Por Lissy Serén
Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional aprobó por unanimidad reformas al Código Penal y Procesal Penal orientadas a fortalecer el combate contra la extorsión, el crimen organizado y las estructuras ligadas al narcotráfico en Honduras.
Las modificaciones incluyen el aumento de penas, la declaración de maras y pandillas como organizaciones terroristas y la creación de una Agencia Nacional contra el Crimen.
Las reformas establecen penas de entre 15 y 20 años de prisión para directivos, promotores y financistas de organizaciones criminales. Mientras tanto, los integrantes enfrentarán condenas de 10 a 15 años.
El nuevo artículo sobre extorsión también determina que el delito será considerado consumado aunque el pago exigido no llegue a concretarse. Además, establece prisión a perpetuidad cuando una persona muera como consecuencia de este delito.
Congreso respalda endurecimiento de penas
Tras la aprobación del paquete de reformas, diputados de las diferentes bancadas defendieron las nuevas medidas y aseguraron que buscan responder a una de las principales demandas de la población hondureña: combatir la extorsión y la violencia criminal.
El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, Marco Paz, destacó el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas. “La aprobación de este paquete fue unánime, apoyada por todas las bancadas representadas en el Congreso Nacional. La delincuencia no tiene colores políticos”, expresó.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que desde el Legislativo se están proporcionando herramientas legales a las instituciones encargadas de la seguridad.
“Nosotros tenemos que dar los instrumentos legales, acompañar al Ejecutivo, acompañar a la Policía y a las Fuerzas Armadas para lograr los resultados que espera el pueblo hondureño”, manifestó.
Por su parte, el diputado liberal Jorge Cálix señaló: “Si el negocio cerró y la persona que extorsiona ha sido condenada, este cierre también lo tiene que pagar”.
El jefe de bancada del Partido Nacional, Carlos Cano, sostuvo que las reformas fueron aprobadas respetando el marco legal del país. “Aquí se lucha contra la extorsión sin romper el Estado de derecho”, indicó.
Mientras tanto, el diputado liberal Rachid Mejía aseguró: “Aprobamos una reforma para castigar severamente la extorsión, aumentar penas y dejar claro que habrá cero tolerancia para este crimen que asusta al pueblo hondureño día a día”.
Asimismo, el jefe de bancada del Partido Libre, Rafael Sarmiento, expresó que esperan que las nuevas disposiciones contribuyan a devolver la tranquilidad a la población. “El Congreso Nacional aprueba una reforma importante que va a combatir el delito de extorsión y esperamos que esto traiga paz y seguridad, que es lo que demanda el pueblo hondureño”, dijo.
Crearán Agencia Nacional contra el Crimen
El paquete de reformas también contempla la creación de la “Agencia Nacional contra el Crimen”. Este órgano de coordinación estratégica está integrado por la Dirección Policial de Investigación (DPI), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Policía Militar del Orden Público (PMOP), las Fuerzas Armadas y otras entidades de inteligencia.
Según el proyecto aprobado, esta instancia tendrá como objetivo fortalecer las acciones contra la extorsión, el crimen organizado y otros delitos de alto impacto.
Debilidades institucionales
Pese al respaldo del Congreso Nacional, expertos en derecho penal y derechos humanos advirtieron que el endurecimiento de penas no resolverá por sí solo la problemática de la criminalidad en Honduras.
El abogado penalista Henry Salinas señaló que las reformas deben ir acompañadas de un fortalecimiento integral del sistema judicial y penitenciario.
Según explicó, existe preocupación porque muchos privados de libertad recuperan su libertad pocos años después, lo que refleja debilidades institucionales y posibles fallas en los procesos de rehabilitación.
“No podemos hablar de un combate al crimen organizado si no fortalecemos la institucionalidad”, expresó.
Salinas agregó que el problema debe abordarse desde diferentes perspectivas, incluyendo el ámbito social, la protección de derechos humanos y la correcta aplicación de la ley penal.
Por otro lado, el abogado penalista Jaime Rodriguez señaló que con estas nuevas reformas al Código Penal, Estados Unidos podría extraer a cualquier persona que se le llame terrorista aún sin pasar por trámite de extradición.
Cuestionan definición de terrorismo
El doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, manifestó preocupación por algunos elementos incorporado en el nuevo Código Penal, especialmente en relación con los delitos de extorsión y terrorismo. Señaló que, aunque la propuesta describe con mayor detalle las conductas que constituyen el delito de extorsión, en concordancia con el principio de legalidad, persisten aspectos preocupantes sobre su aplicación.
Mejía explicó que una de las principales inquietudes radica en la exclusión de ciertos beneficios procesales para las personas acusadas de extorsión. Recordó que una reforma anterior al Código Procesal Penal ya establecía prisión preventiva automática para varios delitos, limitando la independencia de los tribunales.
“Esto quita independencia a los tribunales, que tienen que decidir qué va a aplicar o no”, expresó tras cuestionar las restricciones al procedimiento abreviado.
El defensor agregó que la redacción de la figura de extorsión podría generar interpretaciones peligrosas, particularmente en los casos de personas obligadas a colaborar con estructuras criminales.
Indicó que la propuesta equipara automáticamente a quienes recogen dinero producto de extorsiones con autores directos del delito, sin considerar situaciones de coacción. “Está colocando en una situación de mayor vulnerabilidad a mucha gente que es obligada a servir de recoger el dinero”, advirtió.
En relación con el delito de asociación terrorista, Mejía reconoció que la iniciativa incorpora varios elementos recomendados por organismos internacionales, como la referencia a actos destinados a causar muerte, lesiones graves o terror en la población. Sin embargo, alertó que la inclusión de conceptos vinculados al “orden constitucional” abre la puerta a interpretaciones amplias y riesgosas.
Según explicó, esa redacción podría permitir que manifestaciones sociales o protestas políticas sean catalogadas como actos terroristas.
“Alguien que sale a protestar a la calle, por ejemplo, contra un fraude electoral o contra un golpe de Estado puede ser acusado de terrorista”, sostuvo. Asimismo, consideró que el término puede ser utilizado de manera discrecional en contextos de autoritarismo y control del sistema de justicia.
Mejía insistió en que la figura del terrorismo continúa siendo demasiado difusa y contraria al principio de legalidad, ya que las conductas delictivas deben estar claramente delimitadas en la ley. “Cuando se habla de invertir el orden constitucional, es bastante peligroso de la manera en que pueda ser interpretada”, afirmó.
Además, recordó que distintos mecanismos de Naciones Unidas han recomendado que el delito de terrorismo se reserve únicamente para actos excepcionalmente graves y claramente definidos, evitando interpretaciones expansivas contra formas de criminalidad organizada o protesta social.
Por último añadió que este tipo de delitos debe abordarse desde enfoques específicos de criminalidad organizada y no mediante figuras ambiguas que puedan facilitar abusos estatales.
