Crisis por control de la justicia sacude a Honduras: denuncian intereses políticos tras destitución del fiscal general Johel Zelaya y cambios en la Corte Suprema
Por Nazareth Gómez
Tegucigalpa, Honduras. Alertas por un posible retroceso institucional y una disputa política por el control del sistema de justicia se han encendido después de que el Congreso Nacional destituyera al fiscal general Johel Zelaya. Organizaciones sociales, analistas y defensores de derechos humanos han desatado una ola de reacciones luego de la destitución de Zelaya y de la salida de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando.
El escenario se produce en medio de fuertes tensiones entre poderes del Estado y cuestionamientos sobre la independencia de instituciones clave como el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Críticas desde el movimiento social
Entre las reacciones más fuertes está la de la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Bertha Zúniga Cáceres. La líder popular calificó el proceso en el Congreso como ilegítimo.
Sin embargo, Zúniga criticó el desempeño del fiscal Zelaya en investigaciones relacionadas con el asesinato de su madre, la ambientalista Berta Cáceres. Además, sostuvo que el problema radica en redes de corrupción dentro del sistema de justicia.
Señalamientos sobre intereses políticos
Desde el ámbito político también surgieron acusaciones sobre un intento de control del Ministerio Público. El exdiputado Marco Ramiro Lobo afirmó que sectores tradicionales del poder buscan influir en la elección de un nuevo fiscal.
“Bipartidismo busca imponer su fiscal para proteger a actuales diputados corruptos y narcos”, señaló.
Este señalamiento se suma a la narrativa de que el conflicto no solo responde a diferencias institucionales, sino además a disputas políticas de fondo en torno a investigaciones y posibles procesos judiciales.
Cuestionamientos por salida en la Corte Suprema
La crisis alcanzó al Poder Judicial tras la renuncia a la presidencia de la CSJ. La constitucionalista Ruth Lafosse criticó la decisión y la calificó como una forma de no enfrentar el proceso político en el Congreso.
Según Lafosse, la salida ocurre en un momento clave en el que se debatía la responsabilidad de las autoridades judiciales en medio del conflicto institucional.
Debate sobre la democracia y el papel de los medios
El abogado e investigador en derechos humanos Joaquín Mejía cuestionó el silencio de algunos sectores frente a lo que considera una crisis democrática.
“El silencio y la complicidad ante una crisis democrática evidencia que para ciertos medios de comunicación, analistas y organizaciones de sociedad civil, la defensa de la democracia solo se activa… cuando está en el poder un partido político con el que no se simpatiza”.
Movimiento Amplio se pronuncia
A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia expresó preocupación por el rumbo que está tomando el país tras las decisiones adoptadas en el Congreso y los cambios en la Corte Suprema.
En su posicionamiento, la organización advirtió sobre los riesgos que representan estas acciones para la institucionalidad democrática. También cuestionó las decisiones políticas que impactan el sistema de justicia en Honduras.
El Movimiento señaló que lo ocurrido refleja una disputa por el control de instituciones clave del Estado. Este contexto, indicó, podría afectar la lucha contra la corrupción y la independencia judicial.
Un conflicto que sigue escalando
La destitución del fiscal general y los movimientos en la Corte Suprema se producen en un entorno de creciente tensión política y cuestionamientos sobre la independencia de los poderes del Estado. Se trata de un tema sigue generando reacciones en distintos sectores sociales y políticos del país.
Analistas advierten que los próximos días serán claves para determinar el rumbo institucional del sistema de justicia en Honduras.
