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Nueva Armenia bajo fuego: Comunidad Garífuna denuncia «terrorismo de Estado» tras ataque policial

"Terrorismo de Estado". Con estas palabras, la comunidad garífuna de Nueva Armenia, Atlántida describe el ataque policial del 6 de octubre, que dejó dos heridos graves. Denuncian la inacción de las autoridades ante la alerta temprana y la falta de respuesta a la agresión.
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«Terrorismo de Estado». Con estas palabras, la comunidad garífuna de Nueva Armenia, Atlántida describe el ataque policial del 6 de octubre, que dejó dos heridos graves. Denuncian la inacción de las autoridades ante la alerta temprana y la falta de respuesta a la agresión. 

Texto: Sandre Ruiz
Fotografías y vídeo cortesía de OFRANEH

Nueva Armenia, Atlántida – La comunidad Garífuna de Nueva Armenia, en Honduras, se encuentra en estado de alerta tras un violento ataque perpetrado por la Policía Nacional en la noche del 6 de octubre. Agentes policiales, incluyendo miembros de la Policía Preventiva y Tigres encapuchados, irrumpieron en una recuperación de tierras ancestrales y abrieron fuego contra los defensores de la comunidad, dejando dos personas gravemente heridas.

Este ataque, que se produce en un contexto de creciente despojo y violencia contra el pueblo Garífuna, ha generado una ola de indignación y condena por parte de organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales de Honduras.

Antes de que le dispararan a los defensores Garífunas

Un patrón de violencia y despojo

La agresión del 6 de octubre no es un hecho aislado. Desde hace años, la comunidad de Nueva Armenia enfrenta una sistemática violación de sus derechos territoriales por parte de empresas privadas, con la complicidad del Estado hondureño.

Según la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), el 70% de las tierras ancestrales de Nueva Armenia han sido invadidas por la palma africana. En este caso particular, la empresa Palmas de Atlántida, propiedad de familiares de Reynaldo Canales, ha sido señalada como responsable del despojo.

«Las tierras ancestrales de la comunidad garífuna de Nueva Armenia han sido desmembradas ilegalmente para beneficiar a narcotraficantes y empresarios», denunció OFRANEH. La organización ha documentado más de 24 inscripciones de tierras irregulares que han sido denunciadas ante la Fiscalía en La Ceiba, evidenciando un patrón de despojo que se repite en varias regiones del país.

La noche del ataque a la comunidad de Nueva Armenia

La tensión en Nueva Armenia se venía gestando desde la mañana del 6 de octubre, cuando la OFRANEH y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras alertaron sobre la movilización de al menos 10 vehículos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) hacia la comunidad.

Agentes de la DPI tomaron fotografías y videos de los comuneros, en un acto de intimidación que anticipaba la violencia que se desataría horas después. Hubo suficiente tiempo para que el Estado replicara una orden de protección y detuviera la violencia que luego se desató contra la comunidad garífuna.

Al caer la noche, la policía, acompañada de guardias de seguridad privada de Palmas de Atlántida, irrumpió en la recuperación de tierras y abrió fuego contra los defensores, hiriendo de gravedad a dos de ellos.

Juana Celestina Orzú, integrante de la comunidad, denunció que el tiroteo se produjo bajo el mando del inspector Espinosa, señalando la responsabilidad directa de la policía en el ataque.

Persecución

Ese mismo día, 6 de octubre, la OFRANEH denunció a través de sus redes sociales la presencia de elementos de la Policía Nacional en el hospital donde se encontraban recluidos los heridos de la comunidad Garífuna de Nueva Armenia.

Según la denuncia de OFRANEH, aproximadamente 15 policías militares estuvieron intentando ingresar al área donde se encuentran hospitalizados los heridos, además de amedrentar a las personas que les acompañaban.

El Estado de Honduras discrimina a la población Garífuna

Nueva Armenia, Honduras – 9 de octubre de 2024 – «Esta imagen es una de las imágenes más horribles en la historia de la lucha garífuna por la tierra, puro terrorismo de Estado». La comunidad de Nueva Armenia, aún conmocionada por el brutal ataque policial del pasado domingo, alza su voz para denunciar la violencia y la discriminación que sufre.

Dos garífunas fueron gravemente heridos.

«Ver esa corriente de sangre descendiendo desde un orificio de la espalda de uno de nuestros hermanos realmente no tiene nombre», expresan con dolor, mientras cuestionan la inacción de las autoridades ante las alertas tempranas emitidas por la comunidad. «Hubo suficiente tiempo para que evitaran este desenlace», reclaman.

La indignación crece al comparar la respuesta y acuerdo del gobierno el pasado 27 de septiembre ante las protestas de la Federación de Ganaderos de Olancho y Gracias a Dios, con la indiferencia que muestra hacia la comunidad Garífuna. Mientras que para los ganaderos se estableció una Comisión de Alto Nivel y se lograron «múltiples acuerdos» uno de ellos “tregua en los desalojo”, y para Nueva Armenia solo hay silencio y desprecio.

«¿Por qué no actúan así con la comunidad garífuna? ¿Por qué no arreglan esta situación?», se preguntan con rabia e impotencia. «La comunidad garífuna es una población totalmente desarmada. Nos sentimos indignados por este gesto de desprecio, de discriminación contra nuestra gente».

El ataque del 6 de octubre, donde dos defensores Garífunas resultaron gravemente heridos por disparos de la Policía Nacional, ha dejado una profunda herida en la comunidad. A la violencia física se suma la violencia del silencio, la violencia de la indiferencia, la violencia de un Estado que discrimina y que parece tener oídos sordos al clamor de justicia de un pueblo que solo busca defender un bien común, su tierra y su cultura.

Condena y llamado a la acción

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras condenó enérgicamente el ataque y la confabulación entre la Policía Nacional y la empresa Palmas de Atlántida. «Exigimos al Estado de Honduras que detenga las agresiones a las comunidades garífunas y la confabulación de las instituciones del Estado con las empresas privadas», declaró la organización.

Además agregó que tal como lo establece el Decreto 03-2024, con el cual se crea la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI), las sentencias mismas de la Corte IDH a ordena y garantiza la No Repetición de los hechos.

Cristosal, una organización de derechos humanos, también se pronunció sobre el hecho, condenando el uso desmedido de la fuerza y exigiendo justicia y respeto a los derechos del pueblo Garífuna.

«Instamos al Estado de Honduras a tomar medidas efectivas para proteger los derechos del pueblo garífuna, garantizando su seguridad y bienestar», declaró Cristosal.

Obligación del Estado

Es importante destacar que el Convenio 169 de la OIT establece la obligación del Estado de proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales, incluyendo el derecho a la seguridad, la integridad personal, la libertad de expresión, la consulta, la participación, la no discriminación y el acceso a la justicia. Las acciones de la Policía Nacional en este caso constituyen una violación grave de estos derechos y requieren una respuesta contundente por parte del Estado para garantizar la protección de la comunidad Garífuna y el respeto a sus derechos.

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