Oficialismo y oposición protagonizaron el martes un enfrentamiento durante el segundo debate de la controvertida Ley de Justicia Tributaria
Por Jairo Videa
Publicado originalmente en Coyuntura
Tegucigalpa, Honduras. La tensión en el Congreso de Honduras alcanzó una vez más un alto punto de confrontación política e institucional el martes 22 de octubre de 2024, durante el segundo debate de la controversial iniciativa de Ley de Justicia Tributaria, una propuesta impulsada por el gobierno de Xiomara Castro. El enfrentamiento entre diputados del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) y los de la oposición, especialmente del Partido Nacional de Honduras (PNH), dejó en evidencia las profundas divisiones que atraviesa el país centroamericano. Lo que debió ser una sesión ordinaria de debate se convirtió en un espectáculo de gritos, acusaciones y un conato de violencia entre las y los legisladores, quienes, con fotografías, pancartas y fólderes lograron aplazar el debate y la votación por segunda ocasión en menos de 10 días.
La sesión, convocada para las 03:00 p.m., no comenzó sino hasta las 05:30 p.m., momento en el que la bancada del PNH inició una insurrección legislativa para exigir la interpelación del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández. A medida que avanzaba la tarde, el Congreso se sumergió en el caos. Los diputados nacionalistas, liderados por Jorge Zelaya y José Tomás Zambrano, lanzaron consignas y silbidos, mientras intentaban presentar una moción de orden para la interpelación. Sin embargo, Octavio Morales, diputado suplente de Libre, intentó arrebatarle la moción a Zelaya en el hemiciclo, provocando un enfrentamiento verbal que casi llegó a los golpes, hasta que Morales abrazó a Jorge. La tensión por un momento pareció volver, hasta que Morales tocó con fuerza el hombro del diputado nacionalista, provocando más intercambio verbal y posteriores rizas de legisladores oficialistas.
La iniciativa de Ley de Justicia Tributaria, que busca cerrar brechas de evasión fiscal sin aumentar impuestos ni crear nuevos, según la administración de Castro, ha sido el principal foco de discordia. El presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, defendió el proyecto, asegurando que su propósito es reducir la inequidad tributaria y evitar que Honduras sea catalogada como un paraíso fiscal. No obstante, la oposición, encabezada por el PNH y algunos diputados liberales, ha mantenido una postura firme en contra, argumentando que la ley afecta a grandes patrimonios y empresas, lo que podría tener repercusiones negativas para la economía.
El descontento de la oposición no es nuevo. Desde el inicio de las discusiones sobre la Ley de Justicia Tributaria el pasado martes 15 de octubre del corriente año, los diputados nacionalistas recurrieron a un primer boicot y bloqueo para impedir que la iniciativa avanzara. En esa ocasión, los legisladores opositores interrumpieron el debate con gritos de «Libre nunca más», una consigna que ha resonado repetidamente en las sesiones.
Durante la sesión del martes, el ambiente se tornó aún más tenso cuando diputados de Libre, como Sergio Castellanos, comenzaron a usar orejeras para bloquear los ruidos de la oposición, lo que fue percibido como una provocación más, aunque hasta fue gracioso para otros. A esto se sumó el «tendedero» de fotos que presentaron los congresistas oficialistas, mostrando a miembros del Partido Nacional de Honduras que, según ellos, han estado involucrados en actos de corrupción. La respuesta de las y los nacionalistas, como siempre, fue inmediata y furiosa, alzando la voz en medio del hemiciclo con la consigna «no volverán».
Luis Redondo intentó calmar las aguas y recuperar el orden, pero el clima ya era incontrolable. Ante los gritos y acusaciones cruzadas, Redondo suspendió la sesión, reprogramándola para el miércoles 23 de octubre a las 03:00 p.m. Al finalizar, el presidente del Congreso reiteró su compromiso de continuar el debate y dar la palabra a la oposición, pero hasta «el jueves», aunque dejó claro su malestar por lo que consideró otro intento de boicotear el proceso legislativo «por el bien mayor».
La iniciativa de Ley de Justicia Tributaria ha generado un fuerte choque de ideologías en el Congreso y en la calle. Mientras que el oficialismo la presenta como una medida necesaria para reducir la evasión fiscal y asegurar mayores ingresos para el Estado, la oposición la ve como una amenaza para los sectores empresariales y las grandes fortunas, «que generan riqueza», aunque para algunos pocos. En medio de esta disputa, la posibilidad de llegar a un consenso parece cada vez más lejana.
Con el Congreso sumido en el caos y sin avances significativos en el debate, el futuro de la Ley de Justicia Tributaria es incierto.
Además de las disputas en torno a la legislación, la insistencia de la oposición en interpelar al jefe del Ejército y los reclamos al fiscal general de Honduras desde el Legislativo por la evidente inacción ante el «narcovideo» del exdiputado oficialista Carlos Zelaya —exsecretario del Congreso y cuñado de la presidenta hondureña—, tras una cadena nacional del Ministerio Público (MP) la noche del lunes 21 de octubre de 2024, reflejan una estrategia de presión política para poner al gobierno en una posición incómoda.
Este tipo de maniobras son vistas por analistas y funcionarios estatales como intentos de desacreditar la gestión de Xiomara Castro y de su partido, Libre, antes de las elecciones presidenciales de 2025. «Pero las razones para acusar y detener esas iniciativas sobran», dijo un legislador opositor este martes en Tegucigalpa.
Con el Congreso sumido en el caos y sin avances significativos en el debate, el futuro de la Ley de Justicia Tributaria es incierto. Lo que es claro es que las divisiones políticas en Honduras están lejos de sanar y el Congreso Nacional continuará siendo un campo de batalla entre el oficialismo y la oposición en los próximos meses, porque los diputados prefieren gritar o en el mejor de los casos leer, en horas laborales.
