Desde 1999, Honduras ha recibido 15 demandas. Una de ellas es de la empresa Honduras Próspera, que exige 10,775 millones de dólares por la cancelación de las ZEDE
Por Nazareth Gómez
Tegucigalpa, Honduras. Honduras enfrenta una crisis jurídica sin precedentes, ya que una serie de demandas internacionales buscan frenar las políticas soberanas nacionales y proteger los intereses de grandes corporaciones transnacionales. De hecho, el país ha recibido 14 demandas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) entre 2023 y 2024.
A causa de estas disputas, varias organizaciones llevaron a cabo un análisis de impacto económico. Los resultados se hallan en el informe Las inversiones mafiosas contra Honduras: demandas de empresas transnacionales y la lucha por la democracia y la dignidad del pueblo hondureño.
Entre las instituciones responsables del estudio se hallan el Institute for Policy Studies (IPS), Honduras Solidarity Network (HSN), Terra Justa y el Transnational Institute (TNI).
Cifras clave
Desde 1999, Honduras ha enfrentado 19 demandas. De esta cantidad, quince siguen pendientes.
Así pues, solo en los últimos dos años, el país ha recibido 14 nuevas demandas en el Ciadi. Estas reclamaciones se basan principalmente en contratos firmados durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. Además, están relacionadas con acuerdos internacionales como los Tratados de Libre Comercio (TLC) y Tratados Bilaterales de Inversión (TBI).
Entre las demandas más significativas se halla la de Honduras Próspera Inc. Esta empresa estadounidense exige 10,775 millones de dólares por la cancelación de las controvertidas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). El monto mencionado representa casi tres veces el Plan de Inversión Pública aprobado para 2024.
Además, hay siete demandas por la renegociación de contratos de electricidad. En total, estas llegan a más de 1,260 millones de dólares. Varias de ellas están dirigidas a frenar los esfuerzos por rescatar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), privatizada en condiciones desfavorables.
Impacto y justicia paralela
Han surgido críticas contra el sistema de arbitraje internacional porque genera una “justicia paralela” que favorece a las corporaciones en detrimento de las comunidades locales.
En consecuencia, los 1,000 millones de dólares en propiedades incautadas a la familia Rosenthal que Inversiones Continental (Panamá) S.A. busca recuperar muestran cómo se ha utilizado este sistema para proteger intereses vinculados con el narcotráfico.
Resistencia comunitaria
A pesar de las demandas, las comunidades hondureñas han resistido a proyectos que atentan contra sus derechos.
Por ejemplo, en Roatán, la comunidad de Crawfish Rock ha luchado contra las ZEDE. Mientras tanto, las comunidades en Los Prados han rechazado un proyecto de energía solar de inversionistas noruegos que amenaza sus recursos naturales.
El futuro de Honduras
En febrero de 2024, Honduras dio un paso importante al firmar su retirada del Ciadi. De ese modo limita el acceso de los inversionistas a este tribunal.
Sin embargo, esto no es suficiente, revelan las instituciones en el informe. Honduras sigue siendo vulnerable debido a los tratados y contratos que permiten a las empresas extranjeras demandar al país en otros tribunales internacionales. Con el fin de enfrentar este desafío, el Gobierno debe revisar sus acuerdos legales y fortalecer los sistemas de justicia nacional.
Desde este punto de vista, crear una coalición nacional de movimientos sociales y comunidades afectadas podría ser clave para contrarrestar este asalto corporativo.
La coalición antes mencionada, junto con la presión internacional, podría exigir la revisión de los tratados que otorgan privilegios a las corporaciones. Asimismo, promovería un sistema legal que priorice los derechos humanos y el bienestar del pueblo hondureño.
