Luego de más de dos años de su asesinato, no hay respuestas justas en el caso de Keyla Martínez. Mientras tanto, el sistema sigue tratando de encubrir un tejido de violencias, prácticas que han dejado desprotegidas a las mujeres e infancias desde hace décadas
Por Stephanie Mondragón
Fotos de Articulación Ciudadana Transparencia y Justicia
San Pedro Sula. El 7 de febrero marca el inicio de una historia que como muchas ha quedado sin valor ni respuesta de las autoridades hondureñas. Keyla Patricia Martínez Rodríguez, de 26 años, que cursaba la licenciatura en Enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fue encontrada sin vida en una celda de la Unidad Departamental Policial número 10 de La Esperanza, Intibucá.
Dos años y nueve meses después seguimos sin conocer los hechos que la llevaron a la muerte. Lo siniestro es que todo ocurrió en custodia policial. La primera comunicación de las autoridades fue que Keyla se había suicidado asfixiándose con su suéter. No realizaron investigaciones previas.
Según el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), hasta el 31 de agosto de 2023 se registran 296 muertes violentas de mujeres en Honduras. Asimismo, junio fue el mes más violento hasta el momento con 91 muertes y Francisco Morazán el departamento con mayor incidencias con 90.
Honduras es un país altamente violento para las mujeres donde todos los días asesinan, discriminan y privan de sus derechos a las ciudadanas que están desprotegidas por un sistema revictimizador que no respalda sus derechos.
Luego de haber salido a cenar y convivir con sus amistades, Martínez fue detenida a las 11:45 de la noche y llevada a la Unidad Policial por violentar el toque de queda establecido por la pandemia de COVID-19, amparado en el Decreto Ejecutivo PCM 012-202. Ella no fue la única detenida esa noche.
Al momento de dar conocimiento de su muerte, todas las versiones de los presentes variaban. No hay una historia conclusiva que detalle el orden cronológico de los hechos o esclarezca qué ocurrió en esa celda.
Sin empatía ni justicia
El reporte de la autopsia de la morgue judicial muestra que la causa de muerte de la estudiante fue realmente asfixia mecánica, confirmando que fue asesinada. Keyla también es víctima del sistema.
Tras los hallazgos en abril de 2021, se detuvo a un policía que presuntamente habría asesinado a Keyla. Luego de interponer un recurso en la Corte de apelaciones en agosto de 2021, la corte resolvió recalificar el delito y llevarlo de femicidio agravado a homicidio.
Según CriterioHN, la madre de Keyla está segura de que fueron agentes policiales quienes asesinaron a su hija. “La asesinaron dentro de la celda. Fueron miembros de la policía. Está el caso más claro que sólo ellos no lo quieren ver porque están velando por sus propios intereses”.
Según CDM, en 2021, año en el que Keyla fue asesinada, el número total de muertes violentas de mujeres alcanzó las 342.
En la sociedad hondureña, la garantía de derechos para las mujeres es sumamente escasa. Alrededor del 95% de los casos siguen impunes, las penas contra acoso, violaciones y otras violencias son sumamente bajas y en la mayoría de los casos no hay acompañamiento de las autoridades, por lo cual las mujeres no denuncian.
Por otro lado, los abusos a niñas aumentan cada año y todavía no tenemos la PAE a disposición para su uso. Asimismo, la educación sexual es inexistente y el ministro de Educación no la considera importante. Tampoco la toman en cuenta los grupos conservadores que han mezclado los deberes estatales con la religión.
Irónico que los grupos antiderechos hablen de lo que es moralmente correcto para el país mientras las mujeres e infancias siguen siendo violentadas a diario. Muchos comentarios vienen de un privilegio que pocas personas gozan y que no debería de interferir ante las necesidades de todo un Estado laico que carece de un sistema de salud pública funcional.
Tanto así que muchas mujeres se han visto obligadas a migrar con sus hijas para escapar de la violencia social y sistemática alimentada por la inexistencia de buenas prácticas policiales, judiciales y penales. Otro aspecto preocupante es que ante el incremento migratorio de Honduras y otros países centroamericanos, otros Estados como México, Estados Unidos, Canadá y España han establecido políticas migratorias contra los derechos humanos.
Aunque, según CDM, la cantidad de hondureños deportados de Estados Unidos ha disminuido durante la administración de Joe Biden, sigue sucediendo. Más allá de esto, la ruta migratoria es peligrosa y constantemente se escucha de migrantes que mueren en tránsito.
No hay justicia, no hay educación, solamente impunidad
Si bien es cierto hay casos que alcanzan cierto nivel de reconocimiento judicial y penal, la mayoría de las sentencias tienden a dejar una impunidad parcial. En muchas ocasiones, dichas sentencias son revictimizantes y no se apegan a los hechos del caso. Sobre todo, si se ligan a responsabilidad policial o gubernamental, como el caso de Keyla.
Es por ello que como jóvenes vivimos en la generación de no querer hijos. No tenemos una estructura estatal que pueda satisfacer las necesidades básicas que tenemos como seres humanos, no queremos arriesgarnos a traer más Keylas que sean violentadas.
Un Estado ha fracasado cuando deja la humanidad de sus ciudadanos de lado para encubrir la corrupción de su sistema con más corrupción que desemboca en inoperancia total, sin respeto por los derechos humanos.
Incluso en el caso de Keyla, luego de haber sido reconocido públicamente, los procesos corroídos por intereses particulares siguen haciendo de la suyas, quitando la oportunidad de que su familia tenga la paz de saber que al menos se ha hecho justicia luego de la pérdida.
Keyla, como muchas mujeres hondureñas, es una muestra de que, aún estando en manos de las autoridades, no hay seguridad, no hay protección y no hay justicia. Ella debió de haber estado resguardada. En lugar de ello, apagaron su vida.
