Más de 24 asesinatos en 2023 y hasta 289 violaciones de derechos humanos en Honduras reporta la Asociación para una Ciudadanía Participativa
Por José Manuel Serén
Fotos de José Manuel Serén
Tegucigalpa, Honduras. Las estructuras criminales con el favor de instituciones estatales están relacionadas con los altos índices de impunidad y las dificultades de acceder a la justicia, denunció la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa).
La denuncia se refleja en el informe situacional de defensoras y defensores de los derechos humanos en Honduras del año 2023 en el que ACI Participa señala que el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas y otras elevan la impunidad e impiden el acceso a la justicia en Honduras.
El informe cuenta las escalofriantes cifras del año pasado: 289 violaciones de derechos humanos contra 111 personas defensoras en 13 departamentos del país.
La organización registró también el asesinato de 24 personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 10 ocurrieron en Colón, cuatro en Atlántida y cuatro en Yoro. Otras tres se reportaron en Francisco Morazán, dos en Olancho y una en El Paraíso. No se incluyen los cuatro dirigentes sindicales defensores de los derechos laborales asesinados en una masacre en Choloma, Cortés.
Además, en 2023 se dio apoyo directo a 573 trabajadoras y trabajadores pertenecientes a 77 organizaciones sindicales, de las cuales 214 recibieron representación o asesoramiento legal de la Unidad de Litigio Estratégico, sumando un total de 80 casos atendidos en el año. Algunos continúan abiertos.
A revelar abusos de funcionarios
En el informe se reconocen los esfuerzos del actual gobierno para hacer frente a los principales problemas del pueblo hondureño: pobreza, desigualdad, inseguridad y criminalidad, corrupción, impunidad, desempleo y elevado endeudamiento del Estado, así como la insuficiencia en la atención a la salud y la educación.
ACI Participa señala que estas tareas no son fáciles, considerando la terrible situación en que se recibió el país, con una institucionalidad destruida y sin credibilidad.
La organización manifiesta que el trabajo tiene el objetivo de informar a los sectores interesados y contribuir con el gobierno de turno al dar a conocer los abusos de funcionarios del Estado, quienes violan los derechos humanos de las personas naturales y jurídicas que promueven y defienden el ejercicio de los derechos humanos en el país.
La institución defensora expresa su desencanto ante encuestas de opinión como la del ERIC/SJ, ya que se esperaban cambios inmediatos, lo que indica que debieron ser más comedidos durante la campaña política para no generar tan altas expectativas en el pueblo.
Sin embargo, el informe menciona algunos logros, como la eliminación de los fideicomisos que sirvieron para actos de escandalosa corrupción. Asimismo, la derogación del Pacto de Impunidad y la Ley de Secretos. Sin embargo, se ha quedado en deuda con la derogación de la ley de las ZEDE, las acciones contra el extractivismo, la desmilitarización y la llegada de la Cicih, entre otras.
Exigen cumplir sentencia de Vicky
ACI Participa recalca en su reporte el estancamiento y retraso en derechos humanos debido a los conflictos entre la Secretaría de Derechos Humanos y el Mecanismo Nacional de Protección. Esta situación ha precarizado aún más la inseguridad de las personas que promueven y defienden los derechos humanos.
El documento afirma que Honduras sigue siendo extremadamente peligroso para quienes defienden los derechos humanos, en especial de la tierra y territorio, medio ambiente, pueblos originarios, LGBTIQ+ y libertad de expresión.
Asimismo, el informe manifiesta que la falta de tierras de cultivo para las familias campesinas, el extractivismo y el irrespeto de los derechos ancestrales de los pueblos originarios siguen siendo las principales causas de las violaciones de los derechos humanos contra las poblaciones que defienden sus derechos, pero son criminalizadas y asesinadas.
La organización condenó la falta de cumplimiento de las sentencias condenatorias de la Corte IDH contra el Estado de Honduras, ya que seguirá provocando violaciones de los derechos humanos y muertes violentas en el país.
Las sentencias están encabezadas por las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, San Juan y Punta Piedra; asimismo, la de Pacheco Teruel y otros sobre muertes masivas de privados de libertad en centros penales.
Una de las sentencias más emblemáticas es la de Vicky Hernández sobre derechos de la comunidad LGBTIQ+. Las recomendaciones en este caso están encaminadas a que no se repitan los hechos por los que se responsabiliza internacionalmente a Honduras.
b037b856dc4f558c5b9d041cee04c5ae2ec3f05c 09d19526c434d37549512543ea9ad19f159083b8Por su parte, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) muestra su preocupación por las tendencias alarmantes en las agresiones y ataques a personas defensoras en Honduras. Estas agresiones han quedado evidenciadas en el informe de ACI Participa, organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT.
“Estos datos son alarmantes y denotan una clara falta de voluntad para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos. La situación es preocupante y refleja la debilidad institucional del Estado hondureño en su labor por proteger y garantizar la seguridad de quienes defienden los derechos humanos”, declaró Gerald Staberock, secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
Sin dinero ni personal
Por otro lado, el informe destaca que, en el último año, la mayoría de los ataques, sobre todo persecuciones, atentados y agresiones físicas, se dirigieron a las y los defensores de la tierra y el territorio, así como pueblos y comunidades indígenas.
Cabe destacar que la desprotección de las personas defensoras se debe a la debilidad institucional y la falta de política integral de protección del Estado Hondureño, situación que el Observatorio ya ha denunciado.
En este contexto, el Observatorio muestra su preocupación por la falta de avance en las investigaciones de los asesinatos de personas defensoras y la inoperancia del Mecanismo Nacional de Protección. Este, según información de ACI-Participa, no cuenta con recursos humanos ni financieros suficientes. Asimismo, las crisis institucionales de los últimos años han tenido un impacto directo en los beneficiarios y la correcta implementación de las medidas de protección.
El Observatorio se solidariza y reconoce la labor de ACI-Participa en la defensa y protección de los derechos humanos y urge a las autoridades hondureñas a garantizar la protección física y psicológica de las personas integrantes de la organización. Además, demanda poner fin a todos los ataques, actos de intimidación y represalias contra sus integrantes y el conjunto de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras.
Por otro lado, la presidenta de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Alice Mogwe, manifestó que las personas defensoras de la tierra y el territorio siguen siendo el grupo más afectado por las violaciones de derechos humanos. Esta situación se debe a la desprotección del Estado frente a los intereses de las empresas privadas, lo cual hace más urgente que la comunidad internacional se solidarice con los defensores y exija una estrategia más clara para protegerlos.
Para la directora ejecutiva de ACI Participa, Hedme Castro, se deben articular todas las secretarías de Estado para evitar este tipo de violencia hacia los defensores de derechos humanos en el país y, de ese modo, hacer justicia.
Castro dice que estas dificultades se contrarrestan cuando muchas organizaciones de derechos humanos hacen el trabajo del Estado para resolver y acompañar a las personas que sufren agresiones en el país.
La defensora argumentó que cuando las enfermedades atacan a los defensores en el desarrollo de su labor, se debe a la irresponsabilidad del Estado que no les garantiza el derecho a la salud y la protección física y psicológica.
“No podemos obviar que es un Estado cooptado por el crimen organizado. Inmediatamente debe actuar el ministerio en contra del agresor o del asesino, endurecer las leyes porque la mayoría de los casos se quedan en la impunidad”, indicó Castro.
Finalizó diciendo que debe haber una respuesta inmediata para terminar con este tipo de violencia y que estos casos no queden en la impunidad, por lo cual recalcó que es necesario articular a las instituciones del Estado.
