Por Redacción de RSM
Fotos: Plataforma Agraria
Tegucigalpa, Honduras. La Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras condenó enérgicamente la masacre ocurrida en el sector de Rigores, municipio de Trujillo, Colón, en el marco de la creciente violencia y conflictividad agraria que azota el Bajo Aguán.
En un pronunciamiento emitido ayer, la plataforma expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y denunció que las comunidades campesinas de la zona han enfrentado durante décadas amenazas, desalojos, asesinatos y desplazamiento forzado por defender sus territorios.
Las organizaciones advirtieron que el crimen no debe ser utilizado para criminalizar la lucha campesina ni para ocultar las causas estructurales del conflicto: la concentración de la tierra, la expansión agroindustrial y la impunidad. En ese sentido, rechazaron declaraciones de funcionarios que, antes de investigar, instalan narrativas que estigmatizan a quien defiende el derecho a la tierra.
«Campesinos no son una amenaza»
En el comunicado, la Alianza manifestó su rechazo a la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras, por considerar que blinda a la agroindustria mientras persigue a las comunidades. También anunciaron la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto 84-2026, por abrir la puerta a tratar como terroristas a defensores del territorio y líderes sociales.
Entre sus exigencias, piden una investigación pronta e independiente de la masacre, cesar la criminalización de la protesta social, derogar reformas penales represivas y priorizar la seguridad alimentaria sobre los intereses agroindustriales.
“Las comunidades campesinas no son una amenaza para Honduras. Son quienes producen alimentos y defienden la vida”, sentenciaron.
