticos e inspirado movimientos sociales a lo largo de la historia del país. Sin embargo, advirtió que su lectura no debe convertirse en una imposición legal.
“El Estado laico permite el pluralismo y la tolerancia a la diversidad”, señala el comunicado. El organismo también alertó que una lectura obligatoria podría generar conflictos religiosos, interpretaciones fundamentalistas y exclusión de minorías, incluyendo desde pueblos originarios y afrodescendientes hasta personas no creyentes.
Reacciones de organizaciones sociales
Desde la sociedad civil también surgieron cuestionamientos. Las organizaciones Ecuménicas por el Derecho a Decidir y Plataforma 25 de Noviembre expresaron su “profunda preocupación” ante la intención de hacer obligatoria la lectura de la Biblia en las aulas.
En un pronunciamiento público, señalaron que la medida “constituye una grave amenaza al Estado laico” y podría vulnerar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Las organizaciones sostienen que imponer un texto religioso en el sistema educativo quebranta el pensamiento crítico, la diversidad de creencias y convicciones filosóficas presentes en la sociedad hondureña.
Hicieron un llamado al Congreso para que respete y garantice el carácter laico del Estado y mantenga vigentes los artículos 77 y 151 de la Constitución. Además, pidieron que cualquier iniciativa relacionada con la educación se someta a un proceso amplio de consulta y diálogo con organizaciones de derechos humanos y sociedad civil.
Un nuevo ataque a la Constitución
El abogado constitucionalista Joaquín Mejía se pronunció sobre la propuesta y llamó al Congreso Nacional a respetar la Constitución de la República, especialmente en lo relacionado con el derecho a la educación laica.
Mejía explicó que estos derechos tienen el carácter de garantías fundamentales y forman parte de lo que la jurisprudencia constitucional considera límites al poder de reforma. “El mecanismo de reforma de la Constitución no puede utilizarse para violar derechos ni para limitarlos”, afirmó.
El constitucionalista también señaló que reformar la Carta Magna para ajustar la educación a una visión religiosa sería incompatible con los principios establecidos por la Sala de lo Constitucional.
Añadió que, frente a esta propuesta, corresponde a distintos sectores sociales articularse, incidir y, de ser necesario, presentar recursos ante la instancia constitucional. “Nos toca dejar en evidencia este nuevo ataque a la Constitución y prepararnos para demandar y presentar los recursos necesarios”, expresó.
Exigen respetar el Estado laico
Ana Ruth García Cárcamo, integrante de Ecuménicas por el Derecho a Decidir y defensora de derechos humanos de niñas, niños y mujeres, explicó que el Estado laico es un principio que garantiza el respeto a la dignidad humana, la pluralidad y la libertad de conciencia.
“El Estado laico es el respeto a la autonomía de cada persona para creer en lo que quiera creer y vivir su vida como quiera vivir”, manifestó. Añadió que modificar los artículos constitucionales relacionados con la laicidad sería grave al tratarse de principios que no pueden alterarse sin afectar la estructura democrática del país.
La pastora Cárcamo advirtió además que la propuesta podría derivar en discriminación, especialmente contra niñas y niños que forman parte del sistema público de educación, incluyendo aquellos en condiciones de pobreza en zonas rurales y urbanas.
De la misma manera, señaló que imponer una visión religiosa desde el Estado podría vulnerar convenios internacionales suscritos por Honduras en materia de derechos humanos y protección de la niñez.
El proceso de socialización continuará durante los próximos tres meses, período en el que la comisión deberá presentar una propuesta formal al pleno legislativo. El resultado de este diálogo definirá si la lectura de la Biblia se incorpora al sistema educativo y bajo qué condiciones, en un contexto marcado por la discusión sobre valores, educación y laicidad en Honduras.
