Por TELMA QUIROZ
Periodista de investigación y content manager
Instagram: @gabyquirozh
San Pedro Sula, Honduras. Una iniciativa para disminuir el flujo migratorio en el país presentó la Comisión de Acción Social Menonita (CASM).
Según los datos recabados por el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (CONMIGHO) desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo del presente año 23,454 hondureños han retornado al país publica Criterio.hn.

El mes de mayo cerró con 5,645 migrantes hondureños que regresaron al país, tras no poder cruzar hacia Estados Unidos. Asimismo, el cuadro comparativo de los hondureños retornados de 2015 hasta el 2021, muestra que el año 2020 cerró con 36,588 personas que regresaron al país y el en el periodo 2019 con el mayor número de retornados con 109,185 migrantes hondureños.
“Ustedes ven que van brincando y haciendo porras en las caravanas que van, pero nos toca a nosotros verlos de regreso. El 80 a 90 por ciento de estas personas están regresando”
Dijo Nelson Garcia Lobo, director ejecutivo de CASM.
César Ramos, coordinador de gestión e incidencia del programa migrantes de CASM, aseguró que la excesiva centralización de la toma de decisiones a nivel de gobierno central ha hecho a un lado a los gobiernos municipales.

Ramos agregó que la migración tiene que ver con la construcción de la democracia en el país, con el fortalecimiento del Estado de derecho en Honduras.
Descentralización de las ayudas
“Los ciudadanos tenemos que reconocernos como sujetos de derecho, somos portadores de derechos humanos y el Estado tiene la obligación de garantizar esos derechos”.
El miembro de CASM planteó tres acciones inmediatas que conforman la propuesta. La primera es comenzar un proceso de descentralización y municipalización para poder abordar estas problemáticas en las comunidades donde está la población que toma la ruta migratoria.
Es decir que para los próximos cinco años se deben fortalecer capacidades a nivel municipal, para que de manera más cercana se dé una respuesta a esta problemática. Básicamente se trata de que las municipalidades locales puedan también asumir el rol y la responsabilidad que les corresponde con la comunidad que retorna.
Como segunda parte, es necesario activar los medios de vida. La gente ha quedado prácticamente sin nada y ahora con más razón después de los dos huracanes que azotaron la zona norte del país.
Se implementarían unidades municipales de atención al migrante retornado bajo la experiencia del modelo que CASM ha venido desarrollando en estos últimos seis años de trabajar en esta temática.
El modelo incluye atención humanitaria, atención psicológica, promoción del acceso a los medios de vida de la población y acceso a educación, salud y vivienda digna.

Aseguran que estableciendo estas condiciones no deberían existir razones para que los hondureños decidan tomar la ruta migratoria.
El último enfoque es pedir la inmediata aplicación de la ley de protección al hondureño migrante y sus familiares. Existe una ley en Honduras que fue aprobada en el año 2014, pero está en papel, ya que en esa ley se estipula que hay un presupuesto de cinco millones de dólares anuales para poder atender a la población migrante retornada, pero ese dinero no se ve reflejado en ningún proyecto gubernamental para migrantes.
“Sin duda tienen que tomar acciones para fortalecer la democracia y el Estado de derecho en el país porque este es el principal garante del bienestar y del mejoramiento de las condiciones de vida de la población”, dijo César Ramos.
CASM es una institución facilitadora de procesos de desarrollo humano integral, sin fines de lucro. Su trabajo está de la mano con organizaciones comunitarias, municipales, regionales y otras alianzas, a fin de que estas logren fortalecerse y empoderarse como estructuras representativas y democráticas y se conviertan en sujetos políticos.

En Honduras CASM, ha desarrollado proyectos para brindar asistencia a migrantes retornados en Honduras. Es por esta razón que lanzaron un proyecto para poder atacar el fenómeno de la migración desde la raíz.