Puerto Cortés, Honduras. La empresa Agregados del Caribe S.A. (Agrecasa) ha puesto en marcha una doble ofensiva judicial contra 13 defensores ambientales del Sector Medina.
El jueves 12 de febrero de 2026 se realizó una audiencia especial en el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés para revisar la medida que les prohíbe ingresar al plantel de la empresa. Y el viernes 20 de febrero de 2026 estaba programada la audiencia inicial del proceso penal que enfrentan, pero la reprogramaron para junio, comunicaron los defensores.
Además, la empresa sigue insistiendo en que se les cambie la medida sustitutiva por prisión preventiva. Esa solicitud debía verse el martes 10 de febrero, pero aún está pendiente.
¿Quiénes son los 13 defensores?
Las personas criminalizadas son Celedonio Díaz, Isaí Núñez Godínez, Miguel Ángel Pérez Orellana, Olvin Narváez Rivera, Noé Flores, Pablo Sánchez, Rosalío García, Elmer Portillo, Freddy Francisco Rivera, Víctor Dubón, José Antúnez, Isis Vanessa Laínez y Nahún Reyes Rivera.
Audiencia especial para revisar prohibición de ingreso
El 27 de enero de 2026, el juez David Levi Navarro del Cid admitió una solicitud del abogado Oscar José, acusador privado de Agrecasa, y programó una audiencia ad-hoc para revisar la prohibición de ingreso al plantel impuesta a los imputados.
El juzgado explicó que se señaló hasta esta fecha porque hay otras audiencias programadas y se da prioridad a los casos con prisión preventiva.
¿Cómo empezó todo?
El 5 de enero de 2026, las 13 personas se presentaron voluntariamente ante los juzgados, acompañadas por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
En esa audiencia, el juzgado les impuso dos medidas:
- Firmar una vez al mes en el juzgado.
- No ingresar a las instalaciones de Agrecasa.
La Fiscalía había pedido tres medidas: firma periódica, custodia de la defensa y prohibición de salir del país. Agrecasa pidió una más: la prohibición de ingresar al plantel. Al final, el juzgado decidió que con la firma mensual y la prohibición de ingreso era suficiente, porque ellos se presentaron por su propia voluntad.
La defensa: “Es hostigamiento”
Víctor Fernández, abogado del MADJ, denunció que están multiplicando las audiencias para presionar a los defensores.
“Nosotros rechazamos la acusación y rechazamos las medidas cautelares. Es suficiente con una sola medida. Ellos no necesitaron ni siquiera que los citaran, se presentaron solos”.
—Víctor Fernández
El MADJ reiteró que acompañará a los defensores “hasta que el caso sea cerrado y se responsabilice a la empresa por los delitos ambientales que ha cometido”.
Agrecasa operaba sin licencia
En abril de 2025, la comunidad instaló el campamento “René Alemán y Pedrina Melgar” frente a la mina Cantera Sapadril, operada por Agrecasa.
Lo hicieron porque la empresa había seguido operando a pesar de tener prohibiciones. Y porque hay al menos cuatro informes técnicos del Estado que confirman que la mina contamina, daña la salud y afecta el agua.
A pesar de todo, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) autorizó la reactivación total de la mina mediante la Resolución 30-2025 [3].
Incluso la Dirección Legal de la Serna, en su dictamen jurídico 082-2025, concluyó que operar sin licencia es ilegal y que la licencia no debe renovarse.
“El Estado violenta derechos”
El abogado Fernández fue claro.
“El Estado siempre ha violado los derechos del pueblo. A veces es peor, a veces no tanto. Pero ahora lo que viene es peor”, aseguró.
Y agregó: “Agrecasa es una empresa de capital estadounidense. Tenía orden de no operar, y operó. No podía sacar material, y sacó. Por eso la comunidad hizo lo que tenía que hacer: defender el ambiente”.
¿Qué dice Agrecasa?
La empresa emitió un comunicado donde asegura: “Las personas siguen siendo imputadas. Vamos a seguir usando todas las herramientas legales para defender nuestra propiedad, nuestras operaciones y la seguridad jurídica. Rechazamos cualquier acción que vaya contra la ley y la convivencia pacífica”.
En la audiencia de enero, Agrecasa también logró que se le autorizara sacar varios vehículos de la mina para repararlos.
Honduras: judicializar para callar
En Honduras no es nuevo que se use el derecho penal contra quienes defienden el ambiente. El MADJ denuncia que esta es “una estrategia habitual para controlar el modelo extractivo y expropiar territorios”.
