Por Redacción de RSM
Tegucigalpa, Honduras. El juicio político contra el ex fiscal general Johel Zelaya destapó una serie de denuncias que vinculan al poder político y económico con una trama de corrupción, despojo ambiental y obstrucción de la justicia en el Bajo Aguán. En medio del proceso contra Zelaya surgieron testimonios de fiscales y cuestionamientos de figuras clave de la sociedad civil que señalan directamente al exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, y al empresario Lenir Pérez como figuras intocables dentro del sistema judicial hondureño.
El testimonio que estalló en el Congreso
Un hecho relevante y preocupante en las audiencias públicas fue el testimonio del auxiliar fiscal Fabricio Perdomo, quien reveló un hecho alarmante.
Según el auxiliar, el ex fiscal general Johel Zelaya ordenó remover de su cargo a la fiscal Claudia Paz Hernández, exjefa de la Fiscalía contra la Corrupción en La Ceiba, tras negarse a «suavizar» un requerimiento fiscal contra Adán Fúnez.
Perdomo afirmó que se le ordenó a la fiscal Paz omitir órdenes de captura necesarias en investigaciones por abuso de autoridad, fraude y el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido en septiembre de 2024.
Al oponerse a debilitar el expediente, Paz Hernández enfrentó procesos disciplinarios por orden de altas esferas de este poder.
Ministerio Público, cómplice
Adán Fúnez, mencionado en «narcovideos» y señalado por Juan López antes de morir, habría sido beneficiado por instrucciones superiores para evitar su captura.
Este mismo modus operandi dio privilegios judiciales a personajes involucrados en casos de alto impacto a nivel internacional.
Lo más evidente fue cuando un juzgado suspendió recientemente la orden de captura contra el empresario Lenir Pérez, acusado de devastar el Parque Nacional Montaña de Botaderos. El argumento de «igualdad de partes» ha sido criticado como una formalidad para favorecer a quien reside en una zona exclusiva de Florida, EE. UU.
Es evidente que toda esta problemática en el municipio de Tocoa ha generado un impacto ambiental irreversible. Según las denuncias de los ambientalistas, el desastre es responsabilidad de Lenir Pérez. Tanto Los Pinares como Ecotek, empresas de Pérez, han sido acusadas de usar explosivos en zonas núcleo y contaminar los ríos San Pedro, Guapinol y Tocoa, vitales para las comunidades locales.
Este tipo de daños ambientales están en la mira internacional. El FBI ya realizó interrogatorios en la residencia de Pérez en Estados Unidos. Esta acción sugiere que el caso podría escalar a cortes internacionales por posibles delitos de lavado de dinero vinculados con la corrupción en Honduras.
«Una prueba de fuego»
El abogado y experto en derechos humanos Joaquín Mejía Rivera calificó estas investigaciones como la «prueba de fuego» para el actual fiscal general.
Mejía cuestionó si la fiscalía tendrá la voluntad de tocar las estructuras de poder que representan Fúnez y Pérez.
Por su parte, el padre Ismael Moreno instó al nuevo fiscal a ponerse al servicio de la sociedad y no de intereses partidarios, manteniendo viva la demanda de justicia por el crimen de Juan López.
Para ponernos en contexto, el ambientalista y regidor Juan López fue asesinado tras denunciar sistemáticamente la corrupción municipal y los daños ambientales del megaproyecto minero de Lenir Pérez. El juicio por su asesinato está programado para junio de este año, en medio de un clima de alta tensión y desconfianza en las instituciones.
Justicia hondureña protege a Lenir Pérez
Las decisiones judiciales calificadas por organizaciones sociales y analistas como «privilegios de impunidad» intensifican la percepción de que la justicia hondureña protege al empresario Lenir Pérez.
En Reportar Sin Miedo revelamos hechos clave que sustentan esta afirmación según los eventos registrados hasta marzo de 2026.
En primer lugar, destacamos la suspensión de medidas restrictivas, como la cancelación de captura y alerta migratoria. Así, en enero de 2026, el Juzgado de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción suspendió de forma «provisional» la orden de captura y la alerta migratoria que pesaba sobre Pérez desde 2024.
Sumado a ello se desarrolló una audiencia ad-hoc que permitió que el empresario residente en Florida, Estados Unidos, evitara la captura o la extradición al ingresar en Honduras.
En el caso del Parque Nacional Montaña de Botaderos, el Ministerio Público acusa a Lenir Pérez y sus empresas, Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, de explotación ilegal de recursos naturales y daños agravados en la zona núcleo de este parque nacional en Tocoa, Colón.
Sin embargo, los privilegios han permitido que algunas audiencias sean virtuales, a diferencia de otros procesados. Este beneficio, según defensores del Comité de Bienes Públicos de Tocoa, es una muestra de «justicia selectiva».
Vinculación con el caso Juan López
El ambientalista Juan López, asesinado en septiembre de 2024, investigaba y denunciaba los daños ambientales de los proyectos mineros de Pérez y sus presuntos vínculos de corrupción con el exalcalde Adán Fúnez. Sus denuncias lo colocaban como un testigo clave en este caso.
Abogados y organizaciones denuncian que la falta de acciones contundentes contra Pérez forma parte de una red de complicidad y protección política y económica que busca evitar que las investigaciones toquen a las cúpulas del poder.
El fiscal protegió a Adán Fúnez en caso de Juan López
Durante el juicio político contra el ahora suspendido fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, se han presentado testimonios que lo vinculan directamente con la protección para el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, en relación con el asesinato del ambientalista Juan López.
Los puntos principales de estas acusaciones, surgidas en marzo de 2026, son, en primer lugar, la manipulación de requerimientos. Así, la fiscal Claudia Paz Hernández testificó que recibió instrucciones directas de sus superiores para «suavizar» el requerimiento fiscal contra Adán Fúnez, omitiendo órdenes de captura y debilitando la tesis acusatoria por asesinato y corrupción.
Otro factor destacado es la destitución de fiscales. Al respecto, el auxiliar fiscal Fabricio Perdomo declaró ante la comisión nombrada por el Congreso Nacional que removieron de su cargo a la fiscal Paz Hernández tras negarse a firmar el documento modificado que favorecía al exalcalde.
Asimismo, han estallado denuncias de protección política. Por ejemplo, hay señalamientos de que estas acciones responden a los vínculos políticos de Fúnez con la cúpula del entonces partido gobernante Libre. Las denuncias califican la gestión de Zelaya como una herramienta de justicia selectiva.
En cuanto a la defensa del fiscal suspendido, este ha rechazado las acusaciones. De hecho, Johel Zelaya afirma que lo suspendieron sin darle oportunidad de responder a los testigos. Además, sostiene que siempre ha actuado con integridad.
Estas revelaciones, además de provocar una crisis en el Ministerio Público de Honduras, han sido citadas como una de las causas principales para haber recomendado que la Comisión Especial del Congreso destituyera definitivamente al ex fiscal general.
