El movimiento Por Nuestros Hijos, que presentó la iniciativa antiderechos ante el Congreso Nacional, aduce que así busca salvaguardar a la niñez y la familia
Por Alejandra Alvarado
Tegucigalpa, Honduras. Con una “ley parental”, presentada el 20 de septiembre en las afueras del Congreso Nacional, un grupo del movimiento antiderechos Por Nuestros Hijos pretende “salvaguardar” a la niñez y a la familia tradicional.
Esta iniciativa respaldada por grupos fundamentalistas y las Iglesias Católica y Evangélica se debe, según sus representantes, a que en Honduras se ha intentado introducir la “ideología de género” por medio de oenegés y con la Ley para la Prevención de Embarazos en Adolescentes. Sin embargo, la presidenta Xiomara Castro vetó esta última en el 2023.
Con el argumento de que buscan defender el Artículo 152 de la Constitución de la República, donde se habla del derecho de los padres para elegir la educación de sus hijos, Por Nuestros Hijos presentó la ley que incluye una guía de educación sexual.
Sin embargo, al contrario de lo que aduce el movimiento, el artículo 153 señala que el Estado tiene la obligación de desarrollar la educación básica del pueblo.
Asimismo, el 155 reconoce y protege la libertad de investigación, de aprendizaje y de cátedra. Ambos artículos sirven a las organizaciones y grupos que trabajan en pro de los derechos sexuales y reproductivos.
Comienza con pie derecho
La vicepresidenta del Congreso Nacional, Scherly Arriaga, presentó la Ley de Prevención para la Prevención de Embarazos en Adolescentes el 8 de marzo del 2023. El Legislativo aprobó dicha propuesta.
El objetivo de esta normativa es promover y enseñar, contribuir al desarrollo de la personalidad y de las capacidades de hondureños y hondureñas.
Asimismo, busca asegurar la inclusión de la educación integral para la prevención del embarazo adolescente. Pretende alcanzar tales metas dentro del marco curricular nacional, promoviendo la formación integral de niños y niñas, así como el empoderamiento y la responsabilidad de las personas adolescentes.
Sobre todo, esta legislación impulsa la prevención de los embarazos en niñas y adolescentes, difundiendo el uso correcto de anticonceptivos con información científica en los diferentes centros educativos.
En consecuencia, luego de la aprobación de la ley, la Secretaría de Educación y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras comenzaron a realizar el reglamento que regularía la implementación de esta ley.
Entre las acciones planeadas se llevó a cabo una reunión el 29 de junio en la Universidad Pedagógica de Honduras. En este encuentro, el ministro de Educación, Daniel Sponda, mencionó que buscaban “construir un reglamento de ley que nos permita llevar hasta las escuelas, pero sobre todo hasta los hogares, educación sexual integral”.
Entran los antiderechos
Al mismo tiempo que se llevaban a cabo las acciones anteriores en pro de la nueva ley, grupos fundamentalistas antiderechos acapararon los medios de comunicación con mensajes de desinformación y apología del odio. De ese modo evidenciaron que no comprenden dicha ley.
También convocaron a movilizaciones en diferentes partes del país que se convirtieron en el foco de atención de los medios tradicionales que aportaron a la desinformación.
Por otra parte, la Constitución de la República señala que el Poder Ejecutivo tiene 10 días para vetar leyes aprobadas en el Congreso Nacional y devolverlas a este mismo poder del Estado.
Sin embargo, pasaron cuatro meses desde la aprobación sin pronunciamiento sobre la misma. Por lo tanto, la ley debió haber entrado en vigencia. A pesar de todo, el día 29 de julio, a través de su cuenta personal en X, la presidenta de la República, Xiomara Castro, dio a conocer que habían vetado la ley.
Es hasta el lunes 31 de julio cuando las organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación tienen acceso al veto presidencial oficial. Sorpresivamente, el veto expresa que había sido emitido el 17 de marzo. Además, contiene firma y sello con los cuales se demuestra el Congreso Nacional lo recibió en esa misma fecha.
El veto presidencial significó un retroceso en los derechos humanos de la niñez en Honduras, pues el índice de embarazos adolescentes y violencia sexual sigue en acenso.
Así, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud, en cada uno de los últimos cinco años se reportan entre 20 y 29 mil partos de adolescentes. Asimismo, en lo que va del 2024 ya se han registrado aproximadamente 7,000 partos en menores de 19 años.
Es por eso que expertos alientan a las autoridades a promover una educación basada en fundamentos científicos y no por cuestiones de moral religiosa.
Injerencia fundamentalista en tiempos de crisis
Honduras se encuentra actualmente en una crisis politicosocial luego del veto de la ESI.
Por otra parte, los grupos fundamentalistas parecían estar desarticulados, pero el 19 de septiembre de 2024 presentaron la nueva iniciativa de “ley parental” en el Congreso Nacional con unas 15 mil firmas que les respaldan.
“Los grupos antiderechos, articulados con grupos de oposición política, se aprovechan del contexto político y social para arrebatarnos derechos adquiridos y polarizar la vulneración de derechos que atraviesan las juventudes y niñez que se encuentran en entornos de violencia sexual y de género”, expresó la directora de la organización Acción Joven, Jinna Rosales.
A pesar de lo urgente que es una ley integral para la prevención de violencia de género, estos grupos parecen estar más interesados en su propio bienestar, pues la cifras de niñas y adolescentes con embarazos no deseados corresponden a las poblaciones más empobrecidas.
Los grupos antiderechos se aprovechan del contexto político y social para arrebatarnos derechos adquiridos y polarizar la vulneración de derechos que atraviesan las juventudes y niñez que se encuentran en entornos de violencia sexual y de género.
Jinna Rosales, directora de la organización Acción Joven
Y lo que es peor, las niñas y niños en entornos marginalizados no cuentan con acceso a información objetiva, lo cual limita su derecho a decidir.
Encima de eso, un embarazo a temprana edad no solo impide una vida digna, sino que también provoca riesgo en la salud de la madre-niña, pues su cuerpo no está preparado para gestar. Es necesario agregar que su aspecto emocional no cuenta con la madurez para criar y no podemos dejar de lado la violencia económica diaria contra las mujeres que las obliga a trabajar por sueldos precarios e incluso migrar, lo que las hace más vulnerables.
En resumen, el Estado de Honduras tiene la obligación de discutir una ley que sea beneficiosa para las comunidades más afectadas. También debe dejar a un lado a los grupos religiosos, respetar la educación laica y promover el Estado de derecho para todos y todas.
