Por José Manuel Serén
Fotos: José M. Serén y Radio Progreso
Puerto Cortés, Honduras. El 22 de abril no es una fecha cualquiera para las comunidades que defienden el agua y la vida frente a la minera Agregados del Caribe (Agrecasa). Es el día en que la indignación se transformó en un refugio de lona y resistencia: el Campamento René Alemán.
Hoy, un año después, los ambientalistas celebran con sus propios recursos un aniversario marcado por sacrificios personales, persecución judicial y una victoria tangible que fluye en sus ríos.
Una semilla plantada en 2010
La lucha no nació hace un año; se gestó hace más de una década. Entre 2010 y 2013, el profesor y dirigente René Alemán comenzó a advertir a la población sobre los riesgos ambientales de la minería.
«Él empezó a querer abrirle el oído a la gente diciendo lo que venía», recuerda la ambientalista Gladis López. Lamentablemente, tras promover esta defensa, el profesor falleció. Sin embargo, tomaron su nombre como bandera de justicia para el campamento que hoy custodia el portón de la mina.
Antes de la instalación del campamento, la violencia empedró el camino. Obed Aguilar, otro defensor, relata que las gestiones legales fueron insuficientes. «Se salió a las calles, hubo heridos, golpes y, a raíz de todo lo que ha pasado, hubo muertes», explica. Sin embargo, el deseo de proteger las cuencas los mantuvo en pie.
Un 22 de abril y la toma del valor
Tras años de intentos fallidos y huelgas que superaron las 30 horas a pesar de la represión de las autoridades, el movimiento tomó una decisión definitiva en abril del año pasado: montar carpas frente al portón de la empresa.
«Ese 22 de abril empezaron a salir todos los carros que estaban adentro de la empresa y desde entonces está parada esa mina», afirma López.
Desde ese momento, los ambientalistas han permanecido a la intemperie, enfrentando el desgaste físico, mental y emocional que implica una vigilancia de 24 horas.
Mujeres: la resistencia y la criminalización tienen rostro
La defensa del territorio ha tenido un costo diferenciado para las mujeres. Agdeli Cruz Erazo detalla las barreras patriarcales y sociales que enfrentan. Las madres no pueden asistir por el cuidado de sus hijos, las abuelas se hacen responsables de la educación de sus nietos y las mujeres enfrentan la inseguridad o el control de sus parejas por el riesgo que implica estar en el campamento.
A esto se suma la «cara dura» de la justicia. Según Cruz Erazo, 13 compañeros han sido criminalizados. Además de la persecución legal, enfrentan el estigma social.
«Nos han tratado como revoltosos e incluso nuestra propia familia se ha rebelado en contra de nosotros», lamenta, señalando que el beneficio de un río limpio es para toda la comunidad, incluso para quienes los juzgan.
Ríos recuperados y el rodeo del miedo
A pesar del cansancio acumulado tras pasar navidades y las vacaciones de verano del 2026 bajo las carpas, los resultados son visibles. «Hoy estamos tranquilos durmiendo, tenemos el río recuperado, las cuencas y muchas cosas más que están bonitas ahora que la minera paró», celebra Obed Aguilar.
No obstante, la paz es frágil. Los defensores denuncian la presencia de vehículos extraños que circulan día y noche para intimidarlos. «Miran carros extraños que llegan… viene a querer intimidar, meter miedo», relata Gladis López.
A pesar de este entorno hostil, el movimiento ha extendido su solidaridad a otras causas, apoyando luchas contra térmicas en Baracoa y defensas territoriales en Brisas del Mar.
El eje de las mujeres, defensa bajo la triple carga
El sostenimiento del Campamento René Alemán durante un año no habría sido posible sin el rol de las mujeres, quienes han tenido que negociar su presencia frente a barreras sociales y domésticas.
Ellas no solo han asumido roles tradicionales como la cocina para los compañeros, sino que han sido piezas clave en la gestión estratégica y la formación.
Gladis López destaca que su participación en capacitaciones es vital para conocer los detalles técnicos y legales de lo que enfrentan.
Una de las denuncias más profundas es la dificultad de las mujeres para participar debido al control de sus parejas. Se señala que muchas no pueden asistir por «celos o inseguridad» de sus compañeros, o por el peligro de exposición en el campamento.
Su demanda implícita es el derecho a defender el territorio sin que su seguridad o autonomía personal sea cuestionada.
El sistema de cuidados recae exclusivamente sobre ellas. Agdeli Cruz resalta que madres y abuelas (responsables de la educación de los nietos) ven limitada su participación política por las tareas escolares y la alimentación de los menores. El campamento demanda entender que la lucha ambiental también pasa por las casas y el sacrificio familiar.
Las mujeres han sido el blanco principal de la incomprensión familiar y comunitaria. Han tenido que sostener emocionalmente el campamento frente a las burlas y el rechazo de sus propios parientes, quienes en ocasiones se han «rebelado» contra ellas por su activismo.
Para las ambientalistas de Agrecasa, la lucha es doble. Se enfrentan tanto a la destrucción de la naturaleza como a un sistema que intenta recluirlas al ámbito privado.
Su demanda es clara. Exigen el derecho a la participación política segura, libre de violencias domésticas y reconocida por su comunidad.
Protección ante la intimidación y la vigilancia
Ante la presencia constante de vehículos extraños y tácticas de hostigamiento que ocurren tanto de día como de noche, el campamento demanda garantías de seguridad física.
Denuncian que estas acciones buscan «infundir miedo» para desgastar la resistencia, por lo que exigen que se detenga cualquier forma de persecución o vigilancia ilegal contra los miembros del campamento.
Ante este panorama hostil y peligroso para los defensores en Honduras, la demanda central no es una paralización temporal, es la clausura total de las operaciones de la minera Agrecasa. El movimiento apela directamente a la figura del presidente de la República, señalando que, como «máxima autoridad», tiene el poder y el deber de ordenar el cierre definitivo.
También el cese de la criminalización y la persecución judicial que en esta coyuntura de la lucha contra la mina ya van 13 defensores.
Demandan que la labor de defensa del territorio deje de ser tratada como un acto criminal y que se reconozca el sacrificio de quienes han sido objeto de burlas, señalamientos de «revoltosos» y procesos penales por proteger bienes comunes.
«No nos durmamos, despertemos», es el mensaje final de López.
Mientras esperan una respuesta oficial, el Campamento René Alemán sigue en pie. Su resistencia le recuerda al país que la generación venidera pagará las consecuencias si hoy se guarda silencio ante la explotación de los recursos naturales.
